El Gobierno ha aprobado un real decreto que regulariza a cerca de 800.000 personas migrantes que viven y trabajan en España sin pasar por el Parlamento. El juez Jaime Lozano cuestionó esta vía en Código 10, señalando que la medida plantea dudas sobre su legalidad y el respeto a la ley orgánica de extranjería.. «Es globalmente ilegal. De manera manifiesta a mi juicio», explicó Lozano, y añadió que el decreto está «yendo por la puerta de atrás» porque regula un permiso que no existe en la legislación vigente. «Establece la declaración responsable como forma de acreditación de los antecedentes penales… eso no es la forma de demostrar que no haya antecedentes penales», subrayó.. El magistrado advirtió que el decreto elimina «requisitos básicos que la ley exige», como contrato de trabajo, medios económicos o tiempo mínimo de residencia, y permite tramitar solicitudes incluso con órdenes de expulsión y de forma no presencial. «Se está haciendo por un real decreto, no por un real decreto ley… esto, a mi juicio, es globalmente ilegal», recalcó.. Lozano insistió en que la vía correcta habría sido modificar la ley o crear una disposición transitoria que autorizara la regularización. «Como no existen las mayorías necesarias y se ha considerado políticamente oportuno, se hace por decreto, pero carece de legalidad», afirmó, dejando claro que la medida excede las competencias del Ejecutivo.. El juez concluyó recordando que, aunque está a favor de regularizar a extranjeros que llevan tiempo en España, el procedimiento actual carece de garantías legales. «Había que hacerlo con una modificación de la ley orgánica porque establece un permiso que no exige ni contrato de trabajo, ni medios económicos, ni tiempo de residencia», sentenció, subrayando la polémica jurídica que rodea al decreto.
El magistrado critica el real decreto del Gobierno por no cumplir los requisitos de la ley de extranjería y advierte que podría ser impugnado ante el Tribunal Supremo.
El Gobierno ha aprobado un real decreto que regulariza a cerca de 800.000 personas migrantes que viven y trabajan en España sin pasar por el Parlamento. El juez Jaime Lozano cuestionó esta vía en Código 10, señalando que la medida plantea dudas sobre su legalidad y el respeto a la ley orgánica de extranjería.. «Es globalmente ilegal. De manera manifiesta a mi juicio», explicó Lozano, y añadió que el decreto está «yendo por la puerta de atrás» porque regula un permiso que no existe en la legislación vigente. «Establece la declaración responsable como forma de acreditación de los antecedentes penales… eso no es la forma de demostrar que no haya antecedentes penales», subrayó.. El magistrado advirtió que el decreto elimina «requisitos básicos que la ley exige», como contrato de trabajo, medios económicos o tiempo mínimo de residencia, y permite tramitar solicitudes incluso con órdenes de expulsión y de forma no presencial. «Se está haciendo por un real decreto, no por un real decreto ley… esto, a mi juicio, es globalmente ilegal», recalcó.. Lozano insistió en que la vía correcta habría sido modificar la ley o crear una disposición transitoria que autorizara la regularización. «Como no existen las mayorías necesarias y se ha considerado políticamente oportuno, se hace por decreto, pero carece de legalidad», afirmó, dejando claro que la medida excede las competencias del Ejecutivo.. El juez concluyó recordando que, aunque está a favor de regularizar a extranjeros que llevan tiempo en España, el procedimiento actual carece de garantías legales. «Había que hacerlo con una modificación de la ley orgánica porque establece un permiso que no exige ni contrato de trabajo, ni medios económicos, ni tiempo de residencia», sentenció, subrayando la polémica jurídica que rodea al decreto.
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