El 48% de los ciudadanos reclama el cese de la directora de la Guardia Civil y del DAO, y otro 37,8% pide que se les aparte de sus funciones hasta que termine la investigación abierta contra ellos Leer
El artículo primero de la Constitución expone que España «se constituye en un Estado social y democrático de Derecho». Y en el portal que el Congreso tiene para divulgar información sobre la Carta Magna se explica que el Estado de Derecho «se basa a su vez en una serie de principios», como el de «división de poderes». Sin embargo, el 69,4% de los ciudadanos cree que esto, hoy, no se respeta; que la separación entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial no es una realidad en España.Así se desprende del último sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, que se sustenta en 3.690 entrevistas realizadas entre el 6 y el 20 de julio. Las fechas no son baladíes: en ese tiempo se conoció la condena al hermano de Pedro Sánchez por prevaricación, que el portavoz del PSOE en el Congreso calificó de «auténtica barbaridad» y enmarcó en una «cacería» contra el presidente del Gobierno. El mismo término, «cacería política obscena», utilizó la secretaria de Organización socialista cuando la Audiencia de Madrid ratificó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a juicio con jurado.En el Gobierno insisten en afirmar que respetan la labor de la Justicia, aun criticando sus resoluciones. Pero, en este contexto, la mayoría de ciudadanos no cree que el poder judicial actúe de forma independiente. Tampoco los afines socialistas: el 61,3% de quienes cogieron la papeleta del PSOE en junio de 2023 no cree que se respete la separación de poderes, según el sondeo. Es una opinión que comparte el 63,8% de los votantes de Sumar y también, en mayor proporción, los simpatizantes de PP (77,2%) y Vox (87,5%).También se supo poco antes de que se condujera el sondeo la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) en el marco del caso Leire, que investiga presuntas maniobras realizadas para desactivar causas judiciales que afectan al PSOE. La existencia de esta trama, que de por sí puede haber influido en la confianza ciudadana en la separación de poderes, lleva a la mayoría a considerar que ambos altos cargos deberían ser apartados de sus puestos, al estar investigados por prevaricación y obstrucción a la Justicia. El 48% de los españoles opina que deberían ser cesados de sus funciones «de forma permanente» y otro 37,8% defiende que se les aparte «hasta que concluya la investigación».En contra del criterio del Gobierno, que mantiene su confianza en los imputados y no contempla su salida, el 28,7% de los votantes del PSOE cree que deberían ser apartados «de forma permanente» y otro 50% aboga por desplazarlos de sus funciones mientras estén investigados. Similar postura asumen los afines a Sumar, mientras que entre los electores de la derecha son más quienes reclaman un cese definitivo -69% de quienes votaron al PP y 78,3% de los que apostaron por Vox-. Solo el 8,4% de los españoles defiende que ambos dirigentes sigan en
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El 48% de los ciudadanos reclama el cese de la directora de la Guardia Civil y del DAO, y otro 37,8% pide que se les aparte de sus funciones hasta que termine la investigación abierta contra ellos Leer
