El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento diseñado para la protección de las víctimas de violencia de género y sexual. Así se desprende de un informe que ha publicado este miércoles tras haber fiscalizado los contratos para la prestación del servicio firmados por el Ministerio de Igualdad en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último, vigente hasta mayo de 2026). El organismo decidió supervisarlos después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria de 2024 de “múltiples fallos” en los dispositivos electrónicos.. Seguir leyendo
El organismo, que supervisó los contratos tras la alerta de la Fiscalía en su memoria de 2024, apunta que en 2023 hubo “interrupciones del servicio” y “errores de geolocalización”
Feed MRSS-S Noticias
El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento diseñado para la protección de las víctimas de violencia de género y sexual. Así se desprende de un informe que ha publicado este miércoles tras haber fiscalizado los contratos para la prestación del servicio firmados por el Ministerio de Igualdad en los ejercicios 2018, 2021 y 2023 (este último, vigente hasta mayo de 2026). El organismo decidió supervisarlos después de que la Fiscalía General del Estado alertara en su memoria de 2024 de “múltiples fallos” en los dispositivos electrónicos.. En el informe se indica que los contratos mencionados alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Asimismo, se ha analizado un contrato menor relacionado con el objeto de la fiscalización por importe de 12.706,21 euros. Este órgano señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un plan de transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, “imprescindible”, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario.. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente, por lo que hubo de procederse a la “oportuna” modificación contractual aprobada en julio de 2023. Según el Tribunal de Cuentas, la ausencia de dicho plan y el cambio de adjudicatario produjeron “deficiencias” que afectaron a la prestación del servicio. En concreto, expone que se presentaron “problemas” de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. “Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024, momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución”, apunta.. Igualmente, el órgano fiscalizador destaca en el informe que se produjeron “graves deficiencias” en la ejecución del contrato de 2023 “durante prácticamente toda su vigencia” que, “si bien han sido resueltas, comprometieron su efectividad durante una parte del periodo fiscalizado”. “Los fallos principales afectaron a la fiabilidad de los dispositivos, interrupciones del servicio, errores de geolocalización que permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas, baterías deficientes (con baja autonomía), retrasos en las reparaciones”, argumenta. Del mismo modo, indica que, en noviembre de 2025, el Ministerio de Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que “corroboró las vulnerabilidades críticas detectadas en los dispositivos”.. Por esta razón, el tribunal considera que en este tipo de contratos “debe primar sobre todo la calidad en la prestación del servicio por encima del ahorro de costes”. Además, señala que “resulta imprescindible” asegurar en las fases de preparación del contrato la utilización “de la mejor tecnología disponible que minimice hasta el extremo la posibilidad de que los agresores ejerzan cualquier tipo de violencia sobre las víctimas”.. Finalmente, recuerda que el sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas por la autoridad judicial en los casos de violencia de género y violencia sexual es un sistema que permite verificar de manera constante que dichas medidas de alejamiento se cumplen, ya sea como medida cautelar, pena, condición para la suspensión de penas privativas de libertad o dentro de la libertad vigilada, según lo determine la autoridad judicial competente. También añade que sus fines principales son garantizar de manera efectiva el derecho de la víctima a su seguridad, prevenir nuevas agresiones disuadiendo a los agresores, y asegurar el registro de cualquier quebrantamiento de las medidas judiciales, con información continua y actualizada.. En lo que va de año, 38mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.379mujeres.. El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
