Los sindicatos denuncian que la cifra posiblemente sea superior y, además, se une a unas condiciones precarias en el sector Leer
Los sindicatos denuncian que la cifra posiblemente sea superior y, además, se une a unas condiciones precarias en el sector Leer
Audio generado con IA. Tras un verano en el que los incendios forestales volvieron a arrasar España -275.209 hectáreas quemadas hasta el 20 de septiembre, la mayor superficie en este periodo en 10 años-, el 1 de noviembre finalizó la actividad de miles de bomberos forestales de todo el país. El fin de la campaña estival supone también el fin de sus contratos y, según cálculos de a Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), en torno a 2.000 personas se quedan ahora en el paro o acuden a otros puestos hasta que vuelvan a abrirse sus plazas. Pero no todos volverán, una de las consecuencias de esta precariedad, que también repercute en las labores de prevención que se realizan en invierno.. «Esta cifra, con toda certeza, es bastante superior dada la disparidad de organismos y de acuerdos y cesiones de efectivos entre las administraciones central, autonómica y local», explica CSIF en un comunicado. «En definitiva, constatamos que los efectivos y dispositivos contra incendios forestales vuelven a reducir al mínimo sus operativos, una práctica habitual que se repite cada año, pese al cambio climático que provoca que los incendios forestales en la Península ya no sean exclusivos de la época estival», inciden.. A la extendida práctica de los contratos fijos discontinuos se unen condiciones precarias -bases de operaciones que carecen de agua y luz, material defectuoso o caducado o trabajadores a los que no se les reconoce la categoría profesional o la peligrosidad- e incluso plantillas inactivas -a pesar de que haya cambiado la condición laboral- por la ausencia de planes de prevención en determinadas comunidades.. Según denuncia CSIF, los casos «más flagrantes» son «Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la empresa pública TRAGSA encargada de la gestión de los Parques Naturales». En Andalucía, por ejemplo, la campaña de alto riesgo finalizó el 15 de octubre y el sindicato estima que la plantilla del Plan de Emergencia de Incendios Forestales en Andalucía (INFOCA) se reducirá en un 40%, lo que se suma «a las carencias de personal detectadas este verano». Mientras, en Castilla y León detectan «un operativo de incendios forestales lastrado por plantillas insuficientes, jornadas extenuantes, guardias impuestas de un día para otro y cambios de calendario sin planificación ni previsión» y en Castilla-La Mancha, «cerca de 700 trabajadores continúan en situación de temporalidad» con contratos «de apenas 103 días».. Por otro lado, los bomberos forestales públicos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, todavía son fijos discontinuos, con funciones de vigilancia y extinción, según relata a EL MUNDO Alfonso Ferrero, responsable de CSIF en Seguridad y Emergencias ASEM-112 y bombero de esta Comunidad. «No se les aprovecha para labores de prevención de incendios forestales ni para contingencias en el Medio natural y rural», incide, porque a primeros de noviembre el personal empieza a ser dado de baja en la seguridad social de forma escalonada. «Hablamos de 210 plazas de empleo público de la Comunidad de Madrid que se van al Sepe o a trabajos precarios para sobrevivir durante el invierno, para llegar al siguiente periodo estival», lamenta.. Es, de hecho, el caso del propio Ferrero, que al terminar la campaña trabaja conductor de parque móvil de la Comunidad de Madrid. Con todo, denuncia que «lo más sangrante» es que durante la campaña, en extinción de incendios no se contrató ni al 50% de las 124 plazas, «lo que ha dejado camiones forestales en los Parques de Bomberos sin salir a los municipios madrileños por falta de personal».. «Es triste que no se den las condiciones laborales y los derechos laborales adecuados a esta categoría, a estas funciones y a los profesionales que extinguimos incendios forestales año tras año», continúa Ferrero. El colectivo comenzó su lucha por la categoría profesional hace más de una década y ahora que por fin tiene su ley, no todas las comunidades la aplican.. «A nivel humano y personal, se ve en la dejadez de la plantilla», insiste el bombero. «Cada vez somos menos, cada vez hay más abandono profesional», explica, porque «al no tener un reconocimiento profesional, laboral y de derechos, al final la gente lo va abandonando y lo va dejando». «Es frustrante y denigrante», se queja Ferrero.
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