Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Consumo —en manos de Alberto Garzón— consiguió la capacidad sancionadora que hasta entonces tenían solo las comunidades. A diferencia de otras decisiones polémicas, esa medida pasó desapercibida, pero los frutos los está recogiendo el nuevo ministro, Pablo Bustinduy (Madrid, 41 años): hace unos días, su ministerio sancionó con 179 millones de euros a varias aerolíneas por abusos como cobrar el equipaje de mano, una iniciativa pionera en Europa. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 —que cumple un año en el cargo— investiga ya otros sectores, como las falsas rebajas en el comercio electrónico, la venta de entradas para espectáculos y la vivienda, donde promete mano dura: “Vamos a perseguir negocios basados en la vulneración de los consumidores”.. Seguir leyendo
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige acaba de sancionar con una multa pionera a las aerolíneas por sus prácticas abusivas
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Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Consumo —en manos de Alberto Garzón— consiguió la capacidad sancionadora que hasta entonces tenían solo las comunidades. A diferencia de otras decisiones polémicas, esa medida pasó desapercibida, pero los frutos los está recogiendo el nuevo ministro, Pablo Bustinduy (Madrid, 41 años): hace unos días, su ministerio sancionó con 179 millones de euros a varias aerolíneas por abusos como cobrar el equipaje de mano, una iniciativa pionera en Europa. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 —que cumple un año en el cargo— investiga ya otros sectores, como las falsas rebajas en el comercio electrónico, la venta de entradas para espectáculos y la vivienda, donde promete mano dura: “Vamos a perseguir negocios basados en la vulneración de los consumidores”.. Pregunta. El área de consumo se ha integrado en otro ministerio, pero usted cada vez habla más de ella.. Respuesta. La integración de Consumo en Derechos Sociales responde a una hipótesis política que eleva su estatus: considera que los derechos de las personas consumidoras son derechos sociales y tienen que ser defendidos. La democracia tiene que llegar a las relaciones económicas. El refuerzo de la protección social va de la mano con la defensa de los derechos de los consumidores.. P. En esta legislatura, el ministerio ha empezado por primera vez a multar, como a las aerolíneas.. R. Es una sanción histórica por su cuantía, casi 179 millones, como por su objeto: no es solo el equipaje en cabina, sino también el cobro por la selección de asientos para sentarse al lado de niños o dependientes, opacidad en los precios, cobro por las reimpresiones de tarjetas de embarque… Prácticas abusivas e ilegales. En España ninguna empresa está por encima de la ley y no puede haber ningún modelo de negocio basado en prácticas abusivas. Las empresas tienen derecho a recurrir, pero los hechos contradicen sus argumentos: desde que empezaron a aplicar estas prácticas, han ganado unas cantidades estratosféricas de dinero, y el precio de los billetes ha subido un 64% en los dos últimos años, el doble que la media global. Han construido un modelo de negocio sobre prácticas ilegales y ahora amenazan con subirle todavía más los precios al consumidor: les sugiero que ajusten sus márgenes de beneficio. España es el primer país que ha concluido una sanción como esta.. P. También se ha iniciado una investigación sobre los pisos turísticos sin licencia.. R. Estamos investigando prácticas abusivas en el mercado de la vivienda y el principio es el mismo: no se puede hacer negocio a costa de la vulneración de los derechos de los consumidores. Estamos investigando tanto los pisos turísticos sin licencia como las grandes inmobiliarias, que cobran honorarios por alquilar un piso [algo prohibido], por fianzas desproporcionadas y por el fraude en la utilización de contratos de temporada. El negocio de los pisos turísticos está constituido sobre prácticas que pueden ser ilegales o abusivas.. P. Las agencias dicen que el número de denuncias de los inquilinos es anecdótico. ¿No será porque no tienen canales para hacerlo? ¿Hay datos?. R. Hay una sensación generalizada de desprotección de la ciudadanía ante muchas de las prácticas abusivas en el mercado del alquiler. El Sindicato de Inquilinas y [la asociación de consumidores] Cecu han puesto en marcha mecanismos de denuncia. Las autoridades de consumo autonómicas deberían estar implicadas. El Ministerio de Consumo puede intervenir solo en los ámbitos en los que haya una situación de fraude o abusiva que afecte a varias comunidades o al mercado digital. Pero vamos a actuar con total contundencia cada vez que haya una vulneración de los derechos de los consumidores. Tras las aerolíneas, en la vivienda vamos a perseguir cualquier modelo de negocio basado en la vulneración de los consumidores.. P. ¿Qué otros sectores se están investigando?. R. Hay una campaña abierta sobre las falsas rebajas en el comercio electrónico y otra sobre publicidad encubierta de influencers en entornos digitales. Hemos emitido una circular informativa que dará lugar a actuaciones por el cobro de cargos y comisiones irregulares en la venta de entradas para conciertos o espectáculos. Y tenemos actuaciones en curso sobre prácticas de ecopostureo.. P. Han aprobado un decreto para prohibir la subida abusiva de precios en aplicaciones como Uber o Cabify en caso de catástrofe. ¿No se podría prohibir en general?. R. Sí, debería ser una materia objeto de regulación. Es complejo por la normativa comunitaria, pero es evidente que estos sistemas han dado lugar a situaciones de abuso. El decreto tiene que ver con impedir que, en una emergencia, haya sistemas automatizados que aprovechen esa situación de riesgo de vulnerabilidad para inflar artificialmente beneficios. Todo el sector de la economía digital requiere una regulación y una intervención democrática profunda.. Pablo Bustinduy, este jueves en su despacho durante la entrevista. Claudio Álvarez. P. ¿Y el de la vivienda? Los precios, en general, están disparados.. R. Hay que intervenir el mercado de la vivienda, se ha convertido en un factor de riesgo de exclusión o de pobreza para las mayorías trabajadoras en las ciudades españolas. La vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza. Todo el esfuerzo que el Gobierno lleva seis años realizando para redistribuir la riqueza la está absorbiendo un mercado regido por la especulación y por el rentismo, un mercado que no crea valor, que solo lo extrae. Hay que aplicar la ley de vivienda, topar los precios de los alquileres y prohibir la compra especulativa en zonas tensionadas. Y perseguir negocios basados en prácticas abusivas. Hay que intervenir políticamente el mercado de la vivienda y el momento de hacerlo son los Presupuestos Generales del Estado. La alternativa a la ultraderecha es el Estado social y unos presupuestos que intervengan el mercado de la vivienda y que ataquen la pobreza y la desigualdad.. P. Entonces, ¿confía en que el Gobierno apruebe los presupuestos de 2025?. R. Creo que va a haber presupuestos y que van a ser unos presupuestos sociales. Tienen que abordar el problema de la vivienda y la ampliación de los derechos sociales y del Estado del Bienestar. Nosotros planteamos una prestación universal por crianza para luchar contra la pobreza infantil, la remuneración de los permisos parentales, de cuidados, la ampliación del gasto en dependencia. La aprobación de la reforma fiscal la semana pasada allana el camino. Es una legislatura con una mayoría parlamentaria compleja. Pero con un importante esfuerzo de diálogo y negociación nos vamos encaminando hacia ese objetivo.. P. ¿Definiría como descafeinado el paquete fiscal aprobado? Muchas propuestas se han caído.. R. Lo defino como positivo. En unas condiciones extraordinariamente complejas se consiguió alcanzar un acuerdo que avanza en la buena dirección. Es evidente que para nosotros es un avance limitado. Es necesario avanzar en la senda de una fiscalidad más progresiva y ambiciosa. Muchas de las propuestas que hemos planteado no han salido, como la fiscalidad de los pisos turísticos, de las socimis, seguros sanitarios privados, educación privada, bienes suntuarios, fiscalidad verde. Pero es un paso en la buena dirección, y creo que da margen fiscal suficiente para plantear unos presupuestos ambiciosos en materia social.. P. ¿Alguna de esas medidas que echa en falta se pueden incluir en la negociación de los presupuestos?. R. La reforma fiscal no es el final de un proceso, sino una etapa. Ni siquiera es una cuestión ideológica o política. Lo hemos visto con la dana y lo vamos a seguir viendo. Europa afronta enormes retos de transición digital, tecnológica, verde, y hacen falta recursos públicos que derivan de la capacidad tributaria e impositiva.. P. ¿Qué medidas fiscales son prioritarias para Sumar?. R. Varias. Pero para mí, por lo que me compete y en que estoy trabajando, la fiscalidad de los pisos turísticos. Creo que es de sentido común. Entre otras cosas, porque introduce un elemento de competencia desleal. ¿Cómo es posible que los hoteles que ofrecen una serie de servicios paguen un IVA del 21% y los pisos turísticos no? Es una cuestión que más pronto que tarde se va a acabar incorporando.. P. Hay pendiente una ley de consumo sostenible que va a prohibir el greenwashing. ¿Cómo va?. R. Está en elaboración. Es muy ambiciosa. Busca fijar las condiciones desde el punto de vista no solo del consumo, sino de la producción y la distribución. La transición ecológica no puede depender de una serie de responsabilidades individuales de los consumidores. Una parte importante es la trasposición de tres grandes directivas europeas. Confío en el próximo año completemos su tramitación.. R. Repsol anuncia combustible renovable, pero no sabemos qué usa. ¿Es greenwashing?. R. Es un caso que está judicializado. Por ello, sobre la causa particular debo ser prudente. Sobre la situación general, ya con la normativa que tenemos, es ilegal e ilícito recurrir a falsas afirmaciones sobre el carácter ecológico y sostenible de bienes o servicios para intentar obtener beneficios económicos. De hecho, el ministerio lo va a sancionar.. P. ¿Se va a aprobar el decreto para regular la publicidad de alimentos insanos para niños?. R. Antes está la elaboración del real decreto de comedores escolares, cuyo texto ya está listo. Busca garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una alimentación sana y equilibrada para todos los niños y niñas. No puede depender del barrio en el que se vive. A continuación, mi intención es retomar el esfuerzo regulatorio de la publicidad de alimentos insanos dirigidos al público infantil. El modelo de la autorregulación de la industria no ha funcionado. Hay un amplio consenso científico y de la sociedad civil.. P. Consumo investigó la publicidad encubierta de los influencers. ¿Se sigue haciendo? ¿Habrá sanciones?. R. Hicimos una primera acción coordinada a nivel europeo y descubrimos que un alto porcentaje estaba incumpliendo la normativa. Al ser una iniciativa pionera en un sector en formación, tuvo carácter informativo. Nos dirigimos a estas figuras recordándoles la normativa vigente y su responsabilidad. Ahora estamos monitoreando y las siguientes intervenciones sí serán en clave sancionadora.. P. El Supremo tumbó parte de la regulación de la publicidad del juego. ¿Cómo van a recuperarla?. R. Tumbó la parte que tenía que ver con la publicidad en redes sociales, la utilización de famosos y los bonos de bienvenida, dirigidos especialmente al público juvenil. La vamos a recuperar y vamos a ir un poco más allá incluyendo, por ejemplo, la primera regulación sobre las loot boxes[cajas sorpresa que se venden en los juegos]. Sí ha habido una recuperación de prácticas [publicitarias] prohibidas. Por eso es urgente que cuanto antes la recuperemos con en el rango normativo que nos indicó el Supremo [como ley].. P. Los resultados de Sumar en las últimas elecciones autonómicas y europeas no han sido los esperados. Después, estalló el escándalo de Errejón. ¿Cómo afecta todo eso a la marca y al proyecto político?. R. Lo esencial tiene que ver con los resultados que consigamos. No digo los electorales. La gente que nos votó y, en general, la gente de izquierdas en este país quiere ver resultados, mejoras, conquistas sociales. En la medida en que en los Presupuestos consigamos dar esos pasos, resintonizaremos con una parte importante de la gente que puede estar desmovilizada o desafectada.. P. ¿Su formación ha asumido las responsabilidades suficientes en el caso Errejón?. R. Creo que los efectos políticos fueron inmediatos y que el compromiso más importante que se adquirió y que hay que mantener es crear todas las herramientas necesarias para impedir que esto vuelva a suceder.