El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley Universitaria para Andalucía -conocida como LUPA-, una norma que desde que comenzó su tramitación en 2024 ha contado con la desconfianza, primero, y el rechazo actual de los rectores de las universidades públicas, de los sindicatos y del alumnado que critican que la norma supone una “injerencia” en la autonomía universitaria y advierten de que bordea la inconstitucionalidad. La ley, que ha salido adelante únicamente con el voto del PP (que tiene mayoría absoluta), suma un hito en el desencuentro de las universidades públicas con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, muy enquistado por el incumplimiento de la administración en materia de financiación.. Seguir leyendo
La norma impone la figura del interventor y da a la Junta control sobre la contratación laboral, medidas que han causado malestar cuando la financiación no se ha resuelto
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El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles la Ley Universitaria para Andalucía -conocida como LUPA-, una norma que desde que comenzó su tramitación en 2024 ha contado con la desconfianza, primero, y el rechazo actual de los rectores de las universidades públicas, de los sindicatos y del alumnado que critican que la norma supone una “injerencia” en la autonomía universitaria y advierten de que bordea la inconstitucionalidad. La ley, que ha salido adelante únicamente con el voto del PP (que tiene mayoría absoluta), suma un hito en el desencuentro de las universidades públicas con el Gobierno de Juan Manuel Moreno, muy enquistado por el incumplimiento de la administración en materia de financiación.. En el debate parlamentario, todos los partidos de la oposición han llamado la atención sobre esa merma de la autonomía universitaria y, en el caso de las formaciones de izquierdas, han advertido del espaldarazo que supone la norma a la privatización de la educación superior en Andalucía, que ha crecido exponencialmente desde que Juan Manuel Moreno llegó a la Junta, en 2019. Entonces solo existía una y ahora, hay cinco en total ―las últimas cuatro autorizadas en un plazo de 10 meses―. “Es una pieza más en la privatización y mercantilización del sistema universitario”, ha sostenido José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, que ha advertido de que la ley es “injusta y peligrosa”. El mismo calificativo que ha utilizado Vox, en las antípodas de esa coalición andalucista, para señalar que “al debilitar la autonomía” la LUPA supondrá un “instrumento para intervenir y dirigir la universidad”, cuando gobierne la izquierda.. Por Andalucía y los socialistas andaluces también han llamado la atención sobre la falta de garantías del sistema de financiación que “es un lastre para la competitividad” de las públicas, según ha enfatizado la portavoz del equivalente a Sumar en la comunidad, Esperanza Gómez. El portavoz del PSOE-A, Antonio Ruiz, ha destacado que la nueva ley “consolida el cambio en el sistema universitario andaluz”.. El consejero de Universidad, José Carlos Villamandos, que fue rector de la Universidad de Córdoba, ha negado la mayor y ha defendido que la nueva ley “da estabilidad al sistema universitario andaluz, especialmente al público”, ha asegurado que las universidades “ganan en autonomía” y les ha pedido que apoyen el desarrollo parlamentario de a LUPA y que la “aprovechen para ganar en competitividad”.. El Ejecutivo autónomo decidió tramitar por la vía de urgencia una ley ―que sustituye a la de 2013―, que contempla un sistema de financiación común revisable cada cinco años, que se sustenta en el actual modelo acordado por unanimidad con los rectores ―pero que la Junta no termina de cumplir, como han denunciado los responsables universitarios―. También incluye “el control de legalidad” por parte de la Junta de la relación de puestos de trabajo y las ofertas de empleo público; la estabilización del personal docente, limitando la figura del profesor sustituto interino, cuyo contrato no podrá durar más de dos años y será supervisado por la Consejería de Universidades; o la creación de figuras profesionales en el profesorado, además de la figura del interventor, que se encargará del control económico interno de los centros universitarios. Esta batería de nuevas regulaciones se ha convertido en uno de los principales focos de controversia para los rectores de las universidades públicas, que aglutinan al mayor número de estudiantes universitarios de España.. La LUPA ahonda en la internacionalización que entronca con la obligación a partir de 2030 de acreditar el grado B2 de un idioma extranjero para la obtención de un título universitario o para acceder a las categorías de ayudante doctor o contratado doctor. También recoge el derecho de los alumnos a acceder al sistema de bonificación de los precios de matrículas universitarias, la suspensión temporal de estudios, la necesidad de conciliar actividades académicas y deportivas y la desconexión digital. Y establece el impulso de programas para facilitar el acceso a vivienda y residencias universitarias.. La norma reconoce los títulos propios de las universidades y las microcredenciales y propone a las entidades reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas de estudio y un 5% a planes propios de investigación. En cuanto al control de las universidades privadas, la ley exige que los promotores y gestores dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.. Difiere del borrador. Los rectores de las universidades públicas andaluzas se han mostrado muy duros con una norma cuyo texto final “difiere en aspectos sustantivos” del borrador que se consensuó con el Gobierno autónomo en 2024, tal y como dejó claro el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y rector de la Pablo de Olavide de Sevilla, Paco Oliva, durante su intervención a finales del año pasado en la comisión parlamentaria para abordar el proyecto de ley de la LUPA. Un argumento que han reiterado los estudiantes en un comunicado difundido por la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), y que también comparten los agentes sociales, que también dieron el visto bueno a la redacción inicial.. -El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, este miércoles. Jose Manuel Vidal (EFE). En su comparecencia, Oliva advirtió de que la nueva norma invade “la autonomía universitaria consagrada en la Constitución”. Los rectores destacan como ejemplo de esa “injerencia injustificada” la introducción de un mecanismo por el que la Consejería de Universidades debe aprobar la relación de puestos de trabajo del Personal Docente Investigador (PDI) y del de administración y servicios (PTGAS); la supervisión semestral por parte de la administración de la contratación de los profesores sustitutos o la creación de figuras contractuales no previstas en la ley universitaria estatal (LOSU, 2023).. Los sindicatos también han cuestionado los nuevos tipos de profesorado, cuya regulación, advierten, corresponde al Estado y llaman la atención sobre cómo los cambios en la redacción “afectarán gravemente al sistema público de educación superior en Andalucía”.. Sin duda, la creación del interventor es uno de los elementos que más han enervado a los rectores. Oliva recordó que esa figura en la redacción inicial se presentó como algo facultativo y recuerda que las universidades públicas son las instituciones “más vigiladas y fiscalizadas”. Otros recortes consultados inciden en que en sus propias entidades tienen controles internos y se someten a auditorías propias.. Los estudiantes también han hecho hincapié, en su comunicado, en el interventor o en la aprobación previa por parte de la Junta de la relación de puestos de trabajo. “La ley incorpora mecanismos de intervención e injerencia de la administración autonómica en ámbitos propios de la gobernanza universitaria, afectando a la organización interna, la gestión del personal y la toma de decisiones”.. Financiación sin garantías. La financiación sigue siendo, sin embargo, el principal factor que genera desconfianza entre los rectores, porque el sistema no les genera garantías de que se cumpla. La mayoría de ellos han rechazado el segundo reparto del presupuesto universitario de 2025, por entender que el Gobierno de Moreno no ha cumplido los compromisos suscritos en 2023. A finales de 2025, a través de la AUPA se advirtió que la distribución era “claramente insuficiente” y que en la partida de 1.775 millones de euros, no se han incorporado los 16 millones que el presidente comprometió en la apertura del curso académico.. “La LUPA no incorpora ninguna garantía financiera que asegure su sostenimiento”, subrayó Oliva en su comparecencia parlamentaria durante la tramitación de la ley, para cuestionar que la norma imponga la obligación de captar el 25% de financiación externa “sin un marco estable, suficiente y realista que permita planificar los presupuestos plurianuales”.. En este escenario, la competencia con las universidades privadas, en un contexto que los rectores de las entidades públicas consideran desleal, también se ha puesto de relieve. La AUPA exigió la eliminación de cualquier subvención directa o indirecta para las privadas, incluidas las becas, y que los centros universitarios de nueva creación se adapten al nuevo sistema desde que empiecen a operar, sin contar con un año de margen.. En este punto, durante el debate parlamentario, Por Andalucía ha cuestionado que en el nuevo órgano de representación del sistema universitario andaluz, el CACU (Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria), estén representados todos los rectores de todas las universidades. Ha cuestionado el “sobredimensionamiento” de la representación de las últimas, porque “sus fines y su función no es la de promoción del conocimiento”. El PSOE también ha cuestionado el “doble rasero” de la norma en cuanto a exigencias de transparencia y esfuerzo investigador entre las públicas y las privadas.
