El juez del Tribunal Nacional considera a la entidad responsable de delitos que incluyen soborno y 52 cargos de descubrir y divulgar secretos
El juez del Tribunal Nacional considera a la entidad responsable de delitos que incluyen soborno y 52 cargos de descubrir y divulgar secretos
El momento de que BBVA se siente en el banquillo de los acusados está cada vez más cerca. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña emitió ayer el auto de apertura de juicio oral para la entidad, que se convertirá en la primera empresa del Ibex 35 juzgada por su papel en el ‘caso Villarejo’. También su ex presidente Francisco González; el ex consejero delegado Ángel Cano y varios cargos directivos antiguos del grupo financiero se enfrentarán a un proceso que prorroga la sombra del espionaje y las actividades ilegales que pesan sobre el banco desde el origen de la causa. El magistrado se basa en los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares y envía a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.En el caso de Francisco González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Además, el auto establece una fianza de 1,73 millones de euros para las responsabilidades civiles, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no la deposite en el plazo de 3 días. Junto a González, se sentarán en el banquillo el ex consejero delegado del banco Ángel Cano y el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari. Asimismo, el juez envía a juicio al que fuera comisario de policía y ex jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano; a Eduardo Arbizu, el que fuera jefe de los servicios jurídicos de la entidad durante 20 años; a Antonio Béjar, ex director de Riesgos del banco; a José Manuel García Crespo, antiguo responsable jurídico del grupo, y a Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos de BBVA durante una época.Tras conocerse el auto, la entidad defendió ayer que «de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal» para el banco. Otra cosa es el impacto reputacional que persigue al grupo desde el inicio de las investigaciones. En el auto de instrucción emitido en 2024, el juez Manuel García-Castellón ya subrayó la importancia de que una compañía como BBVA estuviera imputada, por su naturaleza de gran entidad financiera, cotizada en bolsa y bajo un mercado regulado. «Ello es de importancia desde la perspectiva del respeto a las normas y su implantación en la organización o estructura empresarial en cuanto, con anterioridad a la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya existía normativa de obligado cumplimiento tendente al buen gobierno corporativo. Ahora bien, tal y como se expone con precisión en la multitud de ejemplos obrantes en el escrito del Ministerio fiscal, la Presidencia Ejecutiva y los Altos Directivos no cumplían, o no respetaban, tales Códigos, lo que dio pie al paso de la cultura del cumplimiento a la cultura de la obediencia cuando las indicaciones venían desde tales Actualidad Económica // elmundo
