El Gobierno ha tenido que abonar ya la compensación a la empresa nipona por el cambio regulatorio de 2013 que mermó la rentabilidad de las energías limpias Leer
El Gobierno ha tenido que abonar ya la compensación a la empresa nipona por el cambio regulatorio de 2013 que mermó la rentabilidad de las energías limpias Leer
España ha asumido por primera vez el pago de una indemnización a un inversor privado por el recorte de las primas a las renovables hace más de una década. El Estado ha abonado a la japonesa JGC una compensación de 23,5 millones de euros, cumpliendo con el laudo en contra que emitió en 2021 el Ciadi, la corte arbitral del Banco Mundial.. El Gobierno mantiene desde hace años una dura batalla judicial para sortear el pago de indemnizaciones a los inversores que sufrieron la rebaja de ayudas a las energías limpias que la Administración de Mariano Rajoy aprobó en el año 2013 para contener el déficit del sistema eléctrico. Las empresas afectadas acudieron en masa a los tribunales arbitrales y llegaron a reclamar a España más de 10.600 millones. A día de hoy, pocos de estos procesos arbitrales siguen en manos de los inversores verdes, pues la mayoría han vendido los derechos de cobro a «fondos buitre».. Es el caso del laudo por el recorte a JGC, que está en manos del fondo Blasket Renewable Investment, uno de los principales propietarios de los derechos de cobro que se le exigen a España en esta cruzada.. En la actualidad, de los 51 arbitrajes presentados, 43 se han fallado. De ellos, el Gobierno ha ganado diez, otros tres se han anulado -si bien uno se ha vuelto a presentar-, y hay tres demandantes que han desistido. Existen, por tanto, 27 laudos desfavorables al país que reconocen algún tipo de indemnización a inversores privados.. «España afronta la defensa frente a estos minoritarios arbitrajes extra-UE con todas las estrategias jurídicas a su alcance, agotando todas las vías de defensa, pero con menos argumentos jurídicos, al no poder invocar el derecho de la UE», explican a este medio fuentes oficiales del Ministerio de Transición Ecológica. Y es que el Gobierno quiere evitar a toda costa el pago de indemnizaciones, en parte y según fuentes jurídicas, para evitar un «efecto llamada» que podría llevar a plantear arbitrajes a inversores que no pleitearon en su momento.. La mayoría de los arbitrajes contra España, por la rebaja de la rentabilidad comprometida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la inmensa mayoría de las instalaciones renovables, los abrieron inversores de la Unión Europea. Esto juega a favor de España. En su primera investigación sobre uno de los laudos europeos, el del fondo francés Antin, que impuso a España una compensación de 101 millones de euros; la Comisión Europea dictaminó que abonar dicha indemnización sería considerado una «ayuda de Estado ilegal». Según fuentes del Ministerio, esa decisión «es trasladable al resto de casos intraeuropeos», aunque matizan que aún se desconoce cómo se planteará.. El Gobierno ha solicitado ya la anulación de todos los laudos que reconocieron indemnizaciones a inversores procedentes de algún Estado miembro, pues entiende que «no cabe el arbitraje intraeuropeo al amparo del Tratado de la Carta de la Energía por ser contrario al derecho de la UE». Este acuerdo internacional lo firmaron medio centenar de países en 1998 e incluye medidas de protección a las inversiones foráneas en materia de energía. El tratado fue ideado para dar seguridad a los inversores, pero la Unión Europea en bloque decidió retirarse del acuerdo, en junio de 2024, al entender que podría comprometer sus objetivos medioambientales con demandas millonarias para proteger los intereses de la industria de los combustibles fósiles.. España no puede jugar la baza de la ayuda de estado ilegal en los laudos ajenos al paraguas comunitario. Es el caso del proceso iniciado por la compañía japonesa. La información que maneja el Gobierno es que solo el 5% de los arbitrajes corresponden a inversores de fuera de la UE. Desde el Ministerio reivindican que España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado en un principio por los inversores internacionales. Si bien, todavía hay 1.514 millones de euros en indemnizaciones ya reconocidas y otros 1.291 millones en reclamaciones pendientes de resolución.
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