Proyecta avances limitados en los principales indicadores de integración y reconoce que persistirán importantes brechas sociales al final de la década Leer
Audio generado con IATras las numerosas escenas de confusión que ha dejado el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, el Gobierno encara ahora la fase de marcar y evaluar los objetivos de integración que pretende alcanzar para el año 2030. Y todo ello tras ser señalado por lo que muchos han descrito como un trámite improvisado y que se clausuró con un volumen de solicitudes que ascendió a 1.174.978, el doble de lo previsto.Ahora, tras la avalancha de registros, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha publicado el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 con el que fija diez objetivos medibles para así evaluar la integración de la población extranjera en ámbitos como el empleo, la educación o la vivienda.71 páginas entre las que, analizando esas diez metas que el propio Ejecutivo pretende cumplir, destaca la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE). El plan prevé que, de cara al cambio de lustro, el 41,9% de los inmigrantes va a seguir en esta situación, rebajando tan solo 1,7 puntos respecto al 2024. El propio Gobierno asume de esta manera que, incluso cumpliéndose las metas que propone la cartera liderada por Elma Saiz, más de cuatro de cada diez inmigrantes seguirán en situación de vulnerabilidad.Además de esto, se proyecta una mínima mejora en el dominio del castellano al estimar que la población extranjera con un nivel alto o intermedio, pasará del43% al 46%. Una cifra que, mirando más allá del propio dato, refleja que la propia meta marcada por el Gobierno continuará nueve puntos por debajo de la media europea, que alcanza el 55%.El plan del Gobierno de Pedro Sánchez parte de un diagnóstico marcadamente favorable de la inmigración. Desde el Ministerio sostienen que España debe afrontar el incremento de la población extranjera, no como una amenaza o algo desestabilizador, sino como una oportunidad para el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. «La inmigración es clave para mantener una economía dinámica y abierta a la innovación», afirma el informe, que también atribuye a la llegada de trabajadores extranjeros un papel fundamental para luchar contra el envejecimiento de la población y combatir la despoblación en las zonas rurales.Sin embargo, ese planteamiento convive con un diagnóstico mucho menos optimista sobre el grado de integración de los inmigrantes. El propio Ministerio reconoce los «obstáculos burocráticos e idiomáticos», además de que «afrontan una desventaja estructural en el mercado de trabajo», con una tasa de desempleo superior a la de los españoles y una brecha salarial del 25%. También señala que las rentas disponibles de la población extracomunitaria son un 44% inferiores y que el riesgo de pobreza duplica al de los nativos.Pero, pese a todos estos objetivos que el propio Ejecutivo pretende convertir en realidad, el escenario de cara al 2030 sigue siendo el de cerca de la mitad de la població
España // elmundo
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