Crea un Comité de Proyectos Estratégicos para poner orden en el aluvión de peticiones de acceso y aprueba una ‘amnistía’ de tres meses que permitirá a las iniciativas fallidas renunciar sin coste Leer
Crea un Comité de Proyectos Estratégicos para poner orden en el aluvión de peticiones de acceso y aprueba una ‘amnistía’ de tres meses que permitirá a las iniciativas fallidas renunciar sin coste Leer
El Gobierno presentó ayer su plan para contener la escalada de costes por la guerra en Irán. Entre rebajas fiscales y ayudas al combustible, Moncloa ha aprovechado para colar una reforma integral de las redes eléctricas que, entre otras cosas, redoblará el control del Ejecutivo sobre las nuevas inversiones que pretendan asentarse en España, de industrias y promociones inmobiliarias a centros de datos.. En primer lugar, creará un Comité de Proyectos Estratégicos con el que declarará ciertas inversiones como prioritarias. Estas contarán con pase preferente a la red. El propio Gobierno definirá los criterios que deben cumplir esas grandes inversiones. De hecho, ya los tiene claros.. Cuando aflore nueva capacidad habrá un plazo de cuatro meses para recabar peticiones. Después, mirará qué se ha presentado y priorizará, por este orden, las conexiones a viviendas y servicios esenciales, como hospitales. Luego entrarán los proyectos estratégicos que nombre el Gobierno y, en tercer lugar, fábricas ya existentes que requieran más capacidad eléctrica. «Lo que quede ya se concederá por orden de prelación», explican fuentes del Ejecutivo.. Con esta figura, Moncloa se pone al timón de la reindustrialización nacional y podrá influir en los planes económicos de las Comunidades Autónomas, algunas de las cuales han demostrado tener otras prioridades. Es el caso de Madrid o Aragón, que han apostado masivamente por los data center, un sector que para el Gobierno dista mucho de ser prioritario.. El Ejecutivo lleva más de un año tratando de poner orden en el aluvión de peticiones que ha colapsado la infraestructura eléctrica. En Moncloa sospechan que muchas de estas solicitudes son, en realidad, especulativas. Peticiones que acaparan la poca capacidad disponible sin tener detrás ningún proyecto sólido. Un cuello de botella que frena el desarrollo.. Hasta ahora, la Ley del Sector Eléctrico era un escollo, pues propiciaba un modelo en el que el primer solicitante era el primero en ser atendido. Para reformarlo, el Gobierno necesitaba una norma con rango de ley que tenía que avalar el Congreso, un consenso prácticamente imposible. Con el decreto anticrisis, Moncloa ha encontrado al fin una ventana para reformar el modelo que sí tiene posibilidades de pasar con éxito la prueba de fuego parlamentaria.. El Gobierno ha incorporado al plan anticrisis una serie de reformas para liberar «de inmediato» la capacidad acaparada en la red. Primero, una suerte de amnistía, un plazo de tres meses en el que permitirá a aquellos proyectos que no estén avanzando renunciar a su derecho de acceso, sin perder los avales financieros que tuvieron que presentar para conseguir el derecho de acceso.. El decreto anticrisis incluye, además, una «prestación por reserva de capacidad de conexión». Es decir, cambia el modelo actual, donde cualquier consumidor podía asegurarse gratuitamente un permiso de conexión en la red de distribución (baja tensión). Desde ahora, tendrá que pagar una cuantía que aumentará cada semestre. «El objetivo es que el tiempo juegue en contra del especulador y no a favor, para incentivar que la conexión efectiva al sistema se haga cuanto antes», explican fuentes del Ejecutivo.. El Gobierno obligará también a publicar un informe semestral detallando del estado de los permisos de conexión y su tipología, es decir, a qué sector o actividad corresponde cada solicitud. De esta forma, tanto el Ministerio de Transición Ecológica como las autonomías podrán conocer exactamente qué empresas están detrás de las peticiones en cada punto de la red, con el fin de detectar patrones sospechosos.. En el decreto anticrisis, el que contiene las medidas económicas esenciales para paliar el shock de precios, el Gobierno ha desplegado amplias rebajas fiscales que, en su mayoría, estarán vigentes hasta el 30 de junio. Empezando por la rebaja del IVA al 10% para electricidad, gas, carburantes y otros combustibles (leña, pellets…). También contempla la reducción máxima del impuesto especial sobre la electricidad y la supresión del impuesto especial a la producción eléctrica.. Habrá ayudas directas de 20 céntimos por litro de combustible a agricultores, ganaderos, pescadore y transportistas. Y una rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la UE. En total, Moncloa calcula que se podrán llegar a ahorros de hasta 30 céntimos por litro en función del tipo de combustiblee.. Además, recupera la prohibición de cortar el suministro a hogares vulnerables y amplía el bono social eléctrico y térmico. También amplía las capacidades de control y sanción de la CNMC a empresas que especulen con la crisis y aprovechen las ayudas para ampliar sus márgenes. En la misma línea, prohíbe los despidos de trabajadores a compañías que reciban ayudas públicas.. Tras la negativa de Sumar a sentarse en el Consejo de Ministros extraordinario de ayer, Moncloa ha accedido a incluir en un segundo decreto medidas contra la crisis habitacional. Su medida estrella es la congelación por dos años de los alquileres que estaban por concluir a lo largo de 2026 y 2027, más de un millón, según los cálculos de Sumar. Este segundo decreto tiene un alto riesgo de fracasar en el Congreso por la oposición de Junts.
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