La delegada Pilar Bernabé argumenta que el control político no lo puede ejercer el parlamento autonómico Leer
La comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas, cuyo plan de trabajo fue aprobado por PP y Vox, ha arrancado a trompicones. Si la primera polémica fue el veto a las asociaciones de víctimas de la tragedia en la que fallecieron 228 personas, ahora gira en torno a la solicitud de documentación. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha sido la primera en denegar los documentos requeridos al Ejecutivo central y sus organismos dependientes.. En una carta a la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, que ha hecho pública Vox, Bernabé argumenta que la «solicitud de información o documentos a la Administración General del Estado, así como al conjunto de entes que conforman el sector público estatal, en tanto instrumento de control político, corresponde exclusivamente a las Cortes Generales». Es decir, el parlamento autonómico no estaría facultado para solicitar información al Gobierno de España.. La delegada recuerda por tanto que las «facultades de control político de la asamblea legislativa de una comunidad autónoma se circunscriben a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios» de la misma, «sin que sea posible que mediante esa facultad los parlamentarios autonómicos, invocando alguna relación de la información o documentos solicitados con los intereses o competencias autonómicas, puedan ejercer un control directo o indirecto de los órganos y autoridades del Estado».. Vox lo ha interpretado como una nueva «traición» del PSOE a los valencianos. Según su portavoz en las Cortes, José María Llanos, lo que se está diciendo con esta negativa es que «la comisión no tiene derecho a conocer los documentos que tienen relevancia y referencia directa con lo acaecido el 29 de octubre, los documentos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, si hubo aviso, si no los hubo, si hubo diligencia o hubo total incompetencia».. Por todo ello, ha considerado que resulta «evidente» que el Gobierno de Sánchez «tiene mucho que ocultar de su conducta criminal por acción y por omisión del deber de socorro a los valencianos». Llanos ha denunciado que se impide así a las Cortes Valencianas «dirimir responsabilidades».. El plan de trabajo pactado por PP y Vox incluía una larga lista de documentación a solicitar al Gobierno. Desde el listado de todas las alertas de tráfico emitidas el 29 de octubre a los planes de emergencia activados, los informes sobre infraestructuras afectadas, la agenda y el registro de llamadas de la delegada o la copia de todas las comunicaciones realizadas por varios ministros.. A la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por ejemplo, se le reclamaba también las actas de su comité permanente de emergencia, los informes sobre mantenimiento y limpieza de cauces o el listado de comunicaciones realizadas a la Generalitat el día de la dana.
España // elmundo
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