Los sindicatos advierten de que las causas se originan en el entorno laboral y están directamente relacionadas con las condiciones de trabajo Leer
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El absentismo se ha convertido en un problema de primer nivel para las empresas y para el Gobierno. El Ministerio de Seguridad Social está negociando con la patronal y los sindicatos un paquete de medidas para atajar la crisis y recortar la millonaria factura de la Incapacidad Temporal. Y en esas conversaciones ha adquirido especial relevancia la salud mental, ya que las bajas laborales por esta causa, que es difícil de objetivar y en muchos casos implica procesos de larga duración, se han disparado en los últimos años.. En el Ministerio son conscientes del problema. Aunque los técnicos desconocen si viene motivado por un incremento de este tipo de situaciones o, simplemente, han aflorado en los últimos años al desestigmatizarse las enfermedades relacionadas con la salud mental, es un asunto que preocupa. De ahí que estén poniendo el foco en este tema en las conversaciones con los agentes sociales, según revelan a EL MUNDO fuentes al tanto del contenido de las reuniones. Otras enfermedades como el cáncer y las bajas de larga duración vinculadas a procesos oncológicos también centran las negociaciones.. Según un estudio realizado por la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) las patologías más difíciles de objetivar, como las algias (lumbalgias, cervicalgias, dorsalgias…) y la salud mental generan más de la mitad del absentismo por IT y su peso no deja de crecer. Si desde 2018 las jornadas laborales perdidas por IT han aumentado un 52% de forma generalizada (de 242 a 368,7 millones), las relacionadas con la salud mental se han disparado nada menos que un 111,4%, concentrando además una elevada proporción de procesos de larga duración (con 96 días de media) y de recaídas.. El exhaustivo informe, el más completo hasta la fecha sobre IT, centra su análisis en los microdatos anonimizados de las estadísticas del Ministerio de Seguridad Social para el periodo 2018-2023 y concluye que de todas las jornadas de trabajo perdidas en el último año, el 32,6% corresponden a bajas por algias, el 18,4% a salud mental y el 13,9% a traumatología. El cuarto lugar en el ranking lo ocupa oncología, con un 5,2% y el quinto, digestivo, con un 5,1%. El resto de grupos patológicos se sitúan todos por debajo del 5%. Algias y salud mental concentran el 51% del indicador de absentismo y su crecimiento representa dos tercios del aumento de los días de baja por IT. Además, suponen el 56,1% de los procesos en vigor de larga duración y se encuentran entre las de mayor repetición.. El informe señala, no obstante, que la contribución al indicador de absentismo de cada sector es diversa. Mientras que la salud mental supone el 29% de las jornadas perdidas en las actividades financieras y el 28,2% en el sector de la información y las comunicaciones, apenas alcanza el 10% de las jornadas perdidas en sectores como la agricultura, la construcción o las industrias extractivas. En paralelo, indica que la contribución de las jornadas perdidas por algias y salud mental es del 47% en hombres y 54% en mujeres, diferencia que explica por la mayor contribución de la salud mental en las jornadas perdidas de las mujeres (21% vs.15%), ya que las algias suponen en ambos sexos un 33% de las jornadas perdidas.. El estudio constata que las patologías de salud mental «presentan un carácter más difícilmente objetivable que otras» y su correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento «puede resultar más complicado para los facultativos de asistencia primaria, menos formados en ese ámbito». Advierte de que son precisamente los diagnósticos de más difícil objetivación «los que encabezan el deterioro de los indicadores de absentismo y contribuyen de modo muy relevante a ese empeoramiento» y pide «profundizar en la investigación de estos fenómenos».. A juicio de los investigadores, el repunte de estas bajas puede estar reflejando la concurrencia de varias causas. Entre ellas, señala «las condiciones mejorables en determinados puestos de trabajo y la insuficiente prevención de los riesgos», pasando por «las ineficiencias y falta de recursos del sistema de salud» y «la necesidad de mayor conciencia del autocuidado de los trabajadores, incluyendo también los elementos culturales de la sociedad con fuertes desequilibrios en las cargas familiares en los roles de género, así como el posible componente motivador de determinados procesos de baja e incluso su falta de legitimidad, a pesar de estar respaldados por una decisión facultativa».. Para Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, en el terreno de las bajas de salud mental «se aborda el daño pero no la causa que lo provoca, porque en demasiadas ocasiones tienen que ver con la organización del trabajo, las condiciones de realización del mismo, la precariedad, el apremio de tiempo, el cumplimiento de objetivos, la falta de participación y los posibles conflictos». A su juicio, «de nada sirve tratar y recuperar a un paciente si vuelve al entorno que le ha causado la alteración de salud». A ello se suma «que no existen especialistas suficientes para hacer seguimientos próximos a los casos de alteraciones de la salud mental y luego estos profesionales no tienen recursos para intervenir en los centros de trabajo para modificar las condiciones de trabajo». «La reiteración de casos puede tener su origen en una recuperación física de la persona que vuelve a enfermar si no se ha intervenido en las causas de su daño y por tanto vuelve a la exposición original», concluye.. Desde UGT, la responsable del área de Salud Laboral, Patricia Ruiz, coincide en que muchas de las causas del aumento de las bajas ocasionadas por algún trastorno de salud mental (estrés, ansiedad, depresión…) están originadas en el entorno laboral. «La precariedad salarial, las largas jornadas de trabajo, la falta de desconexión y las excesivas cargas de trabajo son en demasiadas ocasiones las causantes», afirma. Desde su punto de vista, en la mesa de diálogo social el Ministerio ha presentado «algunas propuestas que están mal enfocadas». «Si el objetivo es la curación de las personas, se deben poner los recursos necesarios en la sanidad pública y actualizar la ley de prevención de riesgos laborales que lleva en vigor 30 años y no recoge los riesgos digitales ni la atención necesaria a la salud mental», reclama.. Las bajas de salud mental son solo la punta del iceberg. El informe de Umivale Activa y el Ivie no cuantifica su coste específico, pero sí apunta a una factura total de la Incapacidad Temporal de 81.574 millones de euros al año, un 5,4% del PIB y un 47% más que en 2018. Este cálculo se sitúa muy por encima de la estimación que ha hecho el Banco de España en su informe anual de 2024 en el que señala al absentismo como uno de los principales problemas para las empresas. En concreto, el BdE cifra el coste de las bajas por contingencias comunes en 15.000 millones, que ascienden a 16.480 millones si se suman las prestaciones por contingencias profesionales. A esto habría que añadirle otros 4.613 millones en coste directo para las empresas, lo que elevaría la factura total de las bajas laborales a un máximo de 21.000 millones de euros.. Para taponar esta sangría económica y laboral el Gobierno ha puesto ya varias medidas sobre la mesa. El Ministerio de Seguridad Social ha presentado a patronal y sindicatos una primera propuesta de reforma de la Incapacidad Temporal centrada en los procesos de larga duración. En concreto, el departamento que dirige Elma Saiz plantea la reincoporación progresiva a su puesto de trabajadores que hayan estado de baja más de 180 días. La condición es que tengan el alta médica y, a partir de ahí, podrán volver a su empresa a media jornada durante 30 días, recibiendo la parte correspondiente de su salario y el 50% de la prestación por IT.. Además, el Ministerio propone otras medidas relacionadas con el refuerzo del papel de las mutuas, que podrán formular la propuesta de alta para «aliviar la sobrecarga de trabajo de la Inspección Médica». Todo ello, en una mesa de negociación activa sobre un asunto que preocupa tanto al Gobierno como a las patronales y a los representantes de los trabajadores, y que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está utilizando incluso para ofrecer posibles soluciones a las empresas como moneda de cambio en las negociaciones con los grupos parlamentarios sobre la reducción de la jornada laboral.
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