España fue de los pocos países de la UE en el que, con medidas muy similares a las actuales, los hogares más pobres salieron más perjudicados que el resto, según el Banco de España Leer
España fue de los pocos países de la UE en el que, con medidas muy similares a las actuales, los hogares más pobres salieron más perjudicados que el resto, según el Banco de España Leer
El Gobierno aprobó este lunes en Consejo de Ministros un nuevo Real decreto-ley de medidas para aliviar el impacto económico de la guerra en Irán ante la caducidad de las que estaban en vigor desde marzo, que decaían este miércoles. La fórmula utilizada, basada principalmente en rebajas fiscales indiscriminadas, recuerda a la empleada en la crisis inflacionaria posterior a la guerra de Ucrania y que acabó beneficiando más a las rentas más altas y sin evitar una pérdida de poder adquisitivo de los hogares con menos renta, como ha constatado el Banco de España. En concreto, el Ministerio de Economía sustituye la rebaja del IVA de los carburantes -que desde marzo se situaba en el 10% en lugar del 21%- por un descuento en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que se aplica a los carburantes, que irá reduciéndose paulatinamente a lo largo del verano, a medida que los precios del petróleo a nivel internacional descienden. En concreto, el descuento será de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, antes de desaparecer en el mes de octubre. Con una salvaguarda: si la inflación de los carburantes supera el 15% en algún momento del verano, entonces la bonificación volverá a ser de 20 céntimos. Se trata de una medida que beneficiará al bolsillo de todos los hogares y empresas que llenen el depósito de su vehículo, sin importar su nivel de renta y si conducen un coche de alta gama que consume muchísimo combustible o un utilitario de precio y consumo modesto. Junto a esta decisión, el Ejecutivo ha optado por mantener la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo para los sectores más afectados por el impacto en precios de la guerra, es decir, lostransportistas y los agricultores -que utilizan mucho carburante como input de producción- y ha ampliado, además, la línea de 500 millones de euros para dar ayudas a los agricultores que compren fertilizantes en 165 millones de euros adicionales, para poder asistirles cuando se aprovisionen en la campaña de septiembre. El Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que normalmente aplica un tipo impositivo del 7% y había sido suspendido, vuelve a estar en efecto durante lo que queda de año pero con un tipo del 5%, que bajará al 3,5% en 2027 y desaparecerá definitivamente en 2028. Es una medida que tendrá un coste para las arcas públicas de 2.700 millones de euros los próximos dos años por la merma de recaudación, pero que contribuirá, según el Gobierno, a electrificar la economía y reducirá la factura energética de los hogares en alrededor del 6%, según sus cálculos. Las medidas aprobadas en conjunto supondrán un coste fiscal extra de 1.825 millones este año, según calcula Economía. La pregunta está en si ese esfuerzo presupuestario servirá para ayudar con especial interés a quienes más lo necesitan. En 2022 no sucedió así, según denuncia el Banco de Españ
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