La Seguridad Social borra la referencia a las transferencias del Estado del decreto con el que condicionó la primera evaluación Leer
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El Gobierno rectifica el polémico decreto por el que, a principios de año, trató de condicionar el examen de la Autoridad Fiscal sobre la reforma de las pensiones. El Ministerio de Seguridad Social acaba de sacar a audiencia pública un proyecto de real decreto que introduce varias modificaciones sobre aquel controvertido texto que hizo saltar las alarmas entre los expertos al interpretar que el Ejecutivo estaba presionando a la AIReF con un maquillaje contable para evitar ajustes en las pensiones.. «A pesar de su corta vigencia, se hace imprescindible esta modificación». Así justifica el departamento que dirige Elma Saiz esta iniciativa legislativa que incluye varios cambios de calado, en parte, para incorporar las recomendaciones que la propia AIReF le hizo al Gobierno a finales del pasado mes de marzo, cuando emitió su primer veredicto sobre la reforma de las pensiones en un informe en el que concluyó que no era necesario activar la cláusula de cierre que obligaría a aplicar nuevos ajustes, pero lanzó contundentes críticas sobre la «visión parcial» de la situación financiera que ofrece la regla de gasto e importantes advertencias sobre el empeoramiento de la sostenibilidad del sistema.. Por un lado, el Gobierno pide ahora a la AIReF que realice un nuevo informe antes del 1 de junio de 2026 en el que incluya una evaluación del impacto de las medidas adoptadas «tanto sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones como sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas». Y en este ejercicio, le indica que debe tener en cuenta «los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años».. El Ministerio recuerda «las importantes revisiones» realizadas por el Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB de 2022 y 2023, «reflejando fundamentalmente el impacto de la pandemia». «Estos ejercicios de revisión siguen siendo importantes en el 2024 y 2025, por lo que, dado el impacto en el ejercicio de proyección que tienen y ante la incertidumbre de próximas revisiones, se considera necesario la realización de ese informe adicional por la AIReF en el ejercicio 2026, reforzando con ello el sentido y propósito de la cláusula», añade el texto.. En paralelo, el Ministerio ha borrado el apartado del real decreto que fue precisamente el que desató la polémica a principios de año. En concreto, ha eliminado varios párrafos en los que indicaba a la AIReF qué debe considerar como ingresos del sistema. Aquí se incluía una referencia a las transferencias del Estado, que es el desvío de dinero que hace el Ejecutivo a la Seguridad Social cada año para cubrir la insuficiencia de ingresos por cotizaciones.. Aunque desde el Ministerio justificaron esa referencia por «seguridad jurídica», simplemente para detallar qué aportaciones considera ingresos la Ley General de la Seguridad Social, la mención a las transferencias fue interpretada por numerosos expertos como una maniobra del Gobierno para condicionar el examen de la Autoridad Fiscal con un movimiento de «maquillaje contable».. En su evaluación publicada el pasado 31 de marzo, la AIReF evitó apretar el botón del ajuste. Según sus cálculos, el Gobierno no tendrá que aplicar por el momento la cláusula que obligaría a aprobar nuevas medidas por el lado de los ingresos o por el de los gastos para garantizar que el gasto neto en pensiones no supera el 13,3% del PIB en 2050 (con un límite de gasto del 15% del PIB con unos ingresos extra del 1,7% del PIB). No obstante, en el informe advirtió al Ejecutivo de que «la sostenibilidad del sistema no ha mejorado» y el crecimiento del gasto será de 3,4 puntos de PIB hasta 2050, frente a los 3 puntos que estimaba hace dos años.. El organismo que dirige Cristina Herrero añadió una crítica directa a la propia regla de gasto pactada entre España y la UE. «La AIReF detecta importantes debilidades metodológicas en la definición de la regla de gasto, ya que está influenciada por el momento en el que se calcula, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad», sentenciaba el informe, para considerar además que «merma su capacidad de supervisión e independencia».. Durante la presentación del informe, la propia presidenta de la Autoridad Fiscal cuestionó el polémico decreto que ahora quiere modificar el Gobierno. Concretamente, Herrero cuestionó que se consideren ingresos del sistema de pensiones lo que en realidad son ingresos de la Seguridad Social. Y afirmó que del total de transferencias que se han hecho desde el año 2020, con un aumento de 1,3 puntos de PIB, solo 0,3 puntos pueden considerarse medidas que refuerzan los ingresos, como reducciones en cotizaciones de determinadas contrataciones o aumentos en pensiones no contributivas para cerrar la brecha del sistema.
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