Los expertos alertan de un inminente repunte de los litigios entre inquilinos y propietarios Leer
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Audio generado con IA. El Congreso de los Diputados tumbó este martes el Real Decreto-ley sobre la prórroga del alquiler y la limitación de precios. El nuevo portazo de PP, Vox y Junts, junto a la abstención del PNV, anticipa una etapa de incertidumbre. Según los expertos, la norma del Ejecutivo, que se mantuvo vigente apenas 30 días y de cuya derrota el propio Pedro Sánchez ya era «consciente» el día de su anuncio, abre ahora un limbo legal entre propietarios e inquilinos. Esta situación hace prever un repunte de la litigiosidad, especialmente entre aquellos arrendatarios que, siguiendo las directrices del Gobierno, ya habían solicitado formalmente la extensión de sus contratos.. El rechazo parlamentario deja sin red, según estimaciones de Oxfam Intermón, a 1,2 millones de contratos que expiran en los próximos dos años, de los cuales 630.000 lo hacen este mismo 2026. No obstante, la propia vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había insistido hace unas semanas en que los inquilinos estarían a salvo: «En 30 días salvaremos a muchos seres humanos».. Los expertos en derecho inmobiliario advierten de que la «imprudencia» de alentar a exigir una extensión sin base parlamentaria segura ha generado escenarios de alta volatilidad en el mercado. Alejandro Fuentes-Lojo, abogado del Bufete Fuentes-Lojo, aclara que en este caso los propietarios tienen las de ganar: «Puede oponerse a conceder dicha prórroga basándose en que jurídicamente no procede otorgar una extensión que, en el momento del vencimiento del contrato, ya no está en vigor».. El escenario cambia si el propietario ya aceptó la solicitud antes de que el decreto decayera. En ese caso, el acuerdo prevalece. «Como se ha aceptado la prórroga, le vincula y tendrá que respetarla esos dos años por mucho que luego la norma quede derogada», explica Fuentes-Lojo.. Sobre esta duda, la abogada especializada en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, Arantxa Goenaga es categórica: «Si el propietario lo aceptó no va a poder revocarlo y por lo tanto deberá aceptar dicha prórroga ya que dio su consentimiento y en el momento en que produjo efectos la norma estaba vigente». Una postura respaldada de forma unánime por los juristas, que recuerdan que, en ese caso, el acuerdo ya es absolutamente vinculante.. Ante la posibilidad de que muchos inquilinos se nieguen a abandonar las viviendas basándose en el decreto fallido, podrían perder un pleito por expiración de plazo. En ese caso, no solo tendrían que marcharse, sino que podrían ser condenados a pagar las costas judiciales e indemnizar al propietario por los perjuicios de la demora.. Por su parte, Goenaga aporta un matiz importante sobre la situación de los arrendatarios. Aunque coincide en que «el riesgo en un procedimiento judicial siempre es el de la imposición de costas», advierte que «con lo que duran actualmente los procedimientos judiciales y lo difícil que está el mercado inmobiliario, el inquilino puede llegar a considerar que le sale económicamente a cuenta porque si tiene que buscar otro piso deberá pagar más de renta y por supuesto la dificultad de encontrarlo».. La ausencia de este dique legal disparará el sobreesfuerzo financiero de los inquilinos del 35% al 62%, una brecha difícil de asumir si se considera que los precios del alquiler han escalado un 52% desde 2021 mientras los ingresos apenas han subido un 23%. En la práctica, este escenario amenaza con transformar mensualidades de 800 euros en recibos de 1.200 euros, empujando a casi tres millones de personas a los denominados desahucios invisibles o mudanzas forzosas por la absoluta incapacidad de afrontar la renta.. A este clima se suma la advertencia de Fuentes-Lojo, quien recuerda que un juicio de desahucio puede llegar a alargarse un año. Por ello, su principal recomendación es revisar el contrato para «estar seguro de que en ese caso procede la oposición o la prórroga» y ser conscientes de los tiempos judiciales, valorando siempre «la conveniencia de negociar también una salida pactada».
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