Con su iniciativa parlamentaria pretende que los socios de Pedro Sánchez se retraten Leer
El Partido Popular acumula una lista de reproches y agravios contra el Gobierno y no está dispuesto a dejar que ninguno de ellos caiga en el olvido. Mañana los desgranará en la concentración que ha convocado en Madrid en defensa de la «democracia» frente a lo que tachan de «mafia» socialista y gubernamental.. En los últimos días el PP ha sumado al recopilatorio los turbios manejos de la fontanera Leire Díez, las maniobras de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que consideran la delegada de Pedro Sánchez en la Cámara, dispuesta a convertir el Hemiciclo en la «depuradora de las cloacas del PSOE», y el empeño de una vicepresidenta y tres ministros en difundir un bulo y sostenerlo a capa y espada pese a ser conscientes de que se trataba de una burda manipulación.. Este último episodio será objeto de una proposición no de ley de los populares, decididos a forzar a todos los grupos parlamentarios, principalmente a los socios que sostienen al Gobierno, a pronunciarse sobre la necesidad, no sólo de reprobar, sino de reclamar el cese de la número dos del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y del titular de Transformación Digital, Óscar López.. Los tres tienen dos cosas en común: airearon la mentira, y no se retractaron, de que un ex capitán de la Guardia Civil -ahora contratado por Isabel Díaz Ayuso como gerente de seguridad en el Servicio Madrileño de Salud- proponía en una conversación con un confidente poner una bomba lapa contra el presidente del Gobierno y, además, son los designados a dedo para tratar de disputarle el poder al PP en las comunidades de Andalucía, Aragón y Madrid.. La iniciativa que los populares llevan al Congreso tiene como objetivo que el Gobierno «rectifique por la difusión de graves acusaciones contra la Guardia Civil a sabiendas de que eran falsas». La rectificación, según reclaman, debe llevarse a cabo «con la máxima urgencia y a través de todos los medios de comunicación» por entender que su contenido es «difamatorio».. Además, insta al presidente del Gobierno a que, en caso de que la vicepresidenta primera, la ministra Portavoz y el ministro de Transformación Digital se nieguen a ello, «sean cesados por la información falsa que difundieron con la intención de generar confusión en la sociedad y desprestigiar la labor de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil en los casos de corrupción que afectan al Gobierno».. Los tres, recalca la iniciativa, «insistieron, a sabiendas de su falsedad, en la noticia y alimentaron la teoría del supuesto e inexistente intento de magnicidio, todo ello en actos públicos y ante un número considerable de personas, que fue amplificado en medios y en sus propias redes sociales».. Pese a ello, añade, «el Gobierno no sólo no ha rectificado ni ha pedido perdón, sino que guarda silencio o niega tales acusaciones en el caso de algunos ministros, mientras que otros permanecen impasibles». El PP entiende que los ministros citados aprovecharon el bulo «con una clara motivación de desgaste y difamación del adversario político», principalmente, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid «al vincularla con los hechos (…) con afirmaciones tan rocambolescas y surrealistas como acusarla de una falsa trama corrupta en la Guardia Civil que pretendía atentar contra Sánchez».
España // elmundo
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