La gigafactoría cuyo consorcio lidera el Gobierno no alcanza el exigente umbral marcado por la ley en este concepto Leer
La gigafactoría cuyo consorcio lidera el Gobierno no alcanza el exigente umbral marcado por la ley en este concepto Leer
Audio generado con IA. Las reacciones contra la propuesta de regulación de los centros de datos se suceden entre gobiernos regionales y el sector privado. Los elevados umbrales de eficiencia exigidos por el texto amenazan con hacer inviable una buena parte de los planes para construir centros de datos en marcha en el país, entre ellos incluso al proyecto estrella de la política de inteligencia artificial del propio gobierno: la gigafactoria financiada a medias con la Comisión Europea.. El proyecto emblema del Ministerio para la Transformación Digital, coimpulsor de la regulación a los centros de datos, cuenta con una inversión de más de 1.000 millones de euros del Ejecutivo, pero tendrá que readaptarse si el proyecto legislativo ve la luz. Según se ha trasladado en presentaciones del proyecto y confirman fuentes cercanas al consorcio a EL MUNDO, la gigafactoría contará con un índice de eficiencia (PUE) de entre el 1,15 y el 1,2, una cifra que se queda justo por encima del 1,15 que marca como umbral mínimo de sostenibilidad el borrador del decreto, cuya audiencia pública se ha extendido hasta el 10 de septiembre.. De este modo, el proyecto estaría condenado a reajustarse para cumplir con el muy exigente umbral que prevén fijar Transformación Digital y Transición Ecológica para ordenar la puesta en marcha de este tipo de instalaciones en España. «El Real Decreto está en periodo de consulta pública. El consorcio de la gigafactoría podrá presentar observaciones al texto como cualquier otra parte interesada», trasladan desde el Ministerio.. El plan de la gigafactoría está impulsado por un consorcio del que el Gobierno es accionista mayoritario con un 48% del capital a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) y la Generalitat de Cataluña también es socia con un testimonial 1%. El resto del accionariado lo completan varios socios privados: Telefónica (15,67%), ACS (15,67%), Banco Santander (15,67%) y Multiverse Computing (4%).. Se trata de un ambicioso proyecto que aspira a movilizar 5.000 millones de euros, de los que el erario público ya ha aportado 720 millones a través de una inyección en el capital del consorcio y otros 300 millones de euros mediante una contribución al programa de supercomputación europea EuroHPC. A esto se pueden sumar hasta 1.000 millones de euros en ayudas europeas, si España resulta escogida como uno de los proyectos continentales, algo que ya ha ocurrido con las factorías de IA (centros de datos más pequeños).. La candidatura española lleva más de un año en el horno y, desde entonces, el proyecto ha experimentado diversos cambios. En primer lugar, se apostó por la construcción de un nuevo centro de datos en Mora la Nova (Tarragona). Sin embargo, las dificultades para garantizar a la Comisión la puesta en marcha a tiempo de estas instalaciones forzaron a reforzar la candidatura con la incorporación de un nuevo centro de datos en San Fernando de Henares (Madrid). Este estará operativo antes para garantizar la entrada en servicio de las instalaciones.. En este caso, la tramitación del proyecto y la construcción se han puesto en marcha antes, por lo que los niveles de eficiencia de la instalación no están adaptados a ese exigentísimo PUE del 1,15. De hecho, bajo la configuración actual de la candidatura, la gigafactoría ya se encontraría en la zona noble de los proyectos en operación en España, ya que todo lo que baje de 1,2 se considera muy eficiente y además el 100% de la energía usada será renovable y contará con un circuito cerrado de agua para reducir el consumo de este recurso.. El PUE ideal es 1, un ideal que es imposible alcanzar y que reflejaría que cada vatio que se consume en el centro de datos se usaría en sus tareas de computación, es decir, la máxima eficiencia posible. Todo lo que sube del 1 es el gasto energético que se produce en otras funciones como refrigeración, iluminación del centro.. Históricamente, los centros de datos han estado por encima del 1,5, pero en los últimos años ante la creciente contestación social sobre estos proyectos y las preocupaciones por su insaciable demanda de energía, estas instalaciones son cada vez más eficientes y Amazon, Microsoft o Google ya tienen instalaciones por debajo del 1,05.. El Gobierno aún está a tiempo de modificar la propuesta de la gigafactoría, que aspira a tener en funcionamiento una primera fase de entre 30 y 50 megavatios y una segunda que ya supere los 125 en 2029. España compite con un total de 18 países que se repartirán un total de siete gigafactorías repartidas en dos lotes, uno de cuatro proyectos que podrán recibir hasta 500 millones de euros y otros tres con hasta 1.000 millones de euros en juego.. El plazo de presentación de ofertas termina el 12 de noviembre y la idea es que las obras de construcción empiecen en 2027 y el centro de datos esté en operación a los 18 meses de que se firme el contrato de adjudicación de un proyecto sobre el que el Gobierno es muy optimista. El ministro para la Transformación Tecnológica, Óscar López, insistió en estas buenas perspectivas la semana pasada: «Estoy absolutamente convencido de que España albergará una de las primeras gigafactorías de la Unión Europea», aseguró frente a los empresarios tecnológicos. Ahora, falta por ver bajo qué marco legislativo y qué forma tendrá que adoptar finalmente.
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