Centra su oferta electoral en medidas sociales de izquierda, con guiños al centro e incluye un nuevo impuesto para las viviendas de los «fondos buitre» Leer
Hubo quien se sentaba ya exhausto. Y aún faltaban minutos para el mitin. Pero la música, el baile y el show previo a la llegada de Pedro Sánchez hacían mella. Por momentos, difícil saber si eran las 12 de la mañana o de la noche. El fin de fiesta era la intervención del candidato socialista, que llegó y enarboló la bandera de España para reivindicarla como propia, otro guiño en ese propósito de ensanchar espacio, llegar al votante de centro. Fue el propio líder socialista quien pidió expresamente el apoyo de los votantes moderados, europeístas y constitucionalistas. Su propuesta para seducirlos es un programa electoral cuya base son medidas socioeconómicas, especial atención ahora al sistema ferroviario y escasos tres compromisos genéricos en materia de lucha contra la corrupción.. La legislatura que acaba ha dejado hitos como la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o la reforma del sistema de dependencia; pero, también dos secretarios de Organización del PSOE salpicados por la corrupción, un ex ministro en la cárcel, la Justicia investigando las cuentas del partido socialista, o la UCO entrando en Ferraz y la Udef en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. Las investigaciones por presunta corrupción han rivalizado con la hoja de ruta del Gobierno, de medidas socioeconómicas como el aumento de las prestaciones, la vivienda, educación, sanidad…. En esta tesitura, y con investigaciones en marcha aún con la precampaña ya iniciada -«llaman la atención los tiempos y las coincidencias», señalan fuentes gubernamentales-, el PSOE despacha la corrupción en un apartado de su programa, de cinco puntos, sin excesiva concreción, de los que sólo tres tienen incidencia directa. El partido que lidera Sánchez se compromete a promover una Ley Orgánica de Integridad Pública y una Estrategia Nacional Anticorrupción con mapas de riesgos en todas las administraciones, y crear una Agencia Independiente de Integridad Pública que coordine los organismos de supervisión y refuerce la protección de quienes denuncian.. En realidad, no es una medida novedosa. El Gobierno ya envió en verano a las Cortes un proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que estaba en fase de debate parlamentario cuando se disolvió el Congreso por el adelanto electoral. Otra de las medidas es aprobar una ley de grupos de interés, con registro obligatorio, publicidad de sus reuniones y huella normativa, algo que también ha impulsado ya el Ejecutivo -sin que tampoco fructifique en el Congreso-; y el tercer peldaño apuesta por reforzar el control de la contratación, las subvenciones y la financiación política «con análisis de datos y trazabilidad del gasto, y ampliar el acceso a la información pública sobre agendas, gastos institucionales y evaluación independiente de las políticas».. Sólo por contraponer, hay casi 50 medidas en materia de vivienda o más de una decena en materia de infraestructuras. El PSOE argumenta que han «conseguido alcanzar una democracia más fuerte y más limpia» con hitos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la protección a quienes «denuncian la corrupción». También que en 2025, tras tener conocimiento de las actividades fraudulentas de Santos Cerdán, aprobaron el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, que aún está en fase de despliegue e implementación legislativa.. El programa electoral hecho público este domingo por el PSOE recoge un total de 500 medidas, muchas de ellas banderas de las formaciones a su izquierda, en ese propósito de fagocitar sus votos para sostenerse, pero también con iniciativas que tratan de llegar a ese electorado más de centro, que no está tan ideologizado y que aún no tiene clara su papeleta.. En el primer grupo se enmarca el amplísimo paquete de medidas en materia de vivienda -uno de los grandes pilares del programa-, con compromisos como destinar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda asequible -una de las grandes propuestas de Frente Amplio para estos comicios-; un impuesto progresivo a la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y «fondos buitre» que no se destinen a alquiler residencial habitual; o garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, esto es, no delimitarlos a una franja de años tras negociación con algún grupo, asegurando que el coste de la prohibición de los desahucios a personas vulnerables no recaiga sobre el pequeño propietario o propietaria, debiendo asumir el coste directamente las administraciones; blindar por ley el salario mínimo por encima del 60% del salario medio;o completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas.. La propuesta del PSOE incluye, por primera vez, medidas concretas contra los «tecnooligarcas» como exigir responsabilidad penal a los directivos de las plataformas que no retiren contenidos ilegales o de odio y tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales. Estos planteamientos ya los anunció hace meses Sánchez. Otra intención es la de aumentar los impuestos a los tecnooligarcas, complementando la actual tasa Google: «Gravar adicionalmente a las grandes tecnológicas y adaptar nuestra fiscalidad para al desarrollo y explotación de la inteligencia artificial».. Todas estas medidas podrían ser rubricadas -de hecho muchas lo están- por los partidos que están más a la izquierda del PSOE. Banderas de las que quieren apropiarse los socialistas en la estrategia del «voto útil».. Pero su programa también incluye propuestas para aquellos votantes más moderados y de centro. Por ejemplo, «combatir la ocupación ilegal de viviendas»: «Sobre la base de la puesta en marcha de juicios rápidos para el allanamiento de morada y la usurpación que existen desde 2025, seguiremos combatiendo las mafias de la ocupación y dando recursos a los juzgados de guardia para tramitar de forma ágil y efectiva estos delitos».. Sánchez plantea una gestión «profesional y de perfil técnico» de Adif y Renfe tras las tragedias de Adamuz y Urda, en las que fallecieron en total 115 personas, y propone un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria. «Tras las tragedias ferroviarias ocurridas en 2026, tenemos la obligación de garantizar la seguridad de la red ferroviaria y recuperar la confianza de quienes viajan y trabajan en ella», reza el documento con el que se presentan a los comicios».. Los socialistas, pese a la tensión interna que pueda generar, y también con algunos de sus socios, siguen mostrando su compromiso de prohibir el proxenetismo «en todas sus formas» y reconocer a las prostitutas como víctimas con plenos derechos.
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Centra su oferta electoral en medidas sociales de izquierda, con guiños al centro e incluye un nuevo impuesto para las viviendas de los «fondos buitre» Leer
