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Audio generado con IA. Hay una imagen que debería inquietar a cualquier persona interesada en el futuro económico de España. Si alguien imprimiese y apilase todas las normas aprobadas desde la Transición, la torre de papel superaría en altura a la Torre Eiffel. No es una metáfora: son 411.804 disposiciones hasta 2021, según el Banco de España, a las que cada año se suman más de 11.000 nuevas regulaciones. Una cada 45 minutos, sin que nadie se pregunte si acaso la anterior servía de algo.. El problema de la hipertrofia normativa no es nuevo ni exclusivo de un color político. Pero conviene señalar que, bajo el actual ciclo de gobierno, el ritmo se ha acelerado. Entre junio de 2018 y enero de 2026 se han aprobado 243 leyes, reales decretos-ley y leyes orgánicas de ámbito estatal. La pregunta relevante no es si son muchas o pocas, sino cuántas han mejorado realmente la vida de los ciudadanos y cuántas han añadido capas de complejidad sin beneficio apreciable.. Un informe reciente del Instituto Juan de Mariana y CEU CEFAS, en el que he tenido la oportunidad de colaborar, aborda esta cuestión con un enfoque sistemático. El ejercicio consiste en auditar ese acervo legislativo y clasificar cada norma según su carga regulatoria, su complejidad técnica y su potencial de simplificación. El resultado es elocuente: un 84% de esas 243 leyes serían susceptibles de derogación o reforma en profundidad.. No se trata de un impulso iconoclasta. La desregulación inteligente distingue lo necesario de lo superfluo. Y aquí los datos importan más que la retórica. La propia Comisión Europea, en su Brújula para la Competitividad, ha situado la reducción de cargas regulatorias como prioridad para relanzar las economías del continente. El coste de la sobrerregulación española sobre la actividad económica supera los 90.000 millones de euros.. El Banco de España ha aportado evidencia empírica que refuerza este diagnóstico. Juan S. Mora-Sanguinetti documenta que un aumento del 10% en el volumen de regulación provoca una caída del 0,5% en el empleo de las empresas con menos de diez trabajadores. La densidad normativa reduce la entrada de nuevas firmas y penaliza de forma desproporcionada a las pymes, que carecen de recursos para absorber los costes de cumplimiento. El problema se agrava por la fragmentación territorial: marcos normativos distintos en cada comunidad autónoma elevan los costes de operar en varias regiones y erosionan la eficiencia del mercado interior.. Pensemos en ejemplos concretos. El registro obligatorio de jornada, introducido en 2019, pretendía acabar con las horas extra no pagadas. Seis años después, estas han pasado de 2,5 a 3,2 millones semanales según la EPA. El objetivo no solo no se ha cumplido: ha empeorado. O la Tasa Google: Hacienda prometió recaudar 1.000 millones anuales; la cifra real apenas alcanza 375 millones, un 0,1% de los ingresos tributarios. Un gravamen que distorsiona, penaliza la digitalización y, encima, recauda una fracción de lo previsto.. Hay también un problema menos visible pero igualmente grave: el gold-plating, la costumbre del legislador español de ir mucho más allá de lo que exigen las directivas europeas. La Ley Orgánica de Protección de Datos ocupa 68 páginas; la norma equivalente en Estonia, 18. Ambas transponen el mismo reglamento. La diferencia es que Estonia optó por un marco funcional, mientras que España construyó un aparato burocrático con un régimen sancionador que castiga desproporcionadamente a las pymes.. La buena noticia es que la desregulación ha dejado de ser una propuesta marginal. Tanto desde las instituciones europeas como desde distintos sectores del arco político español se reconoce la necesidad de abordarla con seriedad. La cuestión pendiente es pasar de la retórica al método: auditar con rigor, priorizar con criterio y ejecutar con determinación. No hace falta una motosierra; basta con un bisturí bien afilado y un diagnóstico preciso.
Actualidad Económica // elmundo
