Las ayudas a fondo perdido a los familiares de las víctimas de Adamuz revelan un altísimo grado de arbitrariedad, típica del populismo político Leer
Audio generado con IA. El Gobierno decide en pocos días conceder una ayuda a fondo perdido de 75.000 euros a los familiares de las víctimas de Adamuz. No es un anticipo a cuenta de los seguros en vigor ni de las indemnizaciones futuras: es a fondo perdido, totalmente graciable, una dádiva.. La decisión revela empatía, compasión, preocupación por los que sufren, cómo dudarlo. Pero si se reflexiona un poquito más, llegaremos pronto a la conclusión de que revela también un altísimo grado de arbitrariedad, típica del más clásico populismo político. Puede sonar contradictorio, pues si se trata de una acción moral, compasiva y empática, ¿cómo podemos tildarla de arbitraria?. Lo que sucede es que arbitraria no es la acción injusta por sí misma, sino la acción que se produce fuera de lo dispuesto por las normas legales y precisamente por ello no es universalizable, de manera que se aplica sólo en el caso concreto que decide el Gobierno, y no en todos los demás de características iguales: ¿por qué estas víctimas sí y otras, en circunstancias similares, no?. El argumento habitual es que se trata de un caso excepcional que exige una respuesta excepcional. Pero la excepcionalidad, por sí sola, no basta para justificar una decisión pública. El Estado puede y debe reaccionar con rapidez ante situaciones graves, pero no puede hacerlo al margen de criterios claros y generalizables. Cuando la ayuda se explica únicamente por el impacto mediático del suceso, el mensaje implícito es preocupante: la solidaridad institucional depende de la visibilidad, no de la necesidad.. Estamos en tiempos en que se desprecian criterios como los de generalidad y universalidad de las leyes y se reclaman leyes «de caso concreto» que atiendan a la justicia de lo que exige cada situación. Esta lo exigía, cómo no. El problema es que sólo los casos que consiguen llegar a la atención del Gobierno por su impacto en la opinión, su trascendencia política, su rentabilidad, sus valedores concretos, etc. van entonces a merecer justicia. A los demás, a los del ciudadano común y anónimo, se les aplica otra justicia: la justicia de la ley general.. Arbitrariedad disfrazada de bondad.. José María Ruiz Soroa es abogado
España // elmundo
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