Las dos principales empresas eléctricas que poseen la mayoría de las centrales nucleares en España, Endesa e Iberdrola, han iniciado un conflicto legal con el Estado en relación con estas instalaciones. A pesar de que están solicitando una negociación con el Gobierno para extender el calendario de funcionamiento de las cinco plantas del país —sin presentar una propuesta específica y acordada con todas las empresas propietarias—, estas dos compañías han comenzado a hacer trabajar a sus abogados contra el Gobierno, la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos (Enresa) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que es el órgano que supervisa la operación de estas instalaciones.
Las compañías eléctricas están llevando a cabo un juicio contra el Consejo de Seguridad debido a la regulación que establece la desconexión de los reactores por motivos del mercado.
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Las dos principales empresas eléctricas que poseen la mayoría de las centrales nucleares en España, Endesa e Iberdrola, han iniciado un conflicto legal con el Estado en relación con estas instalaciones. Mientras buscan negociar con el Gobierno para extender el calendario de operación de las cinco plantas del país —sin embargo, no han logrado presentar una propuesta clara y acordada entre todas las empresas propietarias—, estas dos compañías han activado a sus equipos legales contra el Gobierno, Enresa, la entidad pública que gestiona los residuos radiactivos, y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que supervisa el funcionamiento de dichas plantas. La controversia comenzó a finales de febrero cuando Iberdrola presentó una demanda contencioso-administrativa contra Enresa debido al aumento de las tarifas para la gestión de residuos radiactivos. Según lo anticipó EL PAÍS, exigía 324 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios. A finales de junio, Endesa se ha unido a esta estrategia, solicitando otros 454 millones por razones similares. En total, se trata de 778 millones. No obstante, Endesa no ha recurrido directamente al sistema judicial. Sus representantes legales han optado por interponer una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio de Transición Ecológica, encargado de la energía, y contra Enresa. Según fuentes del departamento bajo la dirección de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesem, han informado que se ha presentado «una reclamación patrimonial de Endesa», y que su defensa ya está siendo manejada por la Abogacía del Estado. Fuentes familiarizadas con esta reclamación indican que su análisis resultará en un informe del Consejo de Estado. Si se deniega, que es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones, la compañía eléctrica podría iniciar acciones legales, algo que también es común en este tipo de litigios.
