Tras recibir una oferta a la baja por parte de la empresa tecnológica y el aviso de que serían expropiados sí o sí, los afectados han puesto el caso en manos de sus abogados Leer
Tras recibir una oferta a la baja por parte de la empresa tecnológica y el aviso de que serían expropiados sí o sí, los afectados han puesto el caso en manos de sus abogados Leer
Audio generado con IAEl 28 de febrero de 2025, Jorge Azcón se plantó en la Sala de Columnas del Edificio Pignatelli para anunciar que Microsoft iba a redoblar su apuesta en Aragón. El gigante tecnológico fundado por Bill Gates quería realizar una inversión de 2.900 millones de euros con la que ampliar en Zaragoza la región de centros de datos que ya tenía proyectado instalar en el territorio, concretamente en las localidades de La Muela y Villamayor de Gállego. Los terrenos seleccionados para construir dicha infraestructura estaban ubicados en las inmediaciones del centro comercial de Puerto Venecia, a las afueras de Zaragoza. Parte de esas parcelas eran de titularidad pública, por lo que la compañía no encontraría problemas para su expropiación. Tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza han brindado una colaboración institucional total a la bandada de compañías que han tocado a su puerta para instalar centros de datos en estos últimos años. Sin embargo, parte de las 59 hectáreas que Microsoft quería ocupar pertenecían a particulares, con los que tuvo la intención de negociar para alcanzar un acuerdo antes de recurrir a la expropiación forzosa. Ana Garza es una de las propietarias de estos terrenos. Ella reside en Calaceite, un pequeño municipio de la comarca turolense del Matarraña, y recorre 138 kilómetros para atender a EL MUNDO en Zaragoza. Recuerda que «Microsoft se puso en contacto con nosotros por primera vez hace poco más de dos años, antes de anunciar que tenían intención de instalarse en Aragón». Lo hicieron a través de una llamada de teléfono, en la que una voz femenina ofreció a los miembros de su familia «una cantidad de dinero muy baja», a lo que respondieron con su negativa a vender porque «queríamos un precio justo».Tras el rechazo a colaborar en primera instancia, el Gobierno de Aragón envió una carta a sus domicilios en la que les informaban de que los terrenos en liza iban a ser expropiados. «Nos decían que no teníamos más opciones, que nos iban a expropiar y que no podíamos hacer nada», expresa. Una vez fueron informados de la situación, decidieron contratar los servicios de un abogado para armar sus recursos. «Él nos avisó de que se habían vallado los terrenos y que debíamos poner una denuncia por lo penal, porque realmente estaban usurpando nuestros terrenos sin haber finalizado el proceso expropiatorio», ha señalado. En las alegaciones presentadas por Ana Garza y su familia, explica, «se exponen los motivos por los que este proyecto no cumple los requisitos para formar parte de un Plan de Interés General de Aragón (PIGA)», la herramienta diseñada por el Ejecutivo autonómico liderado por Jorge Azcón para agilizar la tramitación de estos procesos. «Nosotros dudamos de que se vayan a generar los puestos de trabajo que prometen (entre 720 y 1.200 empleos de alta cualificación técnica más los 2.000 de la fase de construcción) y que los terrenos de Puer
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