Propietarios y caseros frenan la firma de nuevos alquileres ante la incertidumbre por la votación de las dos normas este viernes en el Congreso Leer
Propietarios y caseros frenan la firma de nuevos alquileres ante la incertidumbre por la votación de las dos normas este viernes en el Congreso Leer
Apenas han pasado 48 horas desde que se publicó el primer decreto Maricarmen y 24 del segundo, pero los primeros efectos sobre el mercado del alquiler no se han hecho esperar. La incertidumbre y la parálisis se han apoderado de una parte de las operaciones que estos días abordaban sus últimos flecos y no son pocas, teniendo en cuenta que, coincidiendo con el final de un mes y el inicio de otro, muchos contratos de arrendamiento llegan a su término y otros están -o estaban- a punto de firmarse.. Esto es lo que traslada Lorenzo Colino, CEO de Renta Garantizada, una empresa especializada en la gestión de alquileres con más de 6.500 viviendas en su cartera, que asegura que en estos días se han paralizado más de un 70% de las operaciones que tenían pendientes de firmar. «Algunos propietarios nos han dicho que no renuevan los contratos porque necesitan la vivienda, otros que prefieren dejarla sin alquilar por el momento y otros directamente nos han pedido que la vendamos. Es tremendo lo que está pasando», lamenta en conversación telefónica con este diario. Colino explica que mensualmente cierran entre 150 y 200 contratos, pero a estas alturas, la mayoría de ellos se han bloqueado ahora por parte de los caseros a la espera de saber qué ocurrirá con los decretos, especialmente con el segundo de ellos, que contempla la prórroga indefinida del papel. «Es un ataque contra la propiedad privada, una expropiación encubierta», asegura, y por eso él mismo aconseja a sus clientes esperar, como mínimo, hasta el lunes.. La situación es similar en las oficinas del Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, donde aseguran que un 85% de los contratos de alquiler previstos para su firma estos días han sido aplazados, o en el Observatorio del Alquiler, perteneciente a la Fundación Alquiler Seguro, donde los agentes inmobiliarios trasladan que los propietarios están aplazando firmas o retrasando la decisión de poner sus viviendas en el mercado en una posición de «esperar antes de alquilar» hasta disponer de mayor información sobre el alcance de las nuevas medidas.. Colino reconoce que las dos normas tienen y tendrán impacto en los propietarios: los grandes, que dejarán de invertir, y los pequeños, que sacarán sus viviendas del mercado del alquiler. Sin embargo, lamenta que la peor parte se la llevarán los propios inquilinos y las personas que quieran arrendar una casa en los próximos meses, porque tendrán menos oferta donde elegir y porque el nivel de exigencia de los caseros subirá. «Si hay riesgo de vulnerabilidad no les van a alquilar», advierte.. Otra consecuencia podría ser la caída de la oferta, ya de por sí escasa. Idealista y Fotocasa, dos de los principales portales inmobiliarios del país, advierten de que aún es pronto para asegurar que se esté dando una reducción de los anuncios como consecuencia de los decretos. Aseguran que no se puede valorar todavía el impacto directo de las nuevas medidas en la oferta y que necesitan más tiempo para obtener datos estadísticos fiables. Desde Idealista, se desvinculan del pantallazo con su imagen que ayer circulaba por redes sociales con mensajes de reducción de la oferta. «No es nuestro», aseguran.. El Observatorio del Alquiler, en un trabajo de Fernando Pinto, Profesor Titular de Economía Aplicada de la URJC, estima tres escenarios de retirada del parque en dos años, lo que supondría la salida de entre 97.000 y 322.000 casas, un aumento entre el 5% y el 17% en las rentas de nuevos contratos y un sobrecoste para los inquilinos entrantes de entre 255 y 850 euros, entre el escenario más optimista (retirada del 3% del parque) y el más pesimista (retirada del 10%). «En el escenario central [retirada del 6%], unos 190.000 hogares que hoy encontrarían vivienda en alquiler dejan de hacerlo».. Parálisis es también lo que denuncia Asprima, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, que asegura que el anuncio de ambos decretos está detrás de la suspensión de dos transacciones en la Comunidad de Madrid que proyectaban entre 600 y 700 viviendas de alquiler asequible, al amparo de la Ley 3/2024 de promoción y conversión de suelo y edificios en vivienda protegida (VPO) en régimen de alquiler. Fuentes conocedoras explican a EL MUNDO que se trataba de una operación para cambio de uso de oficinas a viviendas cuya firma estaba prevista para estas últimas horas. «La inseguridad jurídica que provocan estas medidas ya está ocasionando una huida clara de la inversión destinada a la puesta en marcha de grandes parques de vivienda en alquiler», afirman desde la patronal.. En su opinión, los decretos «están legislando en contra la solución, que es la vivienda en alquiler asequible, y contra quienes los pueden desarrollar, fondos de pensiones e infraestructuras» porque generan «inseguridad jurídica». Preguntada por los puntos del decreto que consideran que han provocado la paralización de las operaciones en cuestión, Asprima responde que «constreñir los beneficios de este tipo de activos que ya tienen una rentabilidad muy baja y no poder repercutir el IBI y otros gastos hace inviable este tipo de proyectos. El reglamento de vivienda protegida de las autonomías lo permite, pero la modificación de la LAU niega poder repercutir dichos gastos. Mientras se decide si esto es una competencia estatal o de las comunidades, genera inseguridad y hace que no tengamos viabilidad económica». Añade también que «la limitación del 2% cuando el IPC esta en 4,9% hace inviable dichos proyectos» y que, como consecuencia, todo ese mercado inicialmente destinado al alquiler «pasara a vivienda protegida en compra».. En el sector alertan de la posible huida de grandes fondos e inversores ante los efectos de las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo, pero lo cierto es que ya hace tiempo que los grandes fondos están saliendo del mercado de la vivienda residencial en España. Fuentes del sector inmobiliario trasladan que muchos de ellos deshacen posiciones porque no quieren seguir gestionando alquileres en un clima de inseguridad jurídica y porque no quieren verse envueltos en «nuevos casos Maricarmen» y prefieren vender.. Detrás de esta operación salida del ladrillo está no solo el fin de un ciclo inversor para los fondos, sino también un proceso de relevo en la titularidad de los grandes edificios de vivienda que hasta ahora gestionaban en alquiler: muchos de los grandes caseros que llegaron tras el estallido de la burbuja de 2008 venden ahora sus carteras a otros grandes inversores que, o bien las mantienen en alquiler -como es el caso de las aseguradoras o los fondos institucionales con vocación de largo plazo-, o bien venden una a una las casas del inmueble. Este proceso se ha dado en llamar privatización, adaptando el término anglosajón, y se prevé que ponga en el mercado de compra unas 40.000 viviendas en los próximos meses.
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