El comité de huelga de la educación pública madrileña ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las “violentas y desproporcionadas” cargas policiales de este lunes. La reclamación llega después de que la policía cargara contra los profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de Madrid. Desde Delegación han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto.
The teacher’s strike committee demands explanations from the agency after two incidents involving agents since the start of the protest
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El comité de huelga de la educación pública madrileña ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid que investigue las “violentas y desproporcionadas” cargas policiales de este lunes. La reclamación llega después de que la policía cargara contra los profesores que se habían concentrado a las puertas de un acto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de Madrid. Desde Delegación han confirmado a EL PAÍS que se va a investigar el asunto.
En un comunicado, el comité ha detallado que varias personas han resultado heridas a consecuencia de esas actuaciones y ha vinculado la negativa de la Comunidad de Madrid a negociar con el conflicto educativo. “Es inadmisible que la falta de diálogo y negociación por parte de la Administración educativa vaya acompañada de una respuesta policial desproporcionada frente a quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales”, han señalado desde el comité.
Además, han pedido a la Delegación del Gobierno que garantice que no volverán a repetirse este tipo de actuaciones y ha recordado que las intervenciones policiales de este lunes se suman a las que ya sufrieron los manifestantes el pasado miércoles durante las protestas en la Universidad Complutense de Madrid, cuando cinco personas fueron detenidas y otras ocho, heridas tras las cargas de la policía, entre ellas dos agentes. “Resulta especialmente grave que se pretenda proyectar una imagen de violencia sobre un colectivo que está ejerciendo pacíficamente sus derechos fundamentales”, han criticado.
Las seis exigencias principales que empujan esta huelga, iniciada el 14 de octubre, son: reducir a 17 las horas de clase a la semana en secundaria y a 22 en infantil y primaria (desde 19 y 25 horas, respectivamente); bajar las ratios de estudiantes por clase, incrementando el personal especializado en atención a la diversidad; atajar la segregación socioeconómica del alumnado entre la red pública y concertada; aumentar el salario de los docentes en 600 euros al mes; disminuir la carga burocrática y mejorar las infraestructuras educativas, incluyendo la climatización de los centros y la eliminación de amianto.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado las cargas. “Son escenas que no me gusta ver”, ha dicho en una entrevista en TVE en la que ha confirmado que Delegación las investiga. Saiz ha añadido que la educación pública es el “principal ascensor social” y ha emplazado a los gobiernos autonómicos a decidir si prefieren “fortalecer lo público o seguir ahondando en la privatización”.
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido en redes a Saiz: “Qué vergüenza de Gobierno, que siempre culpa de todo a la Policía. Que cuenten cómo la Delegación permitió a los manifestantes desplazarse desde donde tenía autorizada la concentración. Claro que habrá paz en las calles de Madrid: a partir del 29N”, ha publicado en X.
Por su parte, UGT ha afeado a la Comunidad de Madrid que “criminalice” la huelga educativa y ha denunciado “las descalificaciones, el desprecio y las amenazas” que Ayuso, y la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, han dirigido contra el profesorado madrileño por “ejercer su derecho a huelga”.
El secretario del Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Madrid, Javier Becerra, ha indicado que la presidenta, “en lugar de sentarse a negociar sus reivindicaciones”, intenta crear “una realidad paralela” con respecto a los docentes madrileños, “que han actuado en todo momento dentro del orden legal”. Becerra también ha reprochado a la consejera Zarzalejo que amenazara con abrir expediente a los profesores y los acusara de incitar al odio: “Es un intento inaceptable de amedrentar al profesorado”.
Desde el sindicato han explicado que en ningún caso se trata de “una huelga política”, como han asegurado desde el Ejecutivo regional, pues fue planteada meses antes de la convocatoria electoral. En agosto, los representantes de los profesores ya enviaron una carta a la consejería de Educación para dialogar, pero no obtuvieron respuesta. De ahí que hayan vuelto a pedir al Gobierno regional que convoque una mesa de negociación.
