La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el exmandatario Evo Morales, dentro de un proceso iniciado por su supuesta implicación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, señala a Morales (2006-2019) por los supuestos delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos». La disposición fiscal fue confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario. La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación por estos mismos sucesos. Morales dice que no le intimida la orden de capturaEl expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este miércoles que las autoridades no le «van a intimidar», ante la orden de captura en su contra. «Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado», escribió Morales (2006-2019) en X. A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle «de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción». «No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», agregó.Durante siete semanas, entre mayo y junio, los campesinos de La Paz y la COB impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda». Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostuvo que la exigencia era que el Gobierno responda a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo, el exgobernante sostuvo en X que Paz tenía solo «dos caminos» ante los conflictos, «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. El conflicto ocasionó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna
La orden se enmarca en un proceso iniciado por su supuesta implicación en las protestas sociales de mayo y junio, en la que algunos sectores exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
20MINUTOS.ES – Internacional
La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de captura contra el exmandatario Evo Morales, dentro de un proceso iniciado por su supuesta implicación en las protestas sociales ocurridas entre mayo y junio con las que algunos sectores exigieron la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz. La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar, señala a Morales (2006-2019) por los supuestos delitos de «alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos». La disposición fiscal fue confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario. La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo. La acción legal también incluye al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva desde el pasado 6 de julio por otra investigación por estos mismos sucesos. El expresidente de Bolivia Evo Morales sostuvo este miércoles que las autoridades no le «van a intimidar», ante la orden de captura en su contra. «Hoy (miércoles) el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado», escribió Morales (2006-2019) en X. A su juicio, el Gobierno busca responsabilizarle «de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción». «No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos», agregó.Durante siete semanas, entre mayo y junio, los campesinos de La Paz y la COB impulsaron bloqueos de carreteras, sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines al expresidente Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como «única demanda». Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostuvo que la exigencia era que el Gobierno responda a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo, el exgobernante sostuvo en X que Paz tenía solo «dos caminos» ante los conflictos, «militarizar» el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días. El conflicto ocasionó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, además de pérdidas
