Entre los directivos investigados están la jefa de la Sepi, la del tribunal de impugnaciones y el del fondo de rescate Leer
La trama del PSOE montada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, arrastra en la Audiencia Nacional a la cúpula del sector público empresarial del Estado. De las 25 personas imputadas este lunes por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hay una decena de empleados públicos y, de ellos, cinco altos cargos en activo. Todos ellos presentan, según la Fiscalía Anticorrupción, indicios de delito de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada y organización criminal. La imputación pone en entredicho que haya una gestión limpia en el gran grupo público del Estado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y otras instituciones como Isdefe e incluso el tribunal de Hacienda que dirime impugnaciones de empresas públicas. Entre los arrastrados por la trama popularizada por Leire Díez figuran miembros de la élite del aparato económico del Estado.La responsable del brazo industrial del Estado con participaciones en empresas del Ibex, como Telefónica o Indra, o incluso europeas, como Airbus, se encuentra investigada por posibles delitos en el rescate estatal a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Se le atribuye un papel clave en esta operación, por la que la trama cobró mordidas del grupo vasco. Bajo su mandato pudo decidirse el rescate con «presión política» y revelación de información reservada en favor de la trama. Gualda, promovida para presidir la Sepi por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva en el cargo desde 2021 y maneja activos por valor de 20.000 millones. Fuentes gubernamentales salieron en su defensa y descartan su cese: «En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de Sepi, Belén Gualda. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos». Según el informe de la UCO, Gualda se comprometió con el también investigado, entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, a aprobar el rescate pese a las reticencias iniciales del Ministerio de Economía y de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.La responsable de asegurar que haya juego limpio en las contrataciones públicas se encuentra también ya imputada. Se trata de la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Conchita Ordiz. Este organismo se encarga de dirimir conflictos y resolver recursos interpuestos por empresas contra decisiones de las administraciones públicas, pero según la Fiscalía, su titular puede haber cometido delitos ayudando a la trama. «Conchita ha cumplido», señaló el cabecilla de la trama y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, en uno de los mensajes en que se felicitaba de haber influido en la Administración en favor de uno de sus clientes. Ordiz estaba considerada en la Sepi como protegida de Fernández
España // elmundo
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