«Los recursos minerales que hoy se han convertido en oro ante nuestros ojos pertenecen al pueblo de la República de Armenia«. Estas fueron las palabras del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en Amulsar, el 10 de octubre de 2026. El jefe del Gobierno llegó en helicóptero, calificó el proyecto de «historia de éxito» y citó la ausencia de manifestantes como prueba de que las preocupaciones ambientales habían quedado resueltas. La ceremonia no había sido anunciada previamente y los miembros de la iniciativa Amulsar Sin Mina se enteraron de su celebración por casualidad. Faltaban nueve días para la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17).
En nombre del pueblo, el Estado posee el 12,5% de Lydian Armenia. Su representante en la empresa es Gnel Sanosyan, exministro y miembro de la dirección del partido gobernante, Contrato Civil. El Gobierno también ha garantizado préstamos bancarios por valor de 150 millones de dólares a la empresa: si Lydian incumple sus obligaciones de pago, será el presupuesto público el que responda.
La legislación limita estas garantías al 20% de los activos de la empresa beneficiaria, mientras que los activos de Lydian ascendían a unos 380 millones de dólares a finales de 2023. La decisión está siendo impugnada ante los tribunales por la organización internacional anticorrupción Transparency International y varios grupos ecologistas. El ministro de Economía, Gevorg Papoyan, espera que la mina genere 130 millones de dólares anuales en impuestos, tasas y regalías.
En otras palabras, el Estado no actúa como un regulador independiente, sino como una parte interesada: posee acciones, ha comprometido recursos públicos y cuenta con los ingresos de la explotación. Tendría pocos incentivos para vigilar estrictamente una mina en cuyo éxito económico está directamente implicado.
La evaluación de impacto ambiental de 2016 sigue siendo la base para valorar los riesgos del proyecto. Una auditoría encargada por el Gobierno a la consultora ELARD en 2019 detectó deficiencias en dicha evaluación, aunque no predijo daños en las aguas subterráneas.
Tras una denuncia presentada por organizaciones ecologistas en 2020, el Convenio de Berna —un tratado europeo para la conservación de la vida silvestre— recomendó paralizar el proyecto. En 2024, un tribunal estimó parcialmente una demanda presentada por vecinos de la cercana localidad de Gndevaz. El oro se extrae mediante lixiviación en pilas con cianuro: el mineral se acumula en grandes montones y se rocía con una solución de cianuro que disuelve el metal.
No se trata de una simple coincidencia de fechas. Es una burla a la propia conferencia que Armenia está organizando»
La explotación se encuentra cerca de Jermuk, una localidad balnearia conocida por sus aguas minerales, y los ecologistas temen por los ríos Arpa y Vorotan. En 2010, el Parlamento Europeo describió el cianuro como «una sustancia química altamente tóxica» que «puede tener consecuencias catastróficas e irreversibles para la salud humana y el medioambiente», especialmente para las cuencas fluviales y las aguas subterráneas, y pidió que se prohibiera su utilización en la minería.
Un solo accidente puede convertirse en una catástrofe para toda una región. En el año 2000, un vertido procedente de un depósito de residuos de una mina de oro en Rumanía provocó, en palabras del Parlamento Europeo, «la mayor catástrofe ecológica de la historia de Europa Central en aquel momento». La República Checa, Hungría y Alemania han prohibido las tecnologías mineras basadas en cianuro, al igual que Eslovaquia.
Nueve días antes de una cumbre dedicada a proteger la naturaleza, Armenia ha puesto en marcha una mina cuya paralización fue recomendada en el marco de un tratado europeo de conservación y que utiliza una tecnología prohibida en varios países europeos. No se trata de una simple coincidencia de fechas. Es una burla a la propia conferencia que Armenia está organizando.
«Lo hicieron a tiempo»
El Gobierno de Pashinyan no compra participaciones en empresas mineras: se las regalan. En enero de 2024 aceptó su participación en Amulsar. También recibió como donación, en dos entregas, el 21,875% del Complejo de Cobre y Molibdeno de Zangezur (ZCMC). La segunda entrega, correspondiente al 6,875%, fue aceptada en 2022 mediante una resolución secreta. «No fue el Gobierno quien pidió a ZCMC que me entregara el 20%, sino que lo hicieron a tiempo», declaró Pashinyan ante el Parlamento.
Los residuos del complejo, conocidos como relaves —roca triturada que queda tras la extracción de los metales, mezclada con restos de productos químicos utilizados en el procesamiento—, se transportan a través de una tubería de 37 kilómetros hasta la presa de relaves de Artsvanik, una enorme balsa de decantación que ya contiene 325 millones de metros cúbicos de residuos. La tubería sufre fugas frecuentes y, en 2022, las concentraciones de cobre, zinc, plomo, arsénico y otros metales en la zona superaron los límites permitidos.
Cuantas más participaciones posee el Estado en empresas mineras, menos motivos tiene para imponerles restricciones. El plomo también pertenece al pueblo
El plomo también pertenece al pueblo»
En 2016 se detectaron niveles de plomo en sangre superiores al valor de referencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en el 83,8% de los niños examinados en Akhtala y en el 72,5% de los de Alaverdi.
En las aldeas próximas a la presa de relaves de Nahatak, en Akhtala, la organización checa Arnika detectó una concentración media de arsénico en la orina de los residentes un 20% superior a la de un grupo de control, y niveles significativamente más elevados entre los niños menores de siete años que entre los adultos.
La localidad de Sotk, situada junto a la mayor mina de oro del país, recibía unos 2,2 millones de drams anuales en concepto de impuestos ambientales por la contaminación, mientras que los metales pesados presentes en sus aguas subterráneas llegan al lago Seván a través del río Masrik.
¿»Actuar por la naturaleza»?
Los ingresos de la minería van a parar al presupuesto estatal y a los accionistas; los habitantes de las comunidades mineras pagan el precio con su salud. Los bosques también lo pagan. Unas 357 hectáreas de bosque fueron taladas para desarrollar la mina de Teghut.
En 2017, la agencia danesa de crédito a la exportación EKF retiró sus garantías al proyecto debido a infracciones ambientales. En 2018 se detectaron grietas en la presa de relaves.
En 2019 se abrieron diligencias penales por el incumplimiento de la reforestación prometida de 315 hectáreas y por la presentación de datos falsos al respecto. Sin embargo, en 2023 el ministerio aprobó la segunda fase de explotación de la mina a cielo abierto. El bosque fue talado, la restauración prometida nunca llegó y la explotación continúa expandiéndose.
Un documento de Naciones Unidas, publicado en agosto de 2026, contabiliza 21 instalaciones de almacenamiento de relaves en Armenia. Muchas están inactivas o envejecidas, y la mayoría no cumple los estándares internacionales de seguridad.
En las principales explotaciones activas, las presas se elevan sobre residuos previamente depositados: es el método más barato y resulta especialmente peligroso en una zona sísmica.
Los fondos que las empresas deben reservar para el cierre de las minas y la restauración de los terrenos son, según el documento, «demasiado reducidos». Solo nueve de las 24 empresas mineras presentaron informes de seguimiento ambiental correspondientes a 2024.
No se trata de problemas del pasado. Dos meses antes de la cumbre, Naciones Unidas constataba que las antiguas instalaciones de relaves seguían sin adaptarse a los estándares de seguridad, que la rehabilitación ambiental carecía de financiación suficiente y que la mayoría de las empresas ni siquiera presentaba los informes exigidos. Armenia ha destinado alrededor de 51 millones de dólares del presupuesto estatal a organizar la cumbre, cuyo lema es Taking Action for Nature (Actuar por la naturaleza).
Sin embargo, el objetivo de proteger el 30% del territorio nacional, recogido inicialmente en el proyecto de estrategia nacional de biodiversidad, se redujo al 20% antes de la conferencia. Los planes mineros, en cambio, no se han reducido: está previsto que Amulsar alcance su plena capacidad de producción durante el segundo trimestre de 2027.
Armenia llega a la COP17 con una nueva mina de oro que utiliza cianuro, un objetivo de conservación rebajado y problemas ambientales sin resolver en sus antiguas explotaciones. Organizar una cumbre dedicada a proteger la naturaleza mientras se amplía la actividad minera a costa del medioambiente no es una política de biodiversidad, sino una mera fachada. El oro de Amulsar, según el primer ministro armenio, supuestamente «pertenece al pueblo». Los residuos mineros, por lo visto, también.
On October 10, 2026, the Armenian prime minister inaugurated a gold mine that uses cyanide, despite Yerevan hosting the United Nations biodiversity conference nine days later.
20MINUTOS.ES – Internacional
«Los recursos minerales que hoy se han convertido en oro ante nuestros ojos pertenecen al pueblo de la República de Armenia«. Estas fueron las palabras del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, en Amulsar, el 10 de octubre de 2026. El jefe del Gobierno llegó en helicóptero, calificó el proyecto de «historia de éxito» y citó la ausencia de manifestantes como prueba de que las preocupaciones ambientales habían quedado resueltas. La ceremonia no había sido anunciada previamente y los miembros de la iniciativa Amulsar Sin Mina se enteraron de su celebración por casualidad. Faltaban nueve días para la 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17).
En nombre del pueblo, el Estado posee el 12,5% de Lydian Armenia. Su representante en la empresa es Gnel Sanosyan, exministro y miembro de la dirección del partido gobernante, Contrato Civil. El Gobierno también ha garantizado préstamos bancarios por valor de 150 millones de dólares a la empresa: si Lydian incumple sus obligaciones de pago, será el presupuesto público el que responda.
La legislación limita estas garantías al 20% de los activos de la empresa beneficiaria, mientras que los activos de Lydian ascendían a unos 380 millones de dólares a finales de 2023. La decisión está siendo impugnada ante los tribunales por la organización internacional anticorrupción Transparency International y varios grupos ecologistas. El ministro de Economía, Gevorg Papoyan, espera que la mina genere 130 millones de dólares anuales en impuestos, tasas y regalías.
En otras palabras, el Estado no actúa como un regulador independiente, sino como una parte interesada: posee acciones, ha comprometido recursos públicos y cuenta con los ingresos de la explotación. Tendría pocos incentivos para vigilar estrictamente una mina en cuyo éxito económico está directamente implicado.
La evaluación de impacto ambiental de 2016 sigue siendo la base para valorar los riesgos del proyecto. Una auditoría encargada por el Gobierno a la consultora ELARD en 2019 detectó deficiencias en dicha evaluación, aunque no predijo daños en las aguas subterráneas.
Tras una denuncia presentada por organizaciones ecologistas en 2020, el Convenio de Berna —un tratado europeo para la conservación de la vida silvestre— recomendó paralizar el proyecto. En 2024, un tribunal estimó parcialmente una demanda presentada por vecinos de la cercana localidad de Gndevaz. El oro se extrae mediante lixiviación en pilas con cianuro: el mineral se acumula en grandes montones y se rocía con una solución de cianuro que disuelve el metal.
No se trata de una simple coincidencia de fechas. Es una burla a la propia conferencia que Armenia está organizando»
La explotación se encuentra cerca de Jermuk, una localidad balnearia conocida por sus aguas minerales, y los ecologistas temen por los ríos Arpa y Vorotan. En 2010, el Parlamento Europeo describió el cianuro como «una sustancia química altamente tóxica» que «puede tener consecuencias catastróficas e irreversibles para la salud humana y el medioambiente», especialmente para las cuencas fluviales y las aguas subterráneas, y pidió que se prohibiera su utilización en la minería.
Un solo accidente puede convertirse en una catástrofe para toda una región. En el año 2000, un vertido procedente de un depósito de residuos de una mina de oro en Rumanía provocó, en palabras del Parlamento Europeo, «la mayor catástrofe ecológica de la historia de Europa Central en aquel momento». La República Checa, Hungría y Alemania han prohibido las tecnologías mineras basadas en cianuro, al igual que Eslovaquia.
Nueve días antes de una cumbre dedicada a proteger la naturaleza, Armenia ha puesto en marcha una mina cuya paralización fue recomendada en el marco de un tratado europeo de conservación y que utiliza una tecnología prohibida en varios países europeos. No se trata de una simple coincidencia de fechas. Es una burla a la propia conferencia que Armenia está organizando.
«Lo hicieron a tiempo»
El Gobierno de Pashinyan no compra participaciones en empresas mineras: se las regalan. En enero de 2024 aceptó su participación en Amulsar. También recibió como donación, en dos entregas, el 21,875% del Complejo de Cobre y Molibdeno de Zangezur (ZCMC). La segunda entrega, correspondiente al 6,875%, fue aceptada en 2022 mediante una resolución secreta. «No fue el Gobierno quien pidió a ZCMC que me entregara el 20%, sino que lo hicieron a tiempo», declaró Pashinyan ante el Parlamento.
Los residuos del complejo, conocidos como relaves —roca triturada que queda tras la extracción de los metales, mezclada con restos de productos químicos utilizados en el procesamiento—, se transportan a través de una tubería de 37 kilómetros hasta la presa de relaves de Artsvanik, una enorme balsa de decantación que ya contiene 325 millones de metros cúbicos de residuos. La tubería sufre fugas frecuentes y, en 2022, las concentraciones de cobre, zinc, plomo, arsénico y otros metales en la zona superaron los límites permitidos.
Cuantas más participaciones posee el Estado en empresas mineras, menos motivos tiene para imponerles restricciones. El plomo también pertenece al pueblo
El plomo también pertenece al pueblo»
En 2016 se detectaron niveles de plomo en sangre superiores al valor de referencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en el 83,8% de los niños examinados en Akhtala y en el 72,5% de los de Alaverdi.
En las aldeas próximas a la presa de relaves de Nahatak, en Akhtala, la organización checa Arnika detectó una concentración media de arsénico en la orina de los residentes un 20% superior a la de un grupo de control, y niveles significativamente más elevados entre los niños menores de siete años que entre los adultos.
La localidad de Sotk, situada junto a la mayor mina de oro del país, recibía unos 2,2 millones de drams anuales en concepto de impuestos ambientales por la contaminación, mientras que los metales pesados presentes en sus aguas subterráneas llegan al lago Seván a través del río Masrik.
¿»Actuar por la naturaleza»?
Los ingresos de la minería van a parar al presupuesto estatal y a los accionistas; los habitantes de las comunidades mineras pagan el precio con su salud. Los bosques también lo pagan. Unas 357 hectáreas de bosque fueron taladas para desarrollar la mina de Teghut.
En 2017, la agencia danesa de crédito a la exportación EKF retiró sus garantías al proyecto debido a infracciones ambientales. En 2018 se detectaron grietas en la presa de relaves.
En 2019 se abrieron diligencias penales por el incumplimiento de la reforestación prometida de 315 hectáreas y por la presentación de datos falsos al respecto. Sin embargo, en 2023 el ministerio aprobó la segunda fase de explotación de la mina a cielo abierto. El bosque fue talado, la restauración prometida nunca llegó y la explotación continúa expandiéndose.
Un documento de Naciones Unidas, publicado en agosto de 2026, contabiliza 21 instalaciones de almacenamiento de relaves en Armenia. Muchas están inactivas o envejecidas, y la mayoría no cumple los estándares internacionales de seguridad.
En las principales explotaciones activas, las presas se elevan sobre residuos previamente depositados: es el método más barato y resulta especialmente peligroso en una zona sísmica.
Los fondos que las empresas deben reservar para el cierre de las minas y la restauración de los terrenos son, según el documento, «demasiado reducidos». Solo nueve de las 24 empresas mineras presentaron informes de seguimiento ambiental correspondientes a 2024.
No se trata de problemas del pasado. Dos meses antes de la cumbre, Naciones Unidas constataba que las antiguas instalaciones de relaves seguían sin adaptarse a los estándares de seguridad, que la rehabilitación ambiental carecía de financiación suficiente y que la mayoría de las empresas ni siquiera presentaba los informes exigidos. Armenia ha destinado alrededor de 51 millones de dólares del presupuesto estatal a organizar la cumbre, cuyo lema es Taking Action for Nature (Actuar por la naturaleza).
Sin embargo, el objetivo de proteger el 30% del territorio nacional, recogido inicialmente en el proyecto de estrategia nacional de biodiversidad, se redujo al 20% antes de la conferencia. Los planes mineros, en cambio, no se han reducido: está previsto que Amulsar alcance su plena capacidad de producción durante el segundo trimestre de 2027.
Armenia llega a la COP17 con una nueva mina de oro que utiliza cianuro, un objetivo de conservación rebajado y problemas ambientales sin resolver en sus antiguas explotaciones. Organizar una cumbre dedicada a proteger la naturaleza mientras se amplía la actividad minera a costa del medioambiente no es una política de biodiversidad, sino una mera fachada. El oro de Amulsar, según el primer ministro armenio, supuestamente «pertenece al pueblo». Los residuos mineros, por lo visto, también.
