El juez lamenta que el borrado masivo de sus móviles haya entorpecido la instrucción de la causa Leer
El fiscal general del Estado impuso, en palabras del Tribunal Supremo, «ganar el relato» sobre las conversaciones mantenidas por el Ministerio Público con el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esa actuación, que sublevó inmediatamente al Colegio de la Abogacía de Madrid, lo ha llevado hasta el banquillo de los acusados. En medio, el instructor de la Sala Segunda ha recopilado una batería de indicios contra García Ortiz.. En el auto de procesamiento, el juez da especial importancia al testimonio prestado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró haberle dicho a García Ortiz que «no era necesario que la nota de desmentido incluyera los diversos mails intercambiados entre el fiscal y el abogado de González Amador». Lastra se negó a asumir el contenido de dicha nota -por eso ella no está imputada y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en cambio, sí- al incluir los datos de las comunicaciones internas entre el fiscal y el abogado.. El juez recuerda que fue la propia Lastra quien por teléfono hizo al fiscal general la siguiente pregunta: «¿Has filtrado la nota?». La «respuesta evasiva» que éste le dio, «en lugar de negarlo», fue «eso ahora no importa». «Es imperativo sacarla (…), Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros de la fiscalía es impecable y hay que defenderla», dijo por Whatsapp el fiscal general a la fiscal superior de manera insistente el 14 de marzo de 2024, tal y como desveló en exclusiva EL MUNDO.. Si bien el borrado masivo llevado por el fiscal general en todos sus dispositivos electrónicos en plena investigación judicial ha sido un obstáculo para la instrucción, igual de real es que nadie borra las pruebas de su inocencia. Esta premisa ha sido repetida una y otra por las acusaciones a lo largo del procedimiento.. La actitud de García Ortiz, impropia de quien ostenta una alta institución del Estado pero extendida entre los delincuentes comunes, tampoco ha pasado desapercibida para el juez Hurtado. «El desarrollo de la instrucción ha puesto de relieve que el investigado, a diferencia de la investigada, ha hecho desaparecer de sus dispositivos móviles cuanta información pudiera haber en ellos». Hurtado subraya que el proceder del fiscal general se ha convertido en «un obstáculo en contra de una ágil investigación», que ha dado lugar a una serie de «diligencias alternativas, al objeto de recuperar la información eliminada, y, con ello, a una dilación».. Además, el juez reprocha al fiscal general la actitud que tuvo cuando fue llamado a comparecer el pasado mes de enero. «Se negó a prestar declaración, incluida a las preguntas que pudiera haberle hecho este instructor, y solo respondió a su defensa». Su declaración «giró, fundamentalmente, en un reproche en torno a la investigación tecnológica acordada por este magistrado, como si lo actuado con anterioridad, […] lo investigado cuando la causa se encontraba siendo instruida por el Tribunal Superior de Justicia, no existiese». El instructor se refiere al TSJ de Madrid, primer órgano judicial que investigó estos hechos, y que también apreció indicios de un delito de revelación de secretos en la actuación de García Ortiz.. Por último, el magistrado echa por tierra la estrategia de defensa de la Abogacía del Estado. Hurtado sostiene que la revelación de secretos no ha quedado anulada por el hecho de que EL MUNDO desvelara primero otro correo entre el letrado de Alberto González Amador y la Fiscalía. «No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto».. Y el juez concluye: «Dicho de otra manera, Alberto González Amador autoriza a su abogado que gestione un pacto de conformidad en los términos que considere dentro de las pautas habladas entre ambos […] pero no autoriza que los datos e información confidencial que se maneja en ese ámbito salte a los medios de comunicación».. El fiscal general del Estado se comunicó con dos de sus subordinadas, Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, para recopilar los datos sobre el caso del novio de Ayuso y emitir una nota de prensa que señalara que el denunciado propuso un pacto a la Fiscalía antes de que el Ministerio Fiscal lo ofreciera.
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