Las dos conclusiones más relevantes que ha obtenido el Consejo General del Poder Judicial a partir de la encuesta realizada entre febrero y marzo, en la que participaron la mitad de los jueces que manejan casos de violencia contra la mujer, son «carencias muy extendidas» y «significativas diferencias territoriales». Esta encuesta incluyó 121 juzgados especializados en violencia de género, 314 juzgados que pueden tratar estos casos y 42 juzgados penales. Un resultado que no trae consigo ninguna novedad ni sorpresa. Continuar leyendo.
Una investigación realizada por el Consejo General del Poder Judicial sobre los responsables de estos organismos competentes pone de manifiesto dificultades en diversas áreas, tales como las infraestructuras o la formación para agresores.
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Las dos conclusiones más relevantes que ha obtenido el Consejo General del Poder Judicial a partir de la encuesta realizada entre febrero y marzo, en la que participaron la mitad de los jueces que manejan casos de violencia contra la mujer, son «carencias muy extendidas» y «significativas diferencias territoriales». Esta encuesta incluyó 121 juzgados especializados en violencia de género, 314 juzgados que pueden tratar estos casos y 42 juzgados penales. Un resultado que no sorprende ni presenta novedad. Estos magistrados han estado advirtiendo durante años sobre la falta de recursos (tanto humanos como materiales) y el aumento continuo en la carga de trabajo; además, en enero, se implementación de la ley de eficiencia judicial, la cual 73 jueces consideraron que llevaría a su «colapso total». Esta ley implica que deberán manejar todos los delitos sexuales donde las víctimas sean mujeres, desde agresiones hasta trata, matrimonios forzados y acoso, algo estipulado por la ley de Libertad Sexual. Según sus estimaciones, esto incrementará su carga laboral en al menos un 20%. Ahora, un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ refleja parte de esta situación que estos jueces han estado señalando, observando que la mitad de sus juzgados enfrenta un alto índice de rotación de personal, lo que retrasa los procesos, y que valoran los recursos humanos disponibles con una nota de apenas 2,6 sobre un máximo de 5. Esto incluye la falta de recursos, espacios e instalaciones. En cuanto a los recursos materiales, como las instalaciones laborales, la evaluación no es muy positiva: «el índice general de satisfacción es de 2,9 sobre 5», indica el comunicado del CGPJ. Casi el 80% de los órganos judiciales carecen de espacios específicos para las víctimas, el 90,5% no dispone de un punto de encuentro familiar y apenas más de un tercio tiene salas de espera destinadas a víctimas que están acompañadas por menores, así como las cámaras Gesell. En relación a este tema, las comunidades de Baleares (833 puntos), Andalucía (2,6) y Asturias (2,8) presentan los niveles de satisfacción más bajos. Respecto a las oficinas de Asistencia a las Víctimas, que son diferentes a las áreas específicas dentro de los juzgados, solo poco más de la mitad cuenta con una, aunque el índice medio de satisfacción en este aspecto es del 3,8 por ciento. Baleares nuevamente presenta la calificación más baja con un 2,8, mientras que Navarra (4,73), Comunidad Valenciana (4,5), Galicia (4,22), La Rioja (22,29) y Cataluña (21,27) superan los cuatro puntos. Esto se refiere a las unidades de evaluación forense integral. Estas unidades, que fueron sugeridas por la ley integral sobre violencia de género de 2004, todavía no están bien establecidas, ni en todo el país, ni cuentan con los mismos recursos en las áreas donde sí están presentes. El propósito de analizar el riesgo potencial que enfrentan las mujeres que reportan violencia de género, con el apoyo de expertos en áreas como la medicina forense, el trabajo social y la psicología, no se logra de la misma manera dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en Madrid el puntaje es de 583,258, mientras que en la Comunidad Valenciana es de 23,2100. Además, la satisfacción con las unidades de valoración forense integral tiene una puntuación promedio de 2,9, siendo la crítica más común el retraso en la entrega de informes, a menudo debido a la escasez de profesionales en estas unidades. «En el 44,3% de los tribunales, el tiempo de espera promedio excede los seis meses», se indica en el comunicado, aunque esto es algo que los expertos en este ámbito han estado señalando durante muchos años. Un objetivo subyacente de estos cursos para agresores es que los jueces a menudo no los consideran satisfactorios, obteniendo solo una calificación de 2,2 por su parte.
