La corrupción tiene una sombra alargada y ahora mismo se posa sobre el PSOE y sobre la figura de Pedro Sánchez en concreto, aunque el presidente del Gobierno ha limitado su reacción al ámbito del partido y asegura que la actividad del Ejecutivo va a continuar. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al Tribunal Supremo revela detalles que se han ido conociendo en los últimos días y que han provocado la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. La información recabada contiene indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, según el juez Leopoldo Puente, quien lleva el caso de la trama en la que también se incluyen al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.. Las sospechas se extraen de conversaciones grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Cerdán entre 2019 y 2023. En ellas, el exministro y Koldo García recapitulaban «las cantidades económicas» que se les debía, uniendo las cuantías a «adjudicaciones concretas». «Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Cerdán como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública», explican los investigadores, para quienes la trayectoria profesional de Koldo «iba ligada a la de Santos, siendo una de sus personas de confianza».. Sánchez, mientras, trata de limitar los hechos a la figura de Cerdán con la idea de evitar un efecto contagio a todo el aparato socialista y al Gobierno. Y en ese punto conviene preguntarse qué puede hacer la UE ante una situación así. De momento, poco: hay un cierto vacío legal contra la financiación irregular de partidos nacionales, mientras que Bruselas sí vigila los partidos europeos y teme injerencias extranjeras, sobre todo en los últimos años desde Rusia, China o Irán. De hecho, el Consejo de la UE y la Comisión de Venecia -organismo del Consejo de Europa, que no es una institución de la Unión- han recomendado ampliar las reglas europeas a los partidos nacionales, incluyendo la prohibición de financiación extranjera.. Lo cierto es que la Unión Europea ha intensificado en los últimos años el control sobre la financiación de partidos políticos, con el objetivo de frenar donaciones opacas, interferencias extranjeras y desigualdad electoral. El principal instrumento legal es el Reglamento (UE, Euratom) 1141/2014, que regula a los partidos y fundaciones políticas europeas. Establece límites estrictos a las donaciones (hasta 18.000 euros anuales por donante), impone transparencia en los ingresos, prohíbe financiación de países no comunitarios y prevé sanciones como la pérdida del registro europeo o multas de hasta el 300 % del importe recibido ilegalmente. En 2022, esta normativa se reforzó para mejorar los controles económicos y blindar las campañas frente a injerencias externas. De nuevo, se trata de un foco puesto sobre las formaciones erigidas a nivel comunitario, y no nacional.. Aunque la normativa europea se aplica solo a formaciones de ámbito europeo, desde Bruselas se impulsa extender esos controles a los partidos nacionales. El Consejo y la Comisión de Venecia han reclamado que todos los partidos políticos, sin excepción, estén sujetos a límites similares en financiación y a la prohibición de recibir fondos desde fuera de la Unión, precisamente para evitar casos como el que por ejemplo ha provocado la suspensión de Marine Le Pen. Varios eurodiputados y cargos de RN desviaron fondos asignados por el Parlamento Europeo para pagos a asistentes a las cuentas del partido.. Así, la preocupación se centra en posibles canales de influencia extranjera, especialmente en períodos electorales, donde los marcos nacionales presentan desigualdades. En el caso de España, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación ilegal. Las acusaciones apuntan a donaciones opacas y a un préstamo millonario otorgado por un banco húngaro vinculado al Gobierno de Viktor Orbán, firme aliado de los de Abascal. Aunque el Tribunal de Cuentas ya detectó irregularidades en ejercicios anteriores y sancionó con una multa de 200.000 euros, sectores críticos consideran la respuesta institucional insuficiente. El artículo 304 (bis) del Código Penal español regula estos delitos, pero su aplicación efectiva aún genera dudas.. El PP con la Gürtel, el PSOE con el caso Ábalos que todavía dará de sí o Vox con el caso Orbán son tres ejemplos de que la financiación irregular está a la orden del día. El cese de Cerdán y el trabajo de la UCO, asimismo, revelan que en algunas coyunturas estos movimientos son casi sistémicos, dentro de las estructuras de los partidos, y que pueden salpicar directamente a los gobiernos. En ese contexto, la UE tiene mucho camino por recorrer y el reclamo es claro: el escrutinio que se aplica a las formaciones a nivel europeo tiene que darse, sí o sí, también a nivel nacional.
El Consejo y la Comisión de Venecia han recomendado ampliar las reglas europeas a los partidos nacionales.
20MINUTOS.ES – Internacional
La corrupción tiene una sombra alargada y ahora mismo se posa sobre el PSOE y sobre la figura de Pedro Sánchez en concreto, aunque el presidente del Gobierno ha limitado su reacción al ámbito del partido y asegura que la actividad del Ejecutivo va a continuar. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) entregado al Tribunal Supremo revela detalles que se han ido conociendo en los últimos días y que han provocado la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE. La información recabada contiene indicios de delitos de organización criminal y cohecho contra Cerdán, según el juez Leopoldo Puente, quien lleva el caso de la trama en la que también se incluyen al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.. Las sospechas se extraen de conversaciones grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Cerdán entre 2019 y 2023. En ellas, el exministro y Koldo García recapitulaban «las cantidades económicas» que se les debía, uniendo las cuantías a «adjudicaciones concretas». «Ábalos y Koldo habrían percibido altas cantidades de dinero con mediación de Cerdán como consecuencia de la adjudicación de determinados contratos de obra pública», explican los investigadores, para quienes la trayectoria profesional de Koldo «iba ligada a la de Santos, siendo una de sus personas de confianza».. Sánchez, mientras, trata de limitar los hechos a la figura de Cerdán con la idea de evitar un efecto contagio a todo el aparato socialista y al Gobierno. Y en ese punto conviene preguntarse qué puede hacer la UE ante una situación así. De momento, poco: hay un cierto vacío legal contra la financiación irregular de partidos nacionales, mientras que Bruselas sí vigila los partidos europeos y teme injerencias extranjeras, sobre todo en los últimos años desde Rusia, China o Irán. De hecho, el Consejo de la UE y la Comisión de Venecia -organismo del Consejo de Europa, que no es una institución de la Unión- han recomendado ampliar las reglas europeas a los partidos nacionales, incluyendo la prohibición de financiación extranjera.. Lo cierto es que la Unión Europea ha intensificado en los últimos años el control sobre la financiación de partidos políticos, con el objetivo de frenar donaciones opacas, interferencias extranjeras y desigualdad electoral. El principal instrumento legal es el Reglamento (UE, Euratom) 1141/2014, que regula a los partidos y fundaciones políticas europeas. Establece límites estrictos a las donaciones (hasta 18.000 euros anuales por donante), impone transparencia en los ingresos, prohíbe financiación de países no comunitarios y prevé sanciones como la pérdida del registro europeo o multas de hasta el 300 % del importe recibido ilegalmente. En 2022, esta normativa se reforzó para mejorar los controles económicos y blindar las campañas frente a injerencias externas. De nuevo, se trata de un foco puesto sobre las formaciones erigidas a nivel comunitario, y no nacional.. Aunque la normativa europea se aplica solo a formaciones de ámbito europeo, desde Bruselas se impulsa extender esos controles a los partidos nacionales. El Consejo y la Comisión de Venecia han reclamado que todos los partidos políticos, sin excepción, estén sujetos a límites similares en financiación y a la prohibición de recibir fondos desde fuera de la Unión, precisamente para evitar casos como el que por ejemplo ha provocado la suspensión de Marine Le Pen. Varios eurodiputados y cargos de RN desviaron fondos asignados por el Parlamento Europeo para pagos a asistentes a las cuentas del partido.. Así, la preocupación se centra en posibles canales de influencia extranjera, especialmente en períodos electorales, donde los marcos nacionales presentan desigualdades. En el caso de España, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Vox por presunta financiación ilegal. Las acusaciones apuntan a donaciones opacas y a un préstamo millonario otorgado por un banco húngaro vinculado al Gobierno de Viktor Orbán, firme aliado de los de Abascal. Aunque el Tribunal de Cuentas ya detectó irregularidades en ejercicios anteriores y sancionó con una multa de 200.000 euros, sectores críticos consideran la respuesta institucional insuficiente. El artículo 304 (bis) del Código Penal español regula estos delitos, pero su aplicación efectiva aún genera dudas.. El PP con la Gürtel, el PSOE con el caso Ábalos que todavía dará de sí o Vox con el caso Orbán son tres ejemplos de que la financiación irregular está a la orden del día. El cese de Cerdán y el trabajo de la UCO, asimismo, revelan que en algunas coyunturas estos movimientos son casi sistémicos, dentro de las estructuras de los partidos, y que pueden salpicar directamente a los gobiernos. En ese contexto, la UE tiene mucho camino por recorrer y el reclamo es claro: el escrutinio que se aplica a las formaciones a nivel europeo tiene que darse, sí o sí, también a nivel nacional.
