El apoyo de los ‘neoconvergentes’ a Sánchez continuará siendo suficiente, pero voluble Leer
Que la vigente legislatura española se cimentara sobre el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para anular todos los delitos del procés y facilitar, de este modo, el regreso a España de Carles Puigdemont, el líder independentista que promovió la celebración del referéndum ilegal del 1-O, explica la relevancia del momento que ahora alcanzamos.. Un año después de la aprobación de la norma en el Congreso y cuando el Tribunal Constitucional (TC) se dispone a tumbar la mayor parte del recurso del PP contra la misma y a avalar, por ende, la legalidad del texto urdido entre los socialistas y los neoconvergentes en Bruselas allá por noviembre de 2023, la relación de dependencia entre la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la que dirige el ex president que se fugó de la Justicia española hace siete años y medio sigue, pese a los amagos de ruptura realizados por Junts.. La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont al alegar que el delito de malversación del que se le acusa no queda amparado por la norma explica el contorsionismo estratégico exhibido por Junts en el último año, en el que llegó a amenazar a Sánchez con promover una cuestión de confianza contra él. En las últimas semanas, sin embargo, ha evitado criticarlo públicamente a pesar de que acuerdos de calado como la oficialidad del catalán en Europa -que se canjeó al inicio del mandato por el apoyo a Armengol como presidenta del Congreso- o la propia ejecución de la amnistía no han cristalizado todavía.. «No tendría ninguna credibilidad seguir criticando al PSOE y no romper», afirmaba esta semana un miembro de la Ejecutiva de Junts en conversación con este diario. Así justificaba la tímida reacción de Puigdemont ante el fracaso cosechado por la diplomacia española en Bruselas cuando, pese a sus presiones a los Veintisiete, tuvo que retirar del orden del día la votación sobre la oficialidad del catalán en las instituciones comunitarias ante la negativa de siete estados, encabezados por Alemania e Italia, a tragar con las presiones capitaneadas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por las dudas jurídicas no despejadas.. ¿Qué puede variar después del aval a la parte principal de la amnistía del tribunal de garantías que preside Cándido Conde-Pumpido? Si la sentencia no aborda la malversación, Puigdemont seguirá en un limbo legal. Podría exigir a Sánchez la aplicación de lo que ha venido a llamar «amnistía política», y que debería quedar consumada con una reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder de Junts en Bruselas. Supondría éste un paso intermedio que permitiría al ex presidente de la Generalitat seguir trasladando a su parroquia que arrastra al PSOE a su terreno y cobra por los siete votos prestados, pero no resolvería la cuestión central: el regreso de Puigdemont a España.. En principio, parece probable que el Tribunal Supremo se seguirá negando a aplicar a Puigdemont la amnistía por el mismo motivo que lo ha hecho hasta el momento: considerar que la malversación cometida por el padre del 1-O no queda cobijada bajo el paraguas de la norma que escribió de su puño y letra. Llegados a este punto, resulta plausible que Junts recupere argumentos ya sugeridos en el pasado, como que la Fiscalía se querelle contra los jueces «prevaricadores».. La idea la expresó el propio secretario general de los herederos de Convergència, Jordi Turull, el pasado septiembre y, de volver a recurrir a ella, iría acompañada del apéndice que Junts empleó desde que empezó a esbozar la amnistía junto al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán: que «no busca soluciones personales» para Puigdemont, sino para los 1.610 «represaliados» que Ómnium Cultural considera «amnistiables».. El apoyo de Junts a Sánchez continuará siendo suficiente, pero voluble. Una legislatura sin Presupuestos Generales aprobados es un horizonte plausible y ya asumido por el propio Gobierno.
España // elmundo
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