Rusia ha declarado como “indeseable” a ILGA Mundo, la federación internacional que representa a más de 2.000 organizaciones LGTBI+ de más de 170 países y territorios. En Rusia, declarar una organización como “indeseable” equivale a vetar su actividad, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión. “Es un paso más en el persistente acoso y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y las poblaciones LGTBI+ en Rusia”, han denunciado desde la organización. Para su directora ejecutiva, Julia Ehrt, “calificar a los grupos de derechos humanos de indeseables es grotesco”.. Seguir leyendo
Moscú considera organización “indeseable” a ILGA Mundo, que representa a más de 2.000 asociaciones del colectivo de más de 170 países y territorios
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Rusia ha declarado como “indeseable” a ILGA Mundo, la federación internacional que representa a más de 2.000 organizaciones LGTBI+ de más de 170 países y territorios. En Rusia, declarar una organización como “indeseable” equivale a vetar su actividad, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión. “Es un paso más en el persistente acoso y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y las poblaciones LGTBI+ en Rusia”, han denunciado desde la organización. Para su directora ejecutiva, Julia Ehrt, “calificar a los grupos de derechos humanos de indeseables es grotesco”.. “El Gobierno ruso utiliza a las minorías como chivos expiatorios para distraer la atención de la acumulación desenfrenada de poder y riqueza por parte de la clase dominante, y asfixia a la sociedad civil empujando a muchas personas a esconderse aún más”, denuncia ILGA Mundo en un comunicado publicado el viernes.. Aunque el Ministerio de Justicia ruso anunció la decisión en su página web el miércoles 21 de enero, desde ILGA Mundo no recibieron ninguna comunicación directa, según han detallado. No fue hasta dos días después que pudieron confirmar haber sido víctimas de una de las herramientas represivas con las que el Gobierno de Putin silencia a la población. El Kremlin ya había puesto esta etiqueta ―cuyo nombre oficial es “organizaciones extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso― a Reporteros sin Fronteras, Amnistía Internacional o Greenpeace. Con ella, vetan las críticas gubernamentales, el cuestionamiento de la Guerra de Ucrania, o la realidad LGTBI+.. “Ante los gobiernos que intentan legislar para que las personas LGTBI+ dejemos de existir, los movimientos seguirán siendo fuertes y comprometidos”, ha destacado la presidenta de ILGA Mundo en un comunicado. Desde 2013, Rusia ha construido un marco legal hostil con las personas LGTBI+. El punto de partida, articulado en torno a una supuesta protección de los valores tradicionales, fue la Ley federal contra la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, de 2013, que prohibió difundir información positiva o neutral sobre la realidad LGTBI+ ante menores.. Apoyándose en esta norma, se prohibieron manifestaciones, se censuró material educativo, y se presionó a los medios y al activismo. En 2022, la ley pasó de “proteger” a la infancia a hacerlo a personas de todas las edades. Además, sumó a su ámbito de aplicación los contenidos que “promuevan” la diversidad sexual. Con ella, se legitimó la discriminación contra las personas LGTBI+.. Además, en 2020, durante un proceso de reforma de la constitución rusa, Putin introdujo una definición excluyente de matrimonio, estableció que era exclusivamente la unión entre un hombre y una mujer, y cerró la puerta al reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo. En 2023, prohibió la transición de género, haciendo desaparecer los tratamientos médicos de afirmación de género o la posibilidad del cambio de sexo legal en los documentos. Una negación total de la realidad trans y con el acceso médico restringido, que empuja a la clandestinidad o al exilio.. También en 2023, el Tribunal Supremo de Rusia declaró al “movimiento internacional LGTB” como organización extremista, una figura jurídica extremadamente grave que equipara la visibilidad y el activismo LGTBI+ con amenazas a la seguridad del Estado. Desde su instauración, y hasta mediados del año pasado, los tribunales de Rusia han condenado a más de un centenar de personas acusadas de “extremismo LGTB” o simpatizar con el movimiento, según la organización Human Rights Watch.. “Las autoridades rusas utilizan el sistema judicial como herramienta para marginar y censurar a las personas LGTBI+. La población rusa está viendo cómo son violados sus derechos: el de no discriminación, la libertad de expresión y de asociación, entre otros”, han denunciado desde esta organización.. La designación de extremista ha tenido efectos especialmente graves, pues puede conllevar penas de prisión, la inclusión en listas de vigilancia, la congelación de cuentas bancarias y la prohibición de actividades profesionales. Además, se castiga con multas elevadas, permite el cierre de medios, el bloqueo de plataformas digitales y la persecución judicial de personas, organizaciones y empresas. “Tiene como objetivo prohibir cualquier cooperación con nosotres para ciudadanes y entidades ruses, incluidas las organizaciones miembros de la federación en el país”, han alertado desde ILGA Mundo.. En Rusia, cualquier expresión de visibilidad LGTBI+ ―banderas, publicaciones, películas, libros, redes sociales o incluso declaraciones personales― puede ser considerada ilegal. El resultado es un sistema de exclusión de Estado que elimina derechos civiles básicos, silencia voces disidentes y normaliza la discriminación. “Este es un modelo que siguen los líderes autoritarios de muchos países, y un patrón que encaja con el clima cada vez más hostil contra las minorías y la sociedad civil en casi todas partes”, han destacado desde la organización.
