Nunca se aprobaron tan pocas leyes. Y hay 170 normas atascadas. Con los datos del revelador balance en el Congreso iniciamos una serie que examina la etapa de Sánchez en el tramo final hacia las urnas Leer
El Congreso arranca el último año de mandato de Pedro Sánchez sumido en un atasco monumental del que ya tiene muy pocas posibilidades de salir. La legislatura en el Parlamento prácticamente ha concluido. Los grupos, pese a la insistencia del Gobierno en que aún hay tiempo para mucho, son radicalmente escépticos. Las expectativas se centran en la promesa del presidente de remitir, por fin, el que sería el primer y último proyecto de Presupuestos de la legislatura, aún a sabiendas de que no saldrá adelante. Enviar esta propuesta a la Cámara es un compromiso que, de cumplirse, empantanaría aún más la enorme bolsa de iniciativas que se mantiene desde hace meses congelada porque la tramitación de las cuentas públicas tendría prioridad sobre el resto.. Con esta parálisis, EL MUNDO arranca una serie de reportajes para hacer balance de los múltiples frentes que marcan la vida del Gobierno y el último año de Pedro Sánchez antes de que se convoquen elecciones generales, previstas para mitad de 2027.. La falta de una mayoría, la ruptura de Junts con el Gobierno, los vetos cruzados entre los socios del frente Frankenstein y el bloqueo impuesto desde el Ejecutivo, con la ayuda de la Mesa del Congreso, a las propuestas que llegan del Senado, son las razones acumuladas que han paralizado el trabajo de una Cámara que apenas avanza a golpe de real decreto sin posibilidad de enmiendas por parte de los grupos. Sánchez es el presidente que más ha abusado de la figura del decreto, superando con mucho a sus predecesores. Desde 2018 ha aprobado 168, frente a los 107 de Rajoy en ocho años, los 108 de Zapatero en otros ocho, los 127 de Aznar en nueve años o los 130 de González en 14 años.. A este respecto, además, Sánchez no solo encabeza el ranking en decretos aprobados, sino también en la cantidad de estos que luego no han recibido el visto bueno del Congreso. La figura legislativa del decreto, ideada para sacar adelante normativa de forma más rápida -sin tramitación ordinaria-, históricamente solía congregar mayor consenso. Sin embargo, ahora tampoco garantiza al Gobierno sacar sus medidas. De los 14 decretos que el Congreso ha derogado en democracia, 11 los firman gabinetes de Sánchez: dos en la anterior legislatura y los otros nueve, en esta.. En cualquier caso, el abundante número de decretos impulsados contrasta con la cantidad de leyes que la Cámara Baja ha aprobado en estos años. En 2026, el Congreso ha sacado adelante tres leyes ordinarias y otras tres orgánicas, seis en suma. Eran ya 10 alcanzado el verano de 2025 y cinco en agosto de 2024. Sin embargo, sucede que aquel año la legislatura acababa de echar a andar -Sánchez fue investido presidente en noviembre de 2023-, con lo que la mayoría de la normativa se hallaba aún en los primeros trámites parlamentarios. De hecho, es relevante el matiz de que, excluyendo los años electorales o postelectorales, la producción legislativa -sin contar los decretos- nunca había sido tan baja como en estos primeros meses de 2026.. Esta realidad lleva a que en los tres años que hoy se cumplen desde que se constituyeron las Cortes se hayan aprobado menos leyes que en cualquier otro periodo equiparable anterior. Es decir, las 32 normas de máximo rango que han salido adelante en este trienio son menos que las que se aprobaron en los primeros tres años de cualquier legislatura -salvo en los mandatos que apenas duraron meses porque no hubo presidente investido-. En la segunda legislatura de Rajoy, de la que Sánchez tomó el relevo con la moción de censura y que a estas alturas es la que tenía menor producción legislativa, ya había 39 leyes al tercer año. Otra comparación: en el mandato anterior de Sánchez, a estas alturas se habían aprobado 84 leyes, mucho más que el doble. Iban ya más de 60 en el primer mandato de Rajoy, más de 80 en el segundo de Zapatero… y así con cualquier otro.. Si lo aprobado es menos que nunca, en términos de leyes, lo que permanece esperando ver la luz verde del Congreso no hace sino crecer. Y, de los casi 70 proyectos de ley atascados en el Congreso, 34 proceden de reales decretos que la mayoría parlamentaria, tras convalidarlos, aprobó su tramitación como proyecto de ley, pero quedaron en el limbo de las infinitas prórrogas . Algunos van por 50.. En este paquete figuran, por ejemplo, las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de colectivos vulnerables. Se trata de un real decreto convalidado en mayo de 2024 y que, tras emprender su tramitación como proyecto de ley, lleva más de 70 ampliaciones del plazo de enmienda. La realidad es que está paralizado desde hace 22 meses. Lo mismo sucede con la prórroga de las medidas urgentes para afrontar las consecuencias de los conflictos de Ucrania y Oriente Próximo; las relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación RTVE, paralizado 20 meses; las de respuesta ante los daños de la dana, paralizado también 20 meses; la de garantía del interés superior de la infancia y adolescencia ante situaciones migratorias extraordinarias, parado 14 meses, o las que fortalecen la atención a la dependencia para las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles, frenado siete meses.. Sin embargo, no se trata sólo de la tramitación como proyectos de ley de los decretos, un procedimiento que nunca se cumple pero que utiliza el Gobierno como placebo para acallar momentáneamente el malestar de los grupos por no haber podido participar en la redacción de la norma. El embotellamiento es general y afecta también a las propias iniciativas legislativas del Ejecutivo. Más de 30 proyectos de ley remitidos por el Consejo de Ministros a la Cámara -una decena con trámite de urgencia- se mantienen en fase de ponencia o de enmiendas. Entre ellos, algunos acumulan ya más de 80 prórrogas.. Ahí se incluyen, entre otros, el proyecto de ley de Familias que hasta mayo acumulaba 84 ampliaciones del plazo de enmienda; el proyecto de ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, embarrancado desde mayo de 2024; el de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular la determinación de edad o el que regula la responsabilidad penal de los menores, parados desde diciembre de 2024; el proyecto de ley de lobbies, frenado desde febrero de 2025; el de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, paralizado desde mayo de 2025; el de Ampliación y Fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, congelado desde hace un año; el de Información Clasificada, varado desde septiembre de 2025, o el proyecto de ley orgánica de Enjuiciamiento Criminal, frenado desde diciembre de 2025.. Las proposiciones de ley, es decir, las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios, no corren mejor suerte. En el caso de las remitidas por el Senado, la Mesa del Congreso, dominada por PSOE y Sumar, no ha permitido la tramitación de ninguna -la excepción ha sido la que planteaba el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad- en los tres años que van de legislatura. En este caso se impone el temor del Gobierno a que buena parte sean finalmente aprobadas porque cuentan con el respaldo de grupos que van más allá de PP y Vox.. De este paquete forman parte más de 30 proposiciones del PP referidas por ejemplo a la rebaja del IVA; la valoración de situaciones de dependencia; la ocupación ilegal y la convivencia vecinal; la delimitación de competencias de la Audiencia Nacional para enjuiciar delitos de narcotráfico, blanqueo y trata de personas; la rebaja en la edad de jubilación de policías, guardias civiles y agentes de vigilancia aduanera o la relativa a la violencia en el ámbito sanitario.. La maniobra del Ejecutivo para frenar proposiciones que llegan del Senado ha consistido en algunas ocasiones en vetarlas alegando que tendrían un impacto negativo en la recaudación fiscal. Así sucedió por ejemplo con la propuesta que plantea eximir del IRPF las ayudas recibidas por los afectados de talidomida. Finalmente, el pasado 19 de junio, la Mesa de la Comisión de Trabajo rechazó ese veto con los votos de PP y Sumar. Igualmente están paralizadas tres proposiciones de ley de Junts para aplicar el IVA del 4% a los servicios de atención a la dependencia no exentos; para la rebaja de la presión fiscal a pymes y autónomos y para simplificar los trámites ciudadanos, y una de Vox para restringir la regularización de inmigrantes a través del arraigo.. Respecto a las proposiciones de ley nacidas en el Congreso, hay más de 10 firmadas por el PP, más dos propuestas de reforma del Reglamento que siguen varadas en los plazos de enmiendas, algunas de ellas desde hace más de un año: la propuesta de reforma de la ley de Defensa Nacional para el envío de ayuda militar al extranjero; la relativa al refuerzo de la independencia del CIS; la de compensación económica para los celíacos o la de garantía de cumplimiento de la Ley General Presupuestaria.. A todas ellas se suma casi una treintena de proposiciones de ley de otros grupos: una decena del PSOE, 4 de Sumar, 4 del PNV, 1 de Junts, 2 de ERC, 1 de EH Bildu y 1 de Podemos, más otras 4 conjuntas, como la reforma de la ley mordaza; la de garantía del plurilingüismo; la de control del comercio exterior de material de defensa o la de regulación de contratos de alquiler temporales.
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