El empresario español Juan Carlos González Pérez enfrentará un juicio en Miami a partir de mayo, acusado de enviar ilegalmente a Venezuela piezas de aeronaves a través de terceros en Costa Rica y España para ocultar su destino final y evadir así sanciones estadounidenses, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe. González Pérez, de 63 años y propietario de Aerofalcon SL, fue detenido el pasado 12 de marzo y tiene programada para el próximo 15 de abril una audiencia en la que le presentarán formalmente los cargos en un tribunal federal de Miami, de acuerdo con la información judicial.. En los documentos no detallan dónde fue arrestado el acusado, quien afrontará un juicio con jurado a partir del 18 de mayo. El empresario español enfrenta cargos por conspiración para exportar ilegalmente bienes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, presentar información de exportación falsa o engañosa, y por contrabando de mercancías, según el archivo judicial. González Pérez fue imputado de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), mediante la cual EEUU ha sancionado a PDVSA, detalló la Fiscalía.. La acusación criminal, que data de 2024, sostiene que González Pérez participó en un esquema para evadir, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, las sanciones impuestas a PDVSA por el gobierno estadounidense, enviando ilegalmente piezas de aeronaves, incluidos motores turbofan Honeywell, a través de terceros en Costa Rica y España. Junto con González Pérez también fueron imputadas nueve personas más, entre ellas Juan David Guerra Viera, director de Aerofalcon.. Los cargos que enfrenta González Pérez pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión, si es declarado culpable. El caso incluye además a otros acusados vinculados a PDVSA y a la empresa costarricense Novax Group SA, quienes están presuntamente implicados en la misma red de exportación ilegal. Los fiscales subrayan en los documentos que se trata de un esfuerzo por hacer cumplir las sanciones estadounidenses.
Juan Carlos González Pérez enfrenta cargos por conspiración para exportar ilegalmente bienes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, presentar información de exportación falsa o engañosa, y por contrabando de mercancías.
20MINUTOS.ES – Internacional
El empresario español Juan Carlos González Pérez enfrentará un juicio en Miami a partir de mayo, acusado de enviar ilegalmente a Venezuela piezas de aeronaves a través de terceros en Costa Rica y España para ocultar su destino final y evadir así sanciones estadounidenses, según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe. González Pérez, de 63 años y propietario de Aerofalcon SL, fue detenido el pasado 12 de marzo y tiene programada para el próximo 15 de abril una audiencia en la que le presentarán formalmente los cargos en un tribunal federal de Miami, de acuerdo con la información judicial.. En los documentos no detallan dónde fue arrestado el acusado, quien afrontará un juicio con jurado a partir del 18 de mayo. El empresario español enfrenta cargos por conspiración para exportar ilegalmente bienes a la petrolera estatal venezolana PDVSA, presentar información de exportación falsa o engañosa, y por contrabando de mercancías, según el archivo judicial. González Pérez fue imputado de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), mediante la cual EEUU ha sancionado a PDVSA, detalló la Fiscalía.. La acusación criminal, que data de 2024, sostiene que González Pérez participó en un esquema para evadir, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, las sanciones impuestas a PDVSA por el gobierno estadounidense, enviando ilegalmente piezas de aeronaves, incluidos motores turbofan Honeywell, a través de terceros en Costa Rica y España. Junto con González Pérez también fueron imputadas nueve personas más, entre ellas Juan David Guerra Viera, director de Aerofalcon.. Los cargos que enfrenta González Pérez pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión, si es declarado culpable. El caso incluye además a otros acusados vinculados a PDVSA y a la empresa costarricense Novax Group SA, quienes están presuntamente implicados en la misma red de exportación ilegal. Los fiscales subrayan en los documentos que se trata de un esfuerzo por hacer cumplir las sanciones estadounidenses.
