La Audiencia ha comunicado cinco cargos delictivos contra Isabel Pardo de Vera, quien fue la ‘número dos’ en el Ministerio de Transportes.
La supuesta red criminal dirigida por el ex secretario del PSOE, Santos Cerdán, llegó a incluir a altos funcionarios importantes del Gobierno que fueron asignados al Ministerio de Transportes, bajo la dirección de José Luis Ábalos. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, levantó ayer el secreto de sumario en la investigación que involucra los registros en los hogares de la ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el ex director general de Carreteras, Javier Herrero. El magistrado los considera figuras clave en la trama de corrupción relacionada con el ajuste de obras públicas. En realidad, el juez Moreno señala a Pardo de Vera y a Herrero como responsables de un crimen de organización criminal, además de los delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Es el segundo juez, junto al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en afirmar que dentro del Gobierno, en el Ministerio con mayor capacidad de inversión, existió una red criminal que, según el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, «incrementó el coste de las obras públicas financiadas por el esfuerzo de todos los ciudadanos». En el caso de Pardo de Vera, ya había sido acusada anteriormente en la Audiencia por la contratación en empresas públicas de Jésica Rodríguez, quien es amiga cercana del exministro José Luis Ábalos. Hasta ahora, la ex presidenta de Adif estaba bajo investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Se añade la implicación de una organización criminal y el cohecho por intervenir en beneficio de los acuerdos económicos fraudulentos. En diversas resoluciones, el juez del Juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia indica que hay pruebas en contra de Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras que muestran un favorecimiento recurrente a varias empresas constructoras, con el fin aparente de obtener contratos públicos de forma supuestamente fraudulenta, a cambio de pagos para el entonces ministro Ábalos y su asesor Koldo García. Además, en el informe que condujo a los registros en los hogares de los ex funcionarios el pasado junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionó a Pardo de Vera con al menos cuatro contratos públicos que los investigadores creen que fueron manipulados. El informe policial, que acompaña la petición realizada a la Audiencia, examina las interacciones de Koldo García, asesor de Ábalos, con Pardo de Vera. Se concluye que tanto García como Santos Cerdán, ex número 3 del PSOE, intentaron impulsar a Pardo de Vera para que pudiera ejercer más influencia en las concesiones que les beneficiaban. «Todas estas pistas podrían haber motivado el interés tanto de Santos Cerdán como de Koldo para promover a Isabel Pardo de Vera al puesto de Secretaria de Estado», señala el documento de la UCO. Las cuatro obras que mencionan los investigadores son: un proyecto del AVE en Extremadura, obras en la estación del AVE en Elche, un proyecto de integración ferroviaria en Sant Feliú de Llobregat (Barcelona) y una obra de emergencia a la constructora Levantina (LIC), que se encuentra bajo sospecha.
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La Audiencia ha comunicado cinco cargos delictivos contra Isabel Pardo de Vera, quien fue la ‘número dos’ en el Ministerio de Transportes.
