El fallo del Tribunal Supremo sobre el censo electoral fue tratado con falta de respeto por el gobierno, que criticó al PP y a Vox.
Fantasmas, ruido de grilletes, voces, espíritus…. son elementos que suelen asociarse a los palacios. En el Palacio Real, este 12 de octubre, había ilusión. Dos aspirantes a reinar políticamente en España en los próximos años. En este duelo a caballo y lanza, sin embargo, ambos son prisioneros de sus escuderos. Tanto Pedro Sánchez como Alberto Núñez Feijóo desbordaron optimismo de cara al 29-N, pero la justa la libran a cuatro manos, pues necesitarán de pactos con Vox y la formación que surja a la izquierda del PSOE para poder lograr su meta. Los socialistas, que parten con desventaja según las encuestas, suman a su hoja de ruta de chincheta en la silla para movilizar a la izquierda la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión del voto para la llamada ley de nietos, lo que dejará sin papeleta a 163.020 personas.
«Dislate», «despropósito», «atropello»… son sólo algunos de los calificativos que salen del Gobierno para valorar el dictamen del Alto Tribunal. Hay enfado, malestar, una vez más, con los jueces. La indignación, según señalan miembros del Ejecutivo, entre otros motivos, proviene porque no se ha suspendido la nacionalización de estas 163.020 personas -«la ley de nietos lo que hace es nacionalizar», dice un miembro del Gobierno-, sino que se les que quitado el derecho a voto, «consustancial al hecho de ser españoles». «Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda», se lamentó Sánchez en conversación informal con los periodistas durante la recepción ofrecida por los Reyes con motivo de la Fiesta Nacional. «No se puede sustraer ese derecho, llevan votando sin ninguna duda desde 2023. Señalo como responsables a Feijóo y Abascal». Fue el partido de Santiago Abascal y Iustitia Europa quienes recurrieron, no así el PP.
La Ley de Memoria Democrática se aprobó en octubre de 2022, y es esta norma, en su disposición adicional octava, la que contempla una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual. «Es algo que nos desconcierta. Se les impidió votar porque no hubo democracia en 40 años de Dictadura. Y ahora que estamos en una etapa democrática donde ya han votado, ahora no podrán votar», señaló Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, quien ironizó con el hecho de que el Supremo adoptase la decisión un 12 de octubre. «Podríamos decir que son casualidades, pero poco creíbles».
Esta decisión del Supremo permite a los socialistas incrementar la intensidad de una campaña plebiscitaria: o ellos o nosotros. La hoja de ruta de las generales de 2023, pero con mas energía. El cuidado que vienen… dedicado a Feijóo y Abascal. «Llevan años pidiendo elecciones y ahora lo que quieren es que la gente no vote. No quieren que miles de españoles, descendientes de los exiliados por la Guerra Civil y la dictadura, puedan votar. De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Quieren llevar su proyecto de involución hasta uno de los derechos más fundamentales de nuestra democracia: el derecho al voto. En una democracia, los derechos se protegen, no se destruyen como quieren hacer PP y Vox. ¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?», esgrimen fuentes socialistas.
«En unas elecciones no puede haber dudas sobre el censo. Ninguna», contrapuso Feijóo. «El Supremo ha vuelto a poner límite a la irresponsabilidad del Gobierno y ha antepuesto el bien común a sus prisas y a sus chapuzas».
En plena precampaña cada decisión, cada causa sobrevenida es un factor a tener en cuenta. Sánchez y Feijóo presumen de tener a sus partidos «enchufados». «El partido, internamente, está conectado como nunca», resumen miembros del Gobierno. El análisis que hacen algunos es que por creencia o por alivio -convocar las generales ahora antes de las municipales y autonómicas- hace que todos se vean obligados a remar. «Veo una movilización del votante progresista como no veía desde 2019, mucho más que en 2023», diagnosticó Sánchez. Una visión que también comparte Feijóo, pero con el prisma desde Génova: «Con lo que estoy más contento es que veo al partido más enchufado que en 2023», asumiendo que sus cuadros venían desfondados de las municipales y las autonómicas.
El optimismo de Sánchez y Feijóo, no obstante, tiene un condicionante: tendrán que pactar en caso de poder gobernar. El PSOE lo tiene más complicado, a día de hoy, pues aún no se ha conformado el espacio a su izquierda. Hay inquietud entre los socialistas para que haya un nombre, un partido, o partidos, a los que referirse, de manera también que además de tener una referencia de socio y de voto, quienes aparecen como indecisos o en la abstención en las encuestas empiecen a salir de esos estancos y sumen en la movilización y papeletas de la izquierda. «La unidad está en la calle», lanza Sánchez.
Feijóo sí conoce la voz y rostro de su competidor. Vox está muy fuerte en la encuestas. El quid es saber si eso merma el músculo de los populares. Así lo analizó Feijóo en conversación con los periodistas: «Que Vox suba 3 o 4 puntos y que el PP se mantenga es algo inaudito en Europa. No bajamos de lo que conseguimos en 2023. El voto del cambio es el PP». Y sobre cómo debe ser su relación con Abascal, zanja: «Cordón sanitario no, pero cordón umbilical tampoco».
Esa fortaleza de Vox es vista, al menos de momento, con buenos ojos por los socialistas, que creen que puede quitarle escaños a los populares.
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El fallo del Tribunal Supremo sobre el censo electoral fue tratado con falta de respeto por el gobierno, que criticó al PP y a Vox.
