La AIPI admite que la falta de recursos puede mermar «la capacidad de absorción de determinados volúmenes de trabajo» Leer
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Audio generado con IALa CEOE celebrará elecciones el 1 de octubre. Su actual presidente, Antonio Garamendi, ha confirmado su candidatura para un tercer mandato. Y por delante le esperan tres intensos meses de campaña en los que -todo apunta- volverán a resonar los tambores de guerra sucia que ya marcaron otro proceso electoral hace poco más de un año. Fue en las elecciones de Cepyme cuando la patronal española se partió en dos. Y de aquellos barros estos lodos, porque algunas de las acusaciones que entonces se lanzaron contra Garamendi y su equipo directivo han vuelto a salir a la palestra estos días tras conocerse el caso del testigo protegido que ha denunciado a la cúpula de la CEOE ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI).¿Quién denuncia?, ¿a quiénes acusa y de qué?, ¿cómo se están investigando los hechos? y, sobre todo, ¿cómo va a afectar todo esto a las elecciones de la CEOE? Son algunas de las preguntas a las que EL MUNDO da respuesta tras haber consultado con las partes implicadas, a excepción de la dirección de la patronal, que ha optado por no hacer comentarios sobre este asunto, más allá de las declaraciones del propio Garamendi, que ha denunciado públicamente «campañas sucias» en su contra.El denunciante es José Manuel de Riva Zorrilla, empresario y exvicepresidente de Cepyme. Durante las elecciones que enfrentaron a la vallisoletana Ángela de Miguel, impulsada por Garamendi, y al empresario granadino Gerardo Cuerva, hasta entonces presidente de Cepyme, De Riva lanzó una serie de denuncias tanto públicamente como en el seno de la organización sobre supuestas irregularidades en la cúpula de la CEOE. Al sentirse desamparado por la Comisión de Régimen Interno de la patronal, acudió pa la AIPI, donde presentó sus acusaciones el pasado mes de septiembre, justo cuando se creó este organismo.¿Qué denuncia De Riva? En su momento, acusó a varios miembros del equipo directivo de CEOE de diversas irregularidades; entre ellos, el presidente de la asociación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, a quien pidió que se investigara por conflicto de intereses; Ángela de Miguel, actual presidenta de Cepyme, a quien señaló por presunto trato de favor hacia su bufete de abogados… y hasta el propio Garamendi, por abuso de poder y una eventual desviación de fondos. También denunció casos de supuesto acoso laboral en el seno de la patronal.Todas estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la AIPI, que el pasado mes de octubre concedió a De Riva el estatus de «informante protegido». Ante esta Autoridad de reciente creación amplió sus denuncias al secretario general de la patronal, José Alberto González-Ruiz; y a la presidenta de la Comisión de Régimen Interno, María Aránzazu del Valle. Para ambos y para Garamendi pide multas de 300.000 euros e inhabilitaciones de dos años por presuntas infracciones muy graves de la Ley 2/2023 que regula la protección al informante. Para Am
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