La parálisis legislativa lleva al Gobierno y sus principales ministerios a presentarse en las elecciones con reformas y proyectos sin aprobar, algunos desde la anterior legislatura Leer
La parálisis legislativa lleva al Gobierno y sus principales ministerios a presentarse en las elecciones con reformas y proyectos sin aprobar, algunos desde la anterior legislatura Leer
Casi cuatro años en el Gobierno poniendo a prueba las costuras del sistema sin una mayoría estable en el Congreso servirán para explicar en una clase de ciencias políticas que se puede sobrevivir aplicando un manual de resistencia. Y también que las consecuencias pasan por una parálisis legislativa que, empezando por los Presupuestos Generales del Estado, ha reducido al mínimo la acción del Gobierno y dejado en el cajón proyectos que deben volver ahora, o no, a la campaña electoral.. Sea cual sea el resultado electoral del próximo 29 de noviembre, España comenzará 2027 comenzará sin presupuestos diseñados y aprobados por lo que el próximo Gobierno tendrá que decidir si inicia un nuevo proceso presupuestario. Además, deberá resolver qué hace con la reforma de la financiación autonómica, un proceso que negoció prácticamente en solitario con ERC y que el pasado 4 de septiembre aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el apoyo de Cataluña y Canarias y la oposición de otras 13 comunidades autónomas. Al estar esta aprobación sujeta al refrendo posterior del Parlamento, debía haber sido firmada ayer por el Consejo de ministros para su tramitación. Pero no fue así, por lo que el modelo de financiación queda prácticamente en vía muerta, o «reventado» tal y como ayer reconoció el propio Oriol Junqueras.. Yolanda Díaz tiene varias reformas pendientes. Algunas llevan meses en el cajón, como el endurecimiento del registro horario. La vicepresidenta lo planteó como un Real Decreto tras fracasar la reducción de la jornada laboral, pero el Consejo de Estado lo tumbó por modificar aspectos que requieren de una Ley. Según ha podido saber EL MUNDO, Díaz está ajustando los detalles técnicos para sacar del texto todo lo que tenga rango legal y poder aprobar el registro horario, aunque sea modulado, por Real Decreto.. La reforma evitaría así pasar por la Diputación Permanente del Congreso. Y lo mismo sucedería con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que también se aprueba por Real Decreto al ser prerrogativa del Gobierno. Díaz aspira a, al menos, poder dejar pactada con los sindicatos la subida de 2027.. Lo que no va a poder aprobar es la prometida reforma para prohibir a las empresas que esquiven las subidas del salario mínimo mediante la absorción de pluses salariales.. Hay más reformas pendientes: la transparencia salarial, la indemnización por despido, el plan de choque para jóvenes y parados de larga duración o la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas. También decae el Estatuto del Becario, que lleva años atascado, o la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una mesa de diálogo social para abordar la regulación de la inteligencia artificial (IA) y alcanzar «un gran acuerdo de país».. El adelanto electoral tiene en vilo a todo el sector energético. Ahora, la disolución de las Cortes puede congelar lo que quedaba en el cajón. La pieza que más inquieta es la Planificación de la Red de Transporte Horizonte 2030, «fundamental» para anticipar las inversiones en redes y atender el crecimiento de la demanda, según fuentes del sector. Hace apenas tres semanas, la vicepresidenta Sara Aagesen anunció en el Congreso que, tras analizar 2.566 alegaciones, la inversión prevista superaría los 17.000 millones, un 144% más que la planificación vigente.. Ligado a la red está el polémico real decreto de centros de datos, que el Gobierno anunció en pleno agosto con intención de sacarlo adelante en octubre. Aunque el texto se tramitará por la vía de urgencia, y no depende del «sí» del Congreso, el reloj juega ahora en contra del Ejecutivo y a favor del PP. El principal partido de la oposición se ha pronunciado tajantemente en contra de esta norma, que reforzaba los requisitos exigidos a los data center de más de 1 MW antes de otorgarles la conexión a la red. Si Moncloa no es capaz de sacarla adelante antes del 29 de noviembre y, finalmente, Pedro Sánchez pierde las elecciones, morirá antes de nacer.. El gas tampoco escapa a la incertidumbre. El real decreto de impulso del biometano diseñado para fijar una cuota obligatoria de este combustible verde también está en el aire. También está muy pendiente de la cita electoral la cogeneración. El sector abarca en España alrededor de 600 industrias que aprovechan el calor de sus procesos para generar electricidad. Entre ellas, gigantes como Pascual, Azucarera o Viscofán.. Completan la lista la reforma de varios reales decretos para reordenar el acceso, la conexión y la autorización de instalaciones eléctricas y gasistas, así como desarrollos pendientes sobre autoconsumo, almacenamiento y participación de la demanda. España necesita «acelerar la electrificación y atraer nueva inversión industrial», insisten las fuentes del sector. De todo ello dependen las decisiones de inversión, los precios de la energía y el mix del futuro, explican en la consultora BIP Iberia.. Arreglar una lavadora o un portátil iba a ser más sencillo. La ley trasladaba al ordenamiento español dos directivas comunitarias, la del derecho a reparar y la que persigue proclamas ecológicas engañosas. Sin embargo, los plazos de Bruselas ya han vencido, España acumula retraso y el Gobierno que salga de las urnas tendrá que aprobar la norma con urgencia.. Tampoco saldrá adelante el cambio de la ley que regula los juegos de azar y las apuestas, vigente desde 2011. La Dirección General de Ordenación del Juego había empezado a preparar normas más duras para las casas de apuestas, sobre todo las que operan por internet. Al no aprobarse, las casas de apuestas seguirán como siempre.. Tampoco verá la luz la ley de Agricultura Familiar, una de las grandes promesas del Gobierno en 2023 para proteger a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas que llevan las familias, y darles prioridad. Asimismo, el campo tampoco verá la aprobación de cambios en la Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como pedía para que la norma fuera efectiva a la hora de retribuir al sector primario.. En la lista de promesas del Gobierno que ahora decaen figura la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, el organismo que el vicepresidente Carlos Cuerpo había definido como «una pieza clave para todo el trabajo en inclusión financiera». Esta Autoridad, pensada para aumentar la protección de los ciudadanos, y muy especialmente de los mayores y de los clientes más vulnerables en su relación con bancos y aseguradoras prometía resolver los conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo máximo de 90 días, gratis y sin necesidad de recurrir a los tribunales. Se planteó en 2022 con la suma de 600.000 firmas y hasta aquí ha llegado. Por otro lado, Cuerpo sí ha mantenido dentro de uno de los decretos de vivienda la puesta en marcha de la Cuenta de ahorro e inversión Financia Europa, una iniciativa para potenciar el ahorro a largo plazo. Su puesta en marcha requiere de una orden ministerial que Cuerpo debería emitir antes de la celebración de las próximas elecciones generales.. .
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