All universities should enable mechanisms that allow student councils to freeze reading activity.
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El Consejo de Ministros previsiblemente aprobará este martes un real decreto que por primera vez desarrolla expresamente el derecho a la huelga académica de los universitarios. La legitimidad del paro por razones estudiantiles -y no laborales- se estrenó en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu) de 2023, pero ahora se concreta en una norma de rango inferior.
Se trata de una vieja reivindicación de las asociaciones estudiantiles que sólo estaba regulada en algunos campus, como la Universidad del País Vasco. A través del reconocimiento en la norma, en el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, se blinda el derecho a la protesta y se imposibilita que el estudiantado sufra ninguna consecuencia académica por ello, según interpretan fuentes estudiantiles. Eso significa que los alumnos podrán faltar a clase e incluso estar exentos de hacer exámenes cuando convocan el paro académico.
El texto también detalla que el paro académico puede ser total o parcial y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, que deberá ser oída y contribuir a la elaboración de las normativas reguladoras de cada campus.
El procedimiento de declaración del paro académico, en cualquier caso, será efectuado por el órgano de representación del estudiantado.
Todas las universidades deberán habilitar mecanismos que permitan a los consejos de estudiantes paralizar la actividad académica, sin que ello afecte al derecho a docencia y evaluación del estudiantado que no quiere hacer huelga.
Los rectores dan por buenas estas medidas. Los críticos con el Estatuto denuncian que «el texto no establece límites temporales, causa mínima de justificación ni mecanismos de compensación para el resto del estudiantado que ve vulnerado su derecho a recibir docencia». «Esta regulación laxa puede instrumentalizarse con fines políticos ajenos al ámbito académico, como ya ha ocurrido en universidades españolas», advierten fuentes universitarias.
El real decreto se aprueba con Pedro Sánchez haciendo ya precampaña electoral para el 29-N e intentando poner el foco en cuestiones sociales en un momento en que países como Francia, Italia, Bélgica, Portugal o Albania sufren actos de extrema violencia y pillaje en unas protestas que tuvieron como origen el malestar estudiantil y se han extendido para denunciar el alto coste de la vida o la dificultad para acceder a una vivienda.
En España la queja no ha alcanzado tal grado de virulencia y se ha circunscrito a la acampada de la Puerta de Sol y a la huelga indefinida desde el pasado miércoles de los profesores de la Comunidad de Madrid. Pero los docentes han cortado la A-3, se han registrado cargas policiales y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sufrió un escrache, según informa Vicente Coll.
Sánchez no ha hecho ninguna referencia a la huelga de docentes madrileños ni al nuevo derecho de paro académico de los estudiantes tras la firma del Estatuto del Estudiantado Universitario con representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue) y de las Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup) y del Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (Ceune).
España // elmundo
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