En Murcia, actualmente hay 14 disputas legales en las que el Mar Menor, el primer ecosistema autónomo de Europa, está siendo dañado. En mayo del año pasado, en Cartagena, el juicio inaugural en el que un entorno natural sirvió como prueba fue pospuesto momentos antes de que comenzara, debido a la ausencia de un testigo experto crucial. Dentro de ese proceso, el gerente exclusivo de dos organizaciones agrícolas, Ecosarete y Datelio, se desempeñó como juez y se ha retrasado hasta septiembre de 2027 (siempre que esté bajo apelación). El resultado de la situación es incierto, ya que no está claro si este caso o cualquiera de los otros 13 demandas contra agricultores, campos de golf y centros turísticos será el en el que el humedal de Murcia sea presentado por primera vez como demandante en un juicio. Para obtener más información, continúe leyendo.
Los abogados que representan a la laguna argumentan que el reciente fallo del Tribunal de Estrasburgo está rompiendo aún más los precedentes legales y apoya un modelo que están tratando cada vez más de emular en los esfuerzos para proteger otras áreas naturales.
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Ya hay 14 procesos judiciales en Murcia en los que está personada como víctima el Mar Menor, el primer ecosistema de Europa con derechos propios. El pasado mayo, en Cartagena, se suspendió nada más empezar el que iba a ser el primer juicio en la historia en el que un espacio natural actúa como acusación particular, por la incomparecencia de un perito. En aquel procedimiento se sentaba en el banquillo al administrador único de dos empresas agrícolas, Ecosarete y Datelio, y de momento se ha pospuesto a septiembre de 2027 (aunque está recurrido). Así que está por ver si finalmente es este o alguno de los otros 13 procesos contra agricultores, campos de golf y complejos turísticos en el que se estrena el humedal murciano como víctima en un juicio.
Este es el recuento de casos de los abogados del Mar Menor, que explican que todas estas causas judiciales forman parte del denominado caso Topillo, la macroinvestigación contra el uso ilegal de desaladoras en el Campo de Cartagena, una de las prácticas responsables de la contaminación por nitratos de la laguna.
Cuatro años después de que se aprobase en España una ley pionera que dota de personalidad jurídica al Mar Menor, impulsada por un amplio movimiento ciudadano, todavía no está claro como se traducirá este reconocimiento en indemnizaciones y condenas por los vertidos que contaminan este espacio natural único, y hasta qué punto contribuirá a su conservación. Pero, de momento, sí está rompiendo los moldes jurídicos. “El Mar Menor sigue abriendo el camino judicial y cambiando el paradigma jurídico”, incide Sergio Marco, abogado y uno de los juristas de la Universidad de Murcia que impulsaron esta novedosa iniciativa en el ámbito de los derechos de la naturaleza.
El último hito alcanzado ha sido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La semana pasada, la Corte de Estrasburgo adoptó una decisión en la que rechaza una demanda del Mar Menor contra España al considerar que no se han vulnerado los derechos procesales de este ecosistema en los tribunales del país. Paradójicamente, los abogados de la laguna restan importancia al contenido de la resolución, que no limita ni reduce los derechos de la laguna para el futuro, y aseguran que el hecho de que tres jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hayan estudiado una reclamación presentada por un espacio natural resulta ya histórico.
“La demanda de la laguna no fue desechada por no ser una entidad apropiada para traer un caso a este tribunal; la corte acepta que el Mar Menor es una persona jurídica e incluso utiliza la terminología legal ecological person (personalidad jurídica ecológica)”, recalca Mónica Feria-Tinta, abogada británica que ha trabajado con el equipo de juristas de la laguna en la demanda de Estrasburgo. “La decisión de la Corte se centra en tecnicismos, pero en lo que se refiere a la personalidad jurídica del Mar Menor, la puerta del tribunal está abierta”, insiste esta especialista en derecho público internacional. La experta equipara esta reciente resolución sobre la laguna con la sentencia de 1979 a favor del periódico Sunday Times (un fallo histórico a favor de la libertad de prensa), que fue la primera vez que el Tribunal de Estrasburgo reconoció los derechos de una persona no humana.
En concreto, la reclamación del Mar Menor se refería a una de las primeras veces en las que se había aplicado la ley de 2022 que otorga derechos propios a este ecosistema, que establece dos formas de actuación frente a la Administración o la justicia: por medio de los órganos de representación que ejercen como tutores previstos por la normativa o a través del artículo 6, que determina que cualquier persona está legitimada para defender este ecosistema. En 2023, cuando todavía no estaban formados los comités de representación, el juez Raúl Sánchez Conesa, de un juzgado de instrucción de Cartagena, invitó a ecologistas y diferentes entidades a personarse en varias causas por vertidos en representación de la víctima, el Mar Menor. Como detalla Marco, que también es el actual gerente de la laguna (una figura creada a partir de la ley de 2022), “el fiscal no acusaba y, antes de archivar el caso, un juez tiene la facultad de avisar al perjudicado o a la víctima para indicarle que, si no acusa, entonces se cierra el proceso”.
En uno de estos procedimientos, la presencia de estas organizaciones en nombre del Mar Menor evitó que se archivara la causa por el fallecimiento del principal empresario acusado. Sin embargo, posteriormente, la Audiencia Provincial de Murcia tumbó la resolución del juez y dictó que ecologistas y municipios solo podían intervenir como acusación popular (que no cuenta con tantos derechos como cuando se actúa en nombre de la víctima). Una decisión que llevó a la Asociación Alianza Mar Menor (Amarme) a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre de la laguna.
Según detalla Marco, los jueces de Estrasburgo rechazaron la demanda por un tecnicismo. “Estas organizaciones intervinieron como Mar Menor por invitación del juez, no por iniciativa de la laguna, y en Europa se actúa como víctima solo cuando se lleva la iniciativa de la denuncia”. Por otro lado, como incide el gerente y abogado de este ecosistema, después de la presentación de la demanda en Estrasburgo hubo una importante sentencia en 2024 del Tribunal Constitucional, que avaló la ley de 2022 y su artículo 6. Asimismo, en los 14 procesos judiciales en los que está personado el Mar Menor ahora mismo en Murcia, la laguna actúa como víctima a través de la representación de Amarme y otras organizaciones ambientales, habiéndose superado las resistencias que hicieron recurrir a Estrasburgo.
Otra consecuencia de la atribución de derechos propios al Mar Menor es la aparición de cada vez un mayor número de iniciativas que reclaman la misma consideración para otros espacios naturales en España y Europa. Así se ha planteado o se está planteando para Doñana, el delta del Ebro y los ríos catalanes, el estuario de Urdaibai, el mar Cantábrico o más de una treintena de masas de agua europeas. Y justo hoy comienza una campaña para recoger un millón de firmas que busca el reconocimiento de derechos de la naturaleza para ríos, bosques y ecosistemas de toda Europa.
