Actúa como acusación popular contra Mercedes González después de que la UCO revelase que se mensajeó y reunió con Leire Díez, y pide investigar también a Manuel Llamas y a Leonardo Marcos Leer
Audio generado con IAEl Partido Popular ha solicitado a la Audiencia Nacional la imputación de Mercedes González, directora general de la Guardia Civil; de su anteceros, Leonardo Marcos; y de Manuel Llamas, director adjunto operativa (DAO) de dicho cuerpo, «por su presunta colaboración con las cloacas del PSOE».El PP actúa, como acusación popular unificada en el caso Sepi, «tras confirmarse que Mercedes González mantuvo tres reuniones con Leire Díez», quien presumía de tener «control absoluto» sobre la directora general. Los populares inciden en que Leonardo Marcos y Manuel Llamas ordenaron a mandos de la UCO «ponerse de perfil» y a «no ser proactivos» en causas con «afectación política», señalando específicamente el caso del hermano del presidente del GobiernoLos populares han presentado este escrito de nuevas diligencias ante el Tribunal Central de Instancia Plaza número 5, después de que el juez haya aceptado, este miércoles, la citación como testigos de los fiscales Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera, que también se reunieron, en la sede de la Fiscalía General del Estado, con las cloacas del PSOE.Hay que recordar que la directora de la Guardia Civil y la fontanera Leire Díez contactaron la misma mañana en que se ordenó la apertura de una investigación interna a la Unidad Central Operativa (UCO) a raíz de la publicación, en EL MUNDO, de los whatsapps de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Así consta en el último informe que esta unidad remitió al juez de la Audiencia Nacional que investiga las maniobras para sabotear las investigaciones que afectaban al Gobierno.El 11 de mayo de 2025, tras la publicación de los mensajes del presidente con el ex ministro ee Transportes, se produjeron dos contactos por whatsapp entre Mercedes González y Leire Díez, a las 9.16 horas. El primero «resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva», indica el informe. El segundo rastro de la aplicación de mensajería «resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas».Dos horas después, el DAO citó al jefe de Seguridad de la Guardia Civil en una cafetería de la Dirección General, para proponerle que instruyera la investigación interna contra la UCO, en busca del presunto filtrador. Al día siguiente, portavoces del PSOE y del Gobierno -incluida la entonces número dos, María Jesús Montero- pidieron investigar la procedencia de los mensajes, apuntando con claridad a la UCO, que era la que tenía el deber de «custodia».La presión aumentó. Cuatro días después, el 16 de mayo, el jefe de la UCO reconoció que el instructor de la investigación interna le había confesado que «el DAO estaba recibiendo muchas presiones políticas» para llevar adelante la investigación interna. Pero el juez del SupremoLeopoldo
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