La Dirección General de Patrimonio ordenó obtener «el mayor valor» de los inmuebles, aunque el Ministerio señala que se están teniendo en cuenta «las políticas públicas de vivienda» Leer
La Dirección General de Patrimonio ordenó obtener «el mayor valor» de los inmuebles, aunque el Ministerio señala que se están teniendo en cuenta «las políticas públicas de vivienda» Leer
La actual cruzada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministros de ambos partidos de la coalición en contra de hacer negocio con la vivienda se contradice con actuaciones del propio Ejecutivo, incluido el Ministerio de Hacienda.
La dirección general del Patrimonio de este Ministerio lanzó en febrero de 2023 el llamado Programa para la puesta en valor de los activos del Patrimonio del Estado para el periodo 2023-2030, que sigue vigente. Incluye la puesta en venta de miles de viviendas y solares con el objetivo declarado de obtener «el mayor valor» «de forma que se programe la enajenación de los inmuebles en el momento del ciclo inmobiliario más favorable». Matiza que, en la búsqueda de la máxima rentabilidad en la planificación de las operaciones, no hay que llegar «a tomar en consideración parámetros de carácter especulativo».
Esta actuación de búsqueda de ingresos aprovechando los altos precios es coherente con las declaraciones de la entonces titular de Hacienda, María Jesús Montero, y su sucesor, Arcadi España, en favor de luchar contra el déficit y la deuda pública en estos años, pero no con la retórica actual en contra del elevado coste de la vivienda. «Hay que poner orden y humanidad a un mercado que, si no controlamos, acabará destruyendo a nuestra sociedad», afirmó por ejemplo Sánchez el pasado 2 de octubre en contra, en apariencia, de que el Estado se sume a aprovechar los altos precios de la vivienda.
En el plan se prevé vender, hasta 2030, cerca de 20.000 inmuebles, de los cuales más de 16.000 de carácter «rústico». Se trata de rentabilizar suelos, fincas, locales, oficinas y pisos que no son necesarios para la Administración y, según el documento oficial, uno de los problemas es «la necesidad de realizar una intensa actividad de defensa frente a usurpaciones y ocupaciones de particulares». No obstante, en los últimos informes de actividades de Patrimonio desde 2023 se asegura que se ha avanzado en el plan con ventas mediante subastas o adjudicaciones directas, entre otras vías.
Fuentes del Ministerio de Hacienda puntualizan a EL MUNDO que no se practican solo ventas, aunque aún pueden verse subastas públicas en la Dirección General de Patrimonio. «El actual Plan ya contemplaba la posibilidad de dedicar los inmuebles al desarrollo de otras políticas públicas, en especial, la de vivienda». Y aseguran que, «en esta línea, y tras la creación de CASA 47 [la empresa estatal de Vivienda], la Dirección General de Patrimonio está actualmente orientando su actividad a la articulación de dos políticas estatales que se nutrirán, para su implementación, tanto de inmuebles rústicos, como urbanos». Lo que puede transformar por completo el plan es la convalidación de los decretos llamados Maricarmen por la desahuciada anciana fallecida Maricarmen Abascal.
El primer decreto, el que puede apoyar el PNV, contempla en su artículo 12 que Hacienda ceda a la empresa estatal del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez «inmuebles del Patrimonio del Estado susceptibles de destinarse a la política de vivienda». Hasta ahora, el plan de rentabilizar las propiedades inmobiliarias ha reportado ingresos a Hacienda en línea con lo programado y se ha ido ejecutando de forma gradual en función del ciclo inmobiliario. «En 2024 se han celebrado 60 subastas para la enajenación de bienes; en ellas se han ofertado un total de 1.210 inmuebles, 1.093 de naturaleza rústica y 117 de naturaleza urbana, con un importe total de tipos de salida de 3.858.724,59 € y 11.344.262,21 € respectivamente», se afirma en el informe de Patrimonio correspondiente a ese año, el último disponible.
También «se ha acordado la enajenación, mediante orden ministerial, de 1.148 inmuebles, en expedientes tramitados por los Servicios Centrales y las Unidades de Patrimonio de las Delegaciones de Economía y Hacienda, por un importe total de 15.337.700,86 €, de los que 5.191.575,30 € corresponden a las enajenaciones de 1.051 fincas rústicas y 10.146.125,56 € a las de 97 inmuebles urbanos». Esa actividad se complementa con «adjudicaciones directas sin mediar subasta previa», de un total de 148 inmuebles, 119 de ellos de naturaleza rústica y 29 de naturaleza urbana.
¿Cómo se adjudican directamente a terceros bienes del Estado sin subasta ni concurso? «Los supuestos de enajenación directa están claramente tasados», se afirma en el programa. Entre ellos, la «venta a copropietarios; a propietarios colindantes, en determinadas condiciones» o «cuando fuera declarada desierta una subasta pública, o ésta resultase fallida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones por parte del adjudicatario». También «cuando, por razones excepcionales, se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante», describe sin más detalles.
En Hacienda inciden en que se ha ido cambiando la filosofía del programa de 2023 al tener en cuenta las nuevas políticas del Gobierno. «En lo que respecta a los inmuebles urbanos, la política de generación de vivienda asequible, desarrollada a través de CASA 47», señalan. Y «en relación con las fincas rústicas, el proyecto de Plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias, gestionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que trata de potenciar el acceso a la propiedad agraria de ciertos colectivos (mujeres, jóvenes)».
Este diario publicó también el pasado día 16 que el Gobierno ha frenado un plan de este mismo año de venta total de su patrimonio inmobiliario por parte de otra entidad pública, Muface. Su programa ha sido vender al mejor precio posible para pagar pensiones de los mutualistas, pero se ha visto también afectado por la nueva política impulsada en esta recta final de legislatura, tras ocho años en el poder.
Actualidad Económica // elmundo
