Los responsables administrativos sugieren una «simplificación profunda» de los procedimientos para la construcción de residencias y presentan un plan que va más allá de los órganos legislativos y los gobiernos
Los responsables administrativos sugieren una «simplificación profunda» de los procedimientos para la construcción de residencias y presentan un plan que va más allá de los órganos legislativos y los gobiernos
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La crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España lleva años gestándose y la solución no es sencilla ni rápida. Con el país a punto de acudir a las urnas, el nuevo Gobierno que surja de ellas tiene por delante afrontar un problema con múltiples aristas, desde el déficit de un millón de viviendas (según el Banco de España) hasta la inseguridad jurídica o las dificultades de jóvenes y migrantes para acceder al alquiler.
La urgencia apremia a cientos de miles de personas de todo el país y una de las grandes cuestiones es cuánto tiempo sería necesario para darle la vuelta a la situación actual y qué medidas harían falta para revertir la crisis. En la parte que le compete, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España ha puesto sobre la mesa un documento de trabajo que constituye una suerte de hoja de ruta con 30 líneas de actuación para darle la vuelta al modelo actual hasta convertirlo en un modelo viable en un plazo de 20 años.
El documento, que se presentó ayer en Madrid con el título Informe sobre la vivienda. Política integral para un problema social, propone una política integral según la cual en la próxima legislatura se podrían empezar a poner los pilares de un proyecto a medio y largo plazo con el que cambiar la situación residencial en España. Según el Consejo, la crisis de la vivienda «no es un problema de un Gobierno ni de una legislatura, es un problema de Estado que arrastramos desde hace setenta años», aunque mirando los casos de Viena, Singapur y Países Bajos, consideran que hay solución. «Ninguna llegó en cuatro años; todas llevan décadas de continuidad institucional», apuntan. Eso sí, advierten de que se necesita continuidad en la aplicación. «La solución no es un decreto, sino un sistema. Hacen falta suelo, agilidad administrativa, seguridad jurídica y construcción sostenida, todo a la vez. España tiene el suelo, el conocimiento, los profesionales y la financiación para resolver este problema», recogen.
Para todo ello, el presidente del Consejo, Fernando Jesús Santiago Ollero, establece como imperativo alcanzar un gran pacto de Estado, trasladar a las administraciones públicas y no a los caseros los costes de protección de vulnerabilidad frente a los desahucios y abordar una «simplificación profunda» de todos los trámites que requiere la construcción de nuevas viviendas para reducir el tiempo y los costes que conlleva todo el proceso. «La primera gran condición es la reforma administrativa para simplificar al máximo y liberalizar suelos. Suprimir trámites redundantes, que hay muchos, y eliminar las esperas entre organismos. Hay que acabar con la España del ‘vuelva usted mañana’ y con la costumbre de pedirdos y tres veces de los mismos papeles», aseguró ayer durante la presentación del análisis.
El directivo se mostró confiado en la eficacia del plan que trasladarán a todas las fuerzas políticas e insistió en la urgencia de ponerlo en marcha desde el día uno del nuevo Gobierno que salga de las urnas, sea cual sea su color político. Según la hoja de ruta creada por la institución, hay tres ventanas de ejecución: los 100 primeros días del nuevo Ejecutivo, en los que tendrían que reforzar la coordinación entre administraciones urbanísticas, iniciar la auditoría de cargas administrativas, aprobar el marco normativo de contratos escritos y de causa objetiva en el alquiler de temporada, iniciar la revisión de la normativa de arrendamientos urbanos desde 2019 y anunciar la puesta en marcha del sistema de garantía frente al impago.
En la segunda ventana, que sería la primera legislatura, habría que poner en marcha el sistema nacional de indicadores, aprobar el Programa Nacional de Producción Residencial con prioridad territorial, completar el Inventario Nacional de Suelo, reformar la normativa de transformación urbanística, desplegar el expediente digital único en las provincias prioritarias, consolidar la línea presupuestaria de rehabilitación, implantar el sistema de garantía frente al impago y la compensación automática al pequeño propietario y desplegar el registro estadístico de rentas reales.
La tercera ventana, de 20 años, sería el momento de la verdad, el de certificar que el modelo residencial de España ha cambiado, para lo cual es necesario consolidar un parque de vivienda pública y asequible protegido permanentemente, mantener el marco estable de colaboración público-privada, garantizar la continuidad presupuestaria de la producción residencial más allá de los ciclos electorales e institucionalizar la evaluación continua del sistema como mecanismo de rendición de cuentas independiente del color político de cada gobierno.
A medio plazo, en un horizonte temporal de 10 años, creen que habría que aproximar sensiblemente la producción anual de vivienda a la creación anual de hogares, incrementar de forma apreciable el parque público y asequible (actualmente en torno al 3%, frente al 9% de media en Europa), elevar la tasa de emancipación juvenil, reducir el sobreesfuerzo de los hogares en alquiler, aumentar el número de contratos protegidos frente al impago e incrementar de forma sostenida la rehabilitación anual.
En lo que atañe directamente a los gestores administrativos, el Consejo plantea la posibilidad de abrir una mesa de trabajo liderada por el Ministerio y las comunidades autónomas para el desarrollo del expediente digital único, la reducción de cargas administrativas y la implantación del sistema nacional de indicadores del ciclo residencial que permitiría agilizar los desarrollos y promociones con los que poner nuevas unidades en el mercado.
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