El Gobierno cambia por la puerta de atrás el cuerpo electoral en un proceso sin precedentes que suscita dudas Leer
El proceso iniciado por el Gobierno para conceder masivamente la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles de origen mediante una disposición en la Ley de Memoria Democrática doblará de golpe el cuerpo electoral exterior y desbordará con creces las proyecciones de población. Desde la aprobación de esta norma, en octubre de 2022, el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) ha crecido un 20%, pasando de 2,2 a 2,7 de millones de ciudadanos con derecho a voto. Las cifras previsiblemente se duplicarán cuando los consulados terminen de tramitar las peticiones de 2,4 millones de personas que quieren ser españolas en virtud de la también llamada Ley de nietos.El CERA, que hasta ahora tenía más carga emocional que peso electoral efectivo, pues la participación era baja y los cambios de escaño provocados por este voto eran excepcionales, se ha convertido en protagonista del debate político. Si en 2000 no llegaban al millón los electores en el extranjero, esta cifra subirá hasta rozar los cinco millones de españoles con derecho a voto residentes en otros países. En otras palabras, si el censo electoral de españoles residentes en España lo forman 35,7 millones de ciudadanos, vendría a ser el equivalente al número de electores que hay inscritos sólo en la provincia de Madrid.Si se tiene en cuenta que las denegaciones a las peticiones de nacionalidad no superan el 2% y si se mantiene la participación del 10% que hubo en las pasadas elecciones generales, estos cerca de cinco millones de electores se traducirían en casi medio millón de votos procedentes del extranjero que podrían tener efecto, sobre todo, en las circunscripciones pequeñas.A ellos se podrían sumar, por otro lado, los casi 800.000 inmigrantes latinos que han solicitado la regularización y que en un par de años estarían en disposición de reclamar también la nacionalidad española.La combinación de ambos procesos no tiene precedentes en España y se produce en plena reflexión sobre el efecto de la inmigración en el sostenimiento de los servicios públicos, azuzada además por las sospechas de fraude en el sistema electoral en favor del PSOE promovidas por Vox y alentadas por el PP. Más allá de eso, el problema adquiere una dimensión democrática por el volumen del proceso.Fue el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien reveló el pasado abril en México que 2,45 millones de descendientes de españoles habían solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática y que, hasta marzo de este año, se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los que se habían aprobado ya 545.000. De ellos, se cerraron a esa fecha 306.500 inscripciones en el registro consular, el último paso para la nacionalidad.El plazo para presentar las solicitudes concluyó en octubre de 2025, tras haberse prorrogado, pero hay tantos expedientes pendientes de tramitar que los consulados están al borde del colapso
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