Iustitia Europa quiere que las urnas del 29 de noviembre no se abran. Su presidente, Luis María Pardo, lo planteó en Horizonte, el programa de Cuatro, y lo ligó al censo electoral, que debe publicarse el 12 de octubre y que, según su versión, llegará con un problema de fondo sin resolver.. El origen está en la ley de nietos. Pardo recordó que el Tribunal Supremo suspendió el 10 de septiembre los efectos electorales de más de 415.000 inscripciones y sostuvo que la abogacía del Estado no llegará a tiempo para ejecutar esa decisión: «No puede dar cumplimiento al auto del Supremo».. Con ese escenario, el abogado desveló el paso que dará su organización. «Vamos a solicitar la suspensión de las elecciones», confirmó. Pardo situó la petición en el contexto del adelanto electoral de Pedro Sánchez, tras el rechazo de dos decretos de vivienda en el Congreso, e insinuó que la convocatoria no fue casual.. Su planteamiento, añadió, tiene que ver con las cifras y con el calendario: «Entendemos que puede existir un posible fraude y ahora es cuando toca moverse», señaló. Calculó que al menos 400.000 personas sin derecho a voto podrían ejercerlo y avisó de que, pasado el 29 de noviembre, ya no habrá margen para hacer nada.. Pardo cerró con el escenario que más le inquieta, el posterior a las urnas. Según su razonamiento, sería muy complicado revertir ese voto y, si se mantuviese, Sánchez podría impugnarlo. «Este es el problema, por un lado y por el otro», concluyó.
El abogado sostiene que el censo del 12 de octubre incluirá a unas 400.000 personas sin derecho a voto y alerta de un posible fraude antes del 29-N.
Iustitia Europa quiere que las urnas del 29 de noviembre no se abran. Su presidente, Luis María Pardo, lo planteó en Horizonte, el programa de Cuatro, y lo ligó al censo electoral, que debe publicarse el 12 de octubre y que, según su versión, llegará con un problema de fondo sin resolver.. El origen está en la ley de nietos. Pardo recordó que el Tribunal Supremo suspendió el 10 de septiembre los efectos electorales de más de 415.000 inscripciones y sostuvo que la abogacía del Estado no llegará a tiempo para ejecutar esa decisión: «No puede dar cumplimiento al auto del Supremo».. Con ese escenario, el abogado desveló el paso que dará su organización. «Vamos a solicitar la suspensión de las elecciones», confirmó. Pardo situó la petición en el contexto del adelanto electoral de Pedro Sánchez, tras el rechazo de dos decretos de vivienda en el Congreso, e insinuó que la convocatoria no fue casual.. Su planteamiento, añadió, tiene que ver con las cifras y con el calendario: «Entendemos que puede existir un posible fraude y ahora es cuando toca moverse», señaló. Calculó que al menos 400.000 personas sin derecho a voto podrían ejercerlo y avisó de que, pasado el 29 de noviembre, ya no habrá margen para hacer nada.. Pardo cerró con el escenario que más le inquieta, el posterior a las urnas. Según su razonamiento, sería muy complicado revertir ese voto y, si se mantuviese, Sánchez podría impugnarlo. «Este es el problema, por un lado y por el otro», concluyó.
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