Análisis de la carga ideológica del decreto ley de vivienda para controlar los alquileres Leer
La desventura de la anciana Mari Carmen Abascal, que reúne muchos de los ingredientes del manual político de agitación sentimental al que recurren los partidos, ha precipitado el inicio de la batalla en el seno de la izquierda con la que Sumar y Podemos intentan recuperar, enarbolando la bandera de la vivienda, parte de los votantes que Pedro Sánchez captó haciendo del PSOE la casa común «progresista». Ante este movimiento táctico de supervivencia, con Ada Colau regresando a escena, Sánchez ha respondido aprobando por vía de urgencia un real decreto-ley de renovación automática de los alquileres que está preñado de ideología colectivista, apología del intervencionismo y ataques a la propiedad privada. Un intento de dejar a Sumar y Podemos sin argumentos que, a la vez, inventa un nuevo género en las campañas electorales: el del decreto-manifiesto.. «La vivienda se ve afectada por unas condiciones de mercado imperfectas […] La ley de la oferta y la demanda no garantiza por sí misma las condiciones mínimas y necesarias de un derecho efectivo de acceso a la vivienda en los términos que recoge la Carta Magna en su artículo 47, que reconoce el derecho de toda la ciudadanía al acceso, disfrute y permanencia en una vivienda digna y adecuada».. Desde las primeras líneas, el decreto deja clara su voluntad de ir a la batalla cultural, agitando la vieja guerra de clases entre propietarios e inquilinos, otra representación de las dos Españas de las que habla el sanchismo, y de modificar las normas del libre mercado. Plantea una falsa dicotomía entre mercado y regulación. Así, utiliza el artículo 47 para dotar al texto de una supuesta fidelidad al espíritu y a la letra de la Constitución, transformando un principio constitucional como el derecho a la vivienda en un mandato político concreto sobre la intervención en el libre mercado y en las relaciones privadas entre el arrendador y el arrendatario. Para ello, subraya el artículo 47, pero omite el artículo 33 de la Carta Magna, que eleva a derecho la propiedad y la herencia y proclama su función social, así como el artículo 38, que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y establece que los poderes públicos deben garantizar y proteger su ejercicio. La Constitución, por tanto, plantea la cohabitación entre el derecho a la vivienda y los derechos a la propiedad y al libre mercado, así como la necesidad de buscar un equilibrio entre estos preceptos. El decreto de Sánchez, en cambio, plantea la imposición de uno sobre los demás y siembra sospechas sobre la legitimidad de uno de los pilares de toda sociedad libre: la propiedad privada, limitada en el decreto a «su función social».. «La crisis actual es poliédrica y multicausal, pero no se entiende sin retrotraerse a la anterior crisis inmobiliaria, la del año 2011. Y cumple con todas las características para ser catalogada como una emergencia habitacional. Esta situación implica una clara demanda social a favor de la regulación».. Como es costumbre en Sánchez, el presidente sin responsabilidades políticas ni morales, el decreto intenta quitarse el peso de la culpa ante la actual crisis del mercado y la sitúa en el año 2011, con la explosión de la burbuja inmobiliaria provocada por la crisis de las hipotecas subprime. ¡La culpa es del mercado! «Viva el mal, viva el capital», cantaban los elektroduendes en la Bola de Cristal, aquel programa infantil de las mañanas del felipismo. Ahora, en los estertores del sanchismo, en cambio, nada importan los ocho años de gobiernos del PSOE, Sumar y Podemos -recuerden, los «más progresistas de la historia», según sus fieles propagandistas-, en los que apenas ha construido vivienda social, ni que en Barcelona gobernara durante ocho años Ada Colau o que en Madrid fuera alcaldesa Manuela Carmena entre 2015 y 2019. Los elevados precios, la falta de oferta y los desahucios se deben a un problema estructural que, de repente, y gracias a que Mari Carmen despertó las conciencias aletargadas del pueblo español, el Gobierno va a solucionar, esta vez sí, a base de decretos. El texto también hace mención a una supuesta «mayoría social» a favor de la regulación, cuando el 73,3% de la población vive en una vivienda en propiedad, y convierte esa «voluntad popular» en una fuente de legitimidad política situada por encima de las mayorías parlamentarias.. «Mari Carmen no es solo un número. Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna».. Franquismo y machismo. Dos de los argumentos habituales y efectivos de la izquierda en su guerra cultural que, en el caso de Mari Carmen, serían los responsables, junto con el libre mercado y los «fondos buitre» de que su precaria situación. Al emplear términos tan rotundos como «dictadura» y «retrógrada» el Gobierno subraya la profundidad de la carga ideológica del decreto. Es especialmente contradictoria la referencia al franquismo, ya que la intervención del Estado en el mercado del alquiler que reclama la izquierda y apunta el Gobierno -con unos alquileres que, en la práctica, pueden ser vitalicios y subvencionados- es un regreso nostálgico al alquiler protegido, a los contratos indefinidos y a las subrogaciones, conocido popularmente como alquiler de renta antigua, que instauró Franco en 1946. Junto a esta llamativa nostalgia del proteccionismo franquista que manifiesta la izquierda española, la presentación de Mari Carmen como víctima del machismo vincula el mercado a la «estructura patriarcal». El capitalismo aparece así como otra estructura de opresión machista.. «Mari Carmen es el símbolo de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda. Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización».. En el reparto de culpas ajenas al Gobierno, el decreto señala a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento como responsables del desahucio de Mari Carmen por no aplicar la ley vigente. Es decir, a pesar de su intención de regular con urgencia el mercado, el Ejecutivo socialista admite que quizá ya existe una normativa vigente que garantiza el derecho a la vivienda. Este ataque velado a la derecha política se extiende a la derecha judicial al señalar la desatención a la «solicitud» de la ONU para paralizar el desahucio. De nuevo, aparece la sombra del lawfare y el mensaje de que la justicia española está alejada de los estándares democráticos internacionales.. «La consolidación de la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar es una de las prioridades políticas y de gestión del Gobierno de España».. Aunque breve, esta consideración tiene un fuerte contenido político porque sitúa la vivienda al mismo nivel simbólico que la sanidad, la educación, las pensiones o los servicios sociales básicos. Sin embargo, el decreto-ley no concreta el significado de esta medida ni su alcance institucional. De ahí que el texto no resuelva la duda de si estamos ante una transformación efectiva del sistema de vivienda, ante «un cambio de paradigma», o ante una metáfora monclovita destinada a reforzar un discurso electoral que promete grandes transformaciones, pero que solo propone la intervención del mercado.. «La continuidad del contrato de alquiler pasa a ser la regla y su extinción una decisión expresa del arrendador […] La medida no restringe la oferta de vivienda en alquiler ni altera el equilibrio de las prestaciones del contrato».. Este párrafo sintetiza la filosofía del decreto: la transformación del modelo de relaciones sociales y comerciales que supondría su ampliación y, a la vez, la forma en que el Gobierno trata de enmascarar sus intenciones. Al poner como prioridad la continuidad del contrato de alquiler mientras el arrendatario lo desee, incluso con multas de hasta doce mensualidades al arrendador que no lo respete, se invierten los papeles actuales. El propietario, sospechoso ante el Estado y la sociedad de ser un buitre, tenga un fondo o no, pierde derechos frente a su inquilino y debe asumir, como una obra social de obligado cumplimiento, la obligación de no obtener apenas beneficio de su contrato. Así, la libertad contractual permanece formalmente, pero deja de operar en igualdad de condiciones. Asimismo, al afirmar el decreto que la medida no altera el equilibrio de las prestaciones del contrato, el Gobierno contradice la literalidad del propio decreto y se coloca a la defensiva al negar las restricciones a la propiedad privada que defiende negro sobre blanco.
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