El Ministerio de Sanidad quiere incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por vía farmacológica a la cartera común de servicios de la atención primaria. La medida, en la que ahora trabaja este departamento, busca reforzar el derecho al aborto en la sanidad pública, reducir las desigualdades territoriales y evitar que las mujeres tengan que desplazarse a clínicas o centros hospitalarios —casi siempre privados en algunas comunidades, como Madrid—, o incluso a viajar a otras autonomías, para someterse al procedimiento.. Seguir leyendo
Mónica García anuncia la iniciativa con el objetivo de reforzar el derecho a la interrupción del embarazo, reducir las desigualdades territoriales y evitar que las mujeres tengan que acudir a clínicas u hospitales
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El Ministerio de Sanidad quiere incorporar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) por vía farmacológica a la cartera común de servicios de la atención primaria. La medida, en la que ahora trabaja este departamento, busca reforzar el derecho al aborto en la sanidad pública, reducir las desigualdades territoriales y evitar que las mujeres tengan que desplazarse a clínicas o centros hospitalarios —casi siempre privados en algunas comunidades, como Madrid—, o incluso a viajar a otras autonomías, para someterse al procedimiento.. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, esta mañana en un encuentro con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, titulado Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso. “Queremos que las mujeres que elijan este método, cuando sea adecuado para su situación, puedan acceder a él desde sus centros de salud. Con información clara, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha señalado la ministra.. Para que la medida pueda salir adelante, Sanidad modificará el real decreto que regula la autorización de las prácticas que pueden realizar los centros sanitarios, con el objetivo de adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud. También iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito hospitalario. El ministerio también actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para incluir expresamente este servicio de atención primaria.. El aborto farmacológico funciona con una primera toma oral de mifepristona (200 mg) que bloquea la progesterona, la hormona que sostiene la gestación, para detener el desarrollo del embarazo y desprender el tejido uterino. Entre 36 y 48 horas después, la paciente toma el segundo fármaco, que provoca contracciones en el útero y sangrado para expulsar el contenido gestacional de forma similar a un aborto espontáneo.. Sanidad deberá negociar esta iniciativa con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, han confirmado fuentes de este departamento. El ministerio también trabajará con los profesionales sanitarios para desarrollar los cambios que requiere la iniciativa.. “Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso. Ahorrarte un desplazamiento, saber a quién llamar si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y te acompaña es algo fundamental”, ha declarado la ministra.. Sanidad recuerda que, en 2024, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Sin embargo, ha recordado García, algunas comunidades autónomas ya han conseguido integrar mayoritariamente esta atención en la sanidad pública: “Tenemos experiencias que funcionan y profesionales que saben cómo hacerlo”.. Durante su intervención, la ministra ha defendido que el acceso efectivo al aborto debe estar garantizado en todo el territorio y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar la prestación. También se ha referido a la campaña institucional presentada recientemente por Sanidad y ha reivindicado el respeto a las distintas formas de vivir una interrupción del embarazo: “Ninguna mujer tiene que demostrar que lo está pasando mal para que su decisión sea legítima”.
