Buxadé indica que su partido entregó una carta el viernes advirtiendo sobre el vacío en la «ley de los nietos»; actualmente, los hijos de los votantes suspendidos pueden participar en las elecciones.
Hay en este momento 163.020 personas con pasaporte español que, en principio, no podrán votar el próximo 29 de noviembre porque el proceso por el que obtuvieron la nacionalidad -al amparo de la denominada ley de nietos y las instrucciones que la desarrollan- ofrece dudas al Tribunal Supremo. Sin embargo, EL MUNDO ha contado este lunes que se da la paradoja de que sus descendientes sí podrán votar, incluso si accedieron al pasaporte español solamente por ser hijos de esos nacionalizados que ahora no entran en el censo electoral.
Contra esta coyuntura se ha manifestado Vox en un escrito que presentó ante el Supremo el pasado viernes, según ha revelado hoy el coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, en los micrófonos de COPE. El dirigente ha defendido que su formación, impulsora de la suspensión cautelar del voto a los nacionalizados por la ley de nietos, ha advertido «hasta en tres ocasiones» al Alto Tribunal de que los hijos de quienes tienen paralizado el derecho a voto sí podrían, por contra, participar en las urnas, pues la suspensión ahora dictada no les alcanza. Buxadé confía en que el Supremo se pronuncie «a lo largo de estos días».
El Alto Tribunal suspendió en septiembre, y ratificó tras el adelanto electoral, la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de aquellas personas que hayan obtenido la nacionalidad española sin acreditar la condición de ser hijos o nietos de exiliados. La denominada ley de nietos, que en realidad es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, recoge la concesión de pasaporte español a descendientes de exiliados -quienes así lo acrediten podrán votar el 29-N-. Sin embargo, una Instrucción del Ministerio de Justicia estableció la presunción de que todos los que hubieran abandonado España entre entre 1936 y 1955 tenían la condición de exiliados, de forma que no era necesario demostrarlo. Estas son las personas que, salvo que puedan acreditar el exilio de sus ascendientes, no tienen derecho a participar en las urnas el próximo 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo, a juicio de Buxadé, «ha centrado toda su atención en esa falsa presunción de exilio». Pero hay otro cauce de concesión de la nacionalidad que ahora Vox pone en entredicho. La Ley recoge que se dará pasaporte español a «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad» por ser descendientes de exiliados. Sin embargo, esto abre la puerta a que mantengan pasaporte español y voten quienes son hijos de personas nacionalizadas que tienen suspendida su inscripción en el censo -porque no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados-.
Contra esto se ha pronunciado Vox en los tribunales. «Como a mí me han convertido de forma fraudulenta en español, es evidente que mis hijos o nietos cuya nacionalidad solo trae causa de la mía, es nula», ha defendido Buxadé, que ha expuesto que aunque Vox advirtió el viernes expresamente de esta coyuntura, su primer escrito ya pedía «la suspensión de todos los nacionalizados con fraude».
La solicitud que el partido presentó hace unos días, a la que ha tenido acceso este diario, pide al Supremo que «extienda las medidas cautelares vigentes [la suspensión de la inscripción en el censo] a los electores inscritos en el CERA que hayan adquirido la nacionalidad al amparo de la disposición adicional octava, apartado 1.b», que es el que concede el pasaporte a hijos de nacionalizados. Vox solo pide que se extiendan las cautelares cuando el ascendiente no haya certificado su condición de hijo o nieto de exiliado. El partido insta al Tribunal Supremo a tramitar «con carácter urgente» esta solicitud.
El otro partido que ha recurrido la ley de nietos al Supremo, Iustitia Europa, ha reaccionado también a la noticia de EL MUNDO: «El censo electoral es un auténtico carajal. El Gobierno ni siquiera sabe identificar a los afectados por las cautelares del Supremo. ¿Cómo vamos a saber entonces quiénes son sus hijos, que también podrán votar el 29-N?».
Este partido ha tuiteado que lleva «meses exigiendo la trazabilidad completa de las nacionalizaciones y su incorporación al censo electoral», y ha sacado pecho de que la batalla legal de la ley de nietos comenzó con su denuncia ante la Junta Electoral Central en junio «y continuó con los recursos ante el Tribunal Supremo».
«Vox pide ahora ampliar las cautelares a los hijos, pero, ¿cómo se aplicaría esa medida si el Gobierno todavía no ha identificado a los padres afectados? Sin resolver la trazabilidad que Iustitia lleva meses reclamando, el problema seguirá ahí», lamenta esta formación, en franca discrepancia con la que preside Santiago Abascal.
«Esta batalla necesita unidad, no actuaciones que no resuelven el problema de fondo. Es momento de sumar esfuerzos», retan. «Nos estamos jugando mucho», apostillan.
España // elmundo
Buxadé indica que su partido entregó una carta el viernes advirtiendo sobre el vacío en la «ley de los nietos»; actualmente, los hijos de los votantes suspendidos pueden participar en las elecciones.
