Dicha acusación debe ser promovida por un cuarto de los diputados del Congreso y aprobada por la mayoría absoluta para tramitarse Leer
Audio generado con IA. Es frecuente que Vox denuncie judicialmente a miembros del Gobierno por su papel en distintas crisis. Lo hizo, por ejemplo, cuando pidió investigar a Pedro Sánchez por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro en la gestión de la dana, o también por el primero de estos delitos ante los incendios del verano pasado. Pero el partido de Santiago Abascal nunca había solicitado investigar al presidente y su gabinete por «posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado». Es esto lo que quiere Vox que suceda ahora, «por los gravísimos hechos relacionados con la reciente invasión de Ceuta».. Sin embargo, el artículo 102 de la Constitución establece que una acusación al jefe del Ejecutivo o sus ministros por tales delitos «sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso». Esto significa que es necesario que 88 diputados de la Cámara Baja propongan poner en marcha esa investigación. Vox, sin embargo, solo cuenta con 32 escaños en la Cámara Baja, por lo que el partido ha querido este sábado transmitir que sus diputados están «a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional».. La formación de derecha dura ha hecho así un «llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento previsto por la Constitución». Los requisitos que establece la Carta Magna para iniciar esa investigación no se limitan a que una cuarta parte de los diputados tengan que proponerla -la suma de Vox con el PP podría servir-, sino que además exige que luego la iniciativa sea aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. Esto, ya, no está en manos solo de los partidos de Abascal y Alberto Núñez Feijóo -que, en todo caso, nunca ha planteado poner en marcha esta clase de investigación-.. La tramitación parlamentaria de la petición de investigar a un presidente o ministro por delitos de traición o contra la seguridad del Estado tiene también su propio procedimiento. Si la propuesta la firmasen los 88 diputados requeridos, debe convocarse una sesión secreta del Pleno del Congreso para debatirla, en la que podrá intervenir el afectado. La votación final sería secreta y, si fuera aprobada, se comunicaría al Tribunal Supremo, órgano competente de iniciar una investigación por responsabilidad criminal si el acusado es el presidente o un ministro. Si la iniciativa es rechazada, no podrán iniciarse actuaciones contra los miembros del Gobierno por los delitos mencionados, según queda recogido en el portal del Congreso que explica los artículos constitucionales.. «Hay indicios y evidencias más que suficientes», ha escrito Abascal este sábado en sus redes sociales cuando, al filo de las ocho de la tarde, ha anunciado la nueva acción que pone en marcha su partido. Supone esta, en todo caso, elevar más que nunca el grado en que la formación atribuye responsabilidades a Sánchez o cualquier ministro. De ello da buena cuenta cómo sus dirigentes más destacados se han hecho eco rápidamente del anuncio que Vox había reservado para este sábado. «El Congreso debe llevar a Sánchez al Tribunal Supremo por traición y contra la seguridad del Estado. Por muy inédito que sea», ha escrito su vicesecretario de Acción Política, Ignacio Hoces.. El paso dado por Vox responde, según ha expuesto el partido en un comunicado, a que considera que «existen hechos que deben ser esclarecidos por la jurisdicción penal» ante lo sucedido el pasado 30 de julio, cuando una marea de 72.000 personas entró irregularmente a Ceuta a través de la frontera con Marruecos. «Por la excepcional gravedad de los acontecimientos», Vox considera que «corresponde utilizar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento constitucional para depurar, en su caso, las responsabilidades políticas y penales que pudieran derivarse de los mismos».. En paralelo a esta reclamación «inédita», Vox también ha solicitado la «inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones» que mantuvo el Gobierno español con las autoridades marroquíes «antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta». Acontecimientos que Vox define como «un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional».
España // elmundo
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