EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es. Seguir leyendo
Las personas abusadas que han acudido al plan nacional eclesiástico o a las órdenes, lamentan no tener acceso a sus expedientes
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EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es. ───────────. J. R. G. es una de las últimas víctimas que se ha puesto en contacto con este periódico para lamentar “la falta de transparencia, de información, el oscurantismo y la lentitud” de los procesos de reparación llevados a cabo por la Iglesia con su plan PRIVA (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos Sexuales). Lo ha hecho justo en la semana en la que Luis Argüello, en el discurso de la Asamblea plenaria de los obispos, destacó “el gran trabajo” del PRIVA y “la escucha y acogida” de las víctimas por parte de las diferentes instituciones religiosas.. J. R. G. ha solicitado a la comisión asesora del PRIVA acceder a su expediente y esta, según los correos a los que ha tenido acceso este periódico, se lo ha denegado diciéndole que no pueden ofrecerle nada si la institución eclesial no les da permiso. Le aconsejan que lo solicite al arzobispado castrense. “Soy víctima y denunciante y parte directa del proceso y quiero ver el informe de mi expediente, la documentación remitida por el arzobispado y las diligencias del instructor. Lo solicité en aras de la transparencia, tengo derecho legal y moral para hacer un seguimiento de las actuaciones”, explica por teléfono.. El hombre, que hoy tiene 70 años, denunció en julio de 2024 que sufrió agresiones sexuales continuadas por parte de un capellán castrense entre 1969 y 1971, cuando tenía entre 13 y 15 años. Debido a esos abusos sufre, según un informe psiquiátrico al que ha tenido acceso EL PAÍS, un “trastorno de estrés postraumático con expresión retardada” por el que se le recomendó “tratamiento ansiolítico, antidepresivo y terapia psicológica”. Casi dos años después de haber empezado el proceso, el expediente sigue en fase de “estudio y análisis”, según los correos a los que también ha accedido este diario.. J. R. G. cuenta que en julio de 2024 escribió a la Conferencia Episcopal Española (CCE) y relató los abusos sufridos, preguntando por el PRIVA y pidiendo ayuda sobre cómo proceder. Le contesta, según los correos consultados por EL PAÍS, el director de la oficina de protección de menores del arzobispado castrense y le pide que le remita el escrito con los hechos para poder entregárselo al arzobispado. Desde entonces, esa persona pasa a ser su enlace. “Por aquel entonces tenía los recuerdos borrosos, solo recordaba el nombre de mi abusador. Fui recopilando información poco a poco y entregué todo a ese representante que ejerce de instructor”, cuenta. A finales de mayo de 2025 fue citado en Madrid por el arzobispo castrense Juan Antonio Aznárez, quien le recibió después de volver a relatar los abusos ante el instructor y un secretario. Desconoce qué valoración hicieron y qué escribieron en su informe. “Nunca llegué a ver ese escrito ni se me entregó copia ninguna”, asegura.. El 2 de julio de 2025 tramitó oficialmente la denuncia ante la comisión del PRIVA. Le confirmaron el registro y le informaron de que se pondrían en contacto con él “a la mayor brevedad posible”. Pasaron nueve meses sin noticias, hasta que el 7 de marzo, la víctima escribió a la comisión para saber en qué fase se encontraba su expediente y si existía una previsión aproximada de resolución. Le contestaron el día 10 diciéndole que estaban realizando “el seguimiento correspondiente” y que “en breve” le informarían sobre la fase de su expediente. Pasado un mes, y al ver que seguía sin noticias, J. R. G. escribió de nuevo (el 12 de abril) para preguntar si su expediente existía y estaba completo. Le contestaron al día siguiente confirmándoselo y diciéndole que se había iniciado “el proceso de estudio y análisis detallado de la documentación aportada” y que “una vez finalizada esa fase, en un plazo máximo de tres meses” la comisión “emitirá una propuesta o dictamen de reparación”.. Ese mismo día la víctima solicita una copia del expediente. “No sé qué instrucción se hizo y tampoco sé qué informe redactó el secretario del arzobispado. Me parece, y así se lo hice saber a la comisión, que esa falta de transparencia es especialmente grave, así como la revictimización que siento y la opacidad con la que trabajan”. La comisión le envió únicamente un listado de la documentación aportada por si quería hacer alegaciones.. Preguntada por este periódico, la responsable de comunicación de la comisión del PRIVA contesta: “Sabemos que muchas víctimas lo reclaman, pero el protocolo de trabajo de la comisión lo impide. Lo que se les da es una breve explicación sobre el dictamen de reparación, pero no se entrega todo el expediente porque sería entrar en una valoración técnica de la que ellos no forman parte”. Todo en aras, según esta portavoz, de “no revictimizar ni dilatar el proceso”. La comisión, según informa la responsable de comunicación, ha recibido 156 solicitudes de reparación y se han emitido 94 dictámenes de reparación integral.. J. R. G. no es la primera persona que explica a este periódico que, pese a ser la víctima, no tiene acceso a su expediente. Juan (nombre ficticio) que denunció ante la orden de los agustinos haber sufrido abusos sexuales por parte del padre Ángel Escapa, ya contó a este periódico la falta de información y transparencia. “Pedimos una y otra vez ver el informe de la instrucción y el informe final con las conclusiones y se nos denegó. Nos decían que en el proceso canónico éramos únicamente testigos y no nos correspondía acceder a esa información. Como la denuncia ante el dicasterio de la doctrina de la fe era de la orden religiosa sobre un cura de su orden, pues no se nos consideraba denunciantes… pese a haber sufrido nosotros los abusos”, relata.. Pese a ello, Luis Argüello, presidente de la CEE, insiste en las que considera bondades del PRIVA y en la atención ofrecida por las distintas órdenes. Lo volvió a decir el lunes en el discurso inaugural de la asamblea plenaria, cuando arremetió contra el Gobierno por “intervenir” la vida civil. “Desde hace dos años está vigente el PRIVA con una Comisión asesora que realiza un gran trabajo. Nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora. El ministro de Justicia [Féliz Bolaños] ha llegado a decir: ‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’. La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.. En el acuerdo que se firmó entre Estado e Iglesia para la reparación de las víctimas se decidió incluir también las peticiones de aquellos afectados que hayan recibido anteriormente algún tipo de compensación por parte de la Iglesia, bien a través del PRIVA, bien a través de un procedimiento interno. Ha sido uno de los obstáculos de las negociaciones; la CEE no veía con buenos ojos incluirlo.. Antes de que se pusiera en marcha el PRIVA, las víctimas que acudían a las instituciones religiosas se encontraban con los mismos problemas. Una de esas víctimas, Manuel M., que sufrió abusos cuando era menor, acudió en 2022 al plan Repara. Es un proyecto de la Archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y terminó abandonando a las pocas sesiones. “Me atendieron dos personas diferentes, el trato fue cordial, pero yo no me terminaba de fiar, no tenía la sensación de que se llegara a algún sitio. No hubo ni una palabra sobre procesos de investigación o sobre el acusado; no percibí el menor interés en eso. Solo se me ofreció tener charlas más profundas para ayudarme a sanar las heridas. Tuve una sensación de frialdad e indiferencia”.. Otra víctima, P., en este caso de los salesianos, apunta: “Se desarrolló una investigación interna y en el proceso canónico no llegué a participar en ningún momento. Se pusieron en contacto con la psicóloga que me trataba y le pidieron un informe. Pedí la documentación del proceso, pero me indicaron que no era posible. Nunca supe qué declaró mi abusador. Las medidas impuestas me parecieron más que laxas y nunca me ofrecieron una compensación económica a pesar de haber declarado culpable a mi agresor”.
